Denuncian grabaciones ocultas al interior de la Dirección de Justicia de Carabineros

Al menos hace dos meses que el clima al interior de la Dirección de Justicia de Carabineros no es bueno. Así lo aseguran distintas fuentes de la institución, quienes afirman que esto se debe a una situación que califican de grave: presuntas grabaciones de voz de conversaciones entre un abogado y un oficial de esta unidad.

La Dirección de Justicia está a cargo de tramitar todo los temas jurídicos de la institución: iniciar acciones legales, defender a carabineros procesados y gestionar todos los asuntos legales de Carabineros.  Su jefe es el coronel Jaime Elgueta, quien por el cargo que ostenta integra la Corte Marcial. Bajo su mando hay una serie de oficiales y abogados civiles, quienes protagonizan una pugna interna que tensionó el ambiente.

Fue el 8 de julio que el mayor de Justicia, Carlos Alarcón Herrera, remitió un oficio a uno de los abogados de la institución, Yordan Tavra Morales. El oficial le expone que "ha tomado conocimiento de ciertas situaciones irregulares, consideradas de gravedad, que dicen relación con grabaciones efectuadas en conversaciones formales con el jefe de Departamento J2.,cuya cuenta verbal fue informada al suscrito por el abogado Marco Aguilar, en presencia del abogado David Hinostroza, ambos de esta dotación, usted, procederá a informar amplia y detalladamente las razones pro las cuales habría, presumiblemente, incurrido en tal situación".

Las supuestas grabaciones a las que se refiere Alarcón, según explican fuentes del caso, habrían sido realizadas por Tavra al jefe de la Defensoría Jurídica, el teniente coronel Alfredo Mondaca, utilizando la grabadora de su celular. Las mismas fuentes explican que el abogado se habría jactado de esta situación ante otros compañeros.

Esta situación generó la elaboración de una serie de memos y oficios que circularon en la unidad. El 5 de julio, el mayor Alarcón le envió un escrito a Mondaca para darle cuenta de la grabación. En otro documento, el mismo mayor señaló que el abogado denunciado había descartado haber grabado a su superior y que los hechos eran falsos.

Posteriormente, el 10 de julio, el comandante Mondaca envió un oficio a la jefatura de la Dirección de Justicia, es decir, al coronel Elgueta. "Se informa a US. que mediante el oficio de referencia, el mayor (J) Carlos Alarcón Herrera, jefe de la Sección Penal y Local, de esta dependencia, informa determinados hechos que involucran al abogado Yordan Tavra Morales, de la Sección Penal, que se relacionan, presumiblemente, con grabaciones efectuadas al teniente coronel (J) infrascrito al momento de sostener con éste conversaciones del ámbito profesional y laboral en la oficial del Departamento J.2.", detalló Mondaca.

Además, en este mismo oficio, el comandante señaló que "se ha estimado pertinente derivar los antecedentes a esta jefatura, para que con el propósito de esclarecer esta situación, por considerarse de gravedad de ser ciertos, a fin se sirva tener a bien, recabar de la Fiscalía Administrativa de la Zona Metropolitana, efectuar una investigación sobre el particular". Sin embargo, Elgueta no derivó los antecedentes esta repartición, y menos al Ministerio Público.

Desde Carabineros señalaron que "el Jefe del Departamento J.2., consultado sobre el particular, corroboró que, en caso de haberse efectuado la grabación, él no tuvo conocimiento que estaba siendo grabado, pero que se llevó a cabo en su oficina, a la que tiene libre acceso al personal de su dependencia".

Sobre una eventual denuncia penal sobre esta situación, explicaron que "el Jefe de la Dirección de Justicia (el coronel Elgueta), analizados los antecedentes, pudo verificar que los hechos no revestían carácter de delito, porque no se satisfacían los requisitos del tipo penal del artículo 161–A del Código Penal. Ello, ya que si bien no había conocimiento de la eventual grabación por parte del Jefe del Departamento J.2., no se trata de un lugar privado o con restricción de acceso, y la materia de objeto de la conversación no era de carácter privado, sino que propia del servicio público".

Agregaron que "no se reunían los requisitos del tipo penal para generar la convicción que se hubiere cometido un delito que debía ser denunciado".

En esa misma línea, relataron que en el ámbito administrativo aún hay pendientes indagaciones preeliminares para que se pueda abrir -o no, advierten- una investigación en la Fiscalía Administrativa respectiva.

Aunque la denuncia del mayor Alarcón fue en julio, desde la institución explican que la indagatoria interna aún no se ha dispuesto, "por situaciones de licencias médicas de determinado personal, cuya versión se hace necesario conocer para adoptar una decisión en el sentido señalado".