Demócratas cuestiona contratos por trato directo en Pudahuel

Integrantes de Demócratas dieron a conocer este martes antecedentes de una auditoria de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Pudahuel en pagos para la mantención de jardines.

En un punto de prensa durante la mañana en las afueras de la sede de Contraloría, en la calle Teatinos de Santiago, los personeros detallaron hallazgos detectados por la entidad fiscalizadora en el municipio por la aplicación de la modalidad de trato directo en contratos de áreas verdes de la comuna que visó el alcalde Ítalo Bravo.

La fiscalización nace por parte del concejal y candidato a alcalde Patricio Cisternas que solicitó a Contraloría juntamente con la senadora Ximena Rincón investigar el proceso licitatorio y la ejecución del contrato, interponiendo la respectiva denuncia.

“Hace un tiempo, vecinos y vecinas de Pudahuel, ingresamos una denuncia por los tratos directos en la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Pudahuel, donde la auditoría de la Contraloría revela graves irregularidades en el Municipio de Pudahuel una vez más. Por ejemplo, en donde se hace una orden de compra por el valor de 1.115 millones y era de 300 millones. Por ejemplo, el tema de siete tratos directos del sector sur, donde se toma la decisión de hacer esos tratos directos, pero el alcalde no fue capaz de fundamentar, argumentar por qué se hacen esos tratos directos y ahí la Contraria va a hacer un sumario destinado a dar con responsabilidades administrativas”, afirmó Cisternas.

Según indican, el contrato asignado a las empresas cuenta con multas que no han sido cobradas por la municipalidad hasta julio de 2024 por $32.917.533. La Contraloría, aseguran, otorgó al municipio un plazo de 30 días hábiles para que de cuenta de haber cobrado lo adeudado.

Según acusan, primero se realiza un proceso licitatorio por $10.432.628.479.- para el sector norte de la comuna y posteriormente se adjudica el contrato de mantención de áreas verdes por la suma de $4.279.632.337, amparado en la fórmula de trato directo, pero sin sustentar el por qué se califica bajo trato directo y el por qué se trata de una urgencia.

En esa línea, acusan que existirían vulneraciones legales y otras administrativas que se traducen en la falta de rigurosidad y mal empleo de la Ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación servicios.