Dorothy tiene defensa del CDE: procurador fiscal de Santiago asume “voz” de la contralora en recurso contra dictamen por “confianza legítima”

La materia que se discute en el marco del recurso de protección de la fundación Fuerza Ciudadana en contra de la Contraloría -por el dictamen que emitieron con miras a abstenerse ante casos de funcionarios públicos que aleguen vulneración al principio de confianza legítima- es considerado urgente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por lo mismo, como se lee en la resolución del martes 11 de febrero del presidente del tribunal de alzada capitalino, Omar Astudillo, la vista de la causa se agregó de manera extraordinaria a la tabla de este jueves 13 de la Séptima Sala de la entidad.

“Agréguese extraordinariamente, y en lugar preferente a la tabla de la Séptima Sala, sorteada para el día jueves 13 de febrero de dos mil veinticinco”, se lee en el documento.

Y si bien hasta hace algunos días no era claro quién asumiría la representación de la contralora Dorothy Pérez en dicha instancia, pues el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había zanjado que el presidente Raúl Letelier no podría asumir los alegatos, el organismo ya determinó quién será el profesional que asumirá dicha defensa.

Se trata del abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía Peña, quien recientemente se anunció para alegar por un tiempo de 20 minutos.

“En mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder en estos autos para todos los efectos legales”, comunicó Chandía con fecha 10 de febrero.

En la vereda contraria, en tanto, estará el abogado y presidente de Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara -excandidato a constituyente por el Partido Republicano-, quien también concurrirá de manera presencial a la Corte.

Como se lee en su presentación, Palamara pidió 15 minutos para exponer sus argumentos contra el polémico dictamen de Contraloría.

En medio de la tramitación del citado recurso de protección, Dorothy Pérez ya manifestó la postura de la entidad. Como expresa, todo lo resuelto se enmarca en la normativa vigente.

Sostuvo, en ese sentido, que el cuestionado dictamen “fue emitido en estricto cumplimiento de lo ordenado en el citado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, que prohíbe a esta Entidad Contralora intervenir e informar en asuntos de naturaleza litigiosa o sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

“Por ello, y atendida la gran cantidad de causas judiciales existentes y en trámite en ese mismo momento, sobre el plazo de configuración de la confianza legítima de los funcionarios públicos a contrata, y considerando también la diferencia de criterios sostenidos tanto por esta Contraloría General como por los Tribunales de Justicia en dicho aspecto, es que se señaló que la determinación del plazo para configurarla devino en una materia litigiosa, como se desprende de las causas judiciales cuyos roles fueron invocados en dicho dictamen y de las demás en actual tramitación”, complementó.

Y sumó: “En consecuencia, se concluyó que, desde la fecha de emisión del referido dictamen -6 de noviembre de 2024-, esta Contraloría General debía abstenerse de conocer y pronunciarse sobre tales asuntos, exponiendo detalladamente en dicho pronunciamiento los fundamentos jurídicos que lo sustentaron”.

Palamara, por su parte, ha insistido en que “Contraloría no puede excusarse de ejercer sus facultades, porque eso incluso podría significar que se convierta en un órgano superfluo, quedando supeditada sus facultades al número de judicializaciones respecto a materias que le son propias, lo que sin lugar a duda no puede ocurrir”.

“Tener un órgano constitucional que su importancia u objetivos queden entregados a un hecho futuro e incierto como el número de judicializaciones de materias que el Constituyente y el legislador le han entregado”, agrega.