Durante 2024: 73% de migrantes expulsados son de Colombia y Venezuela

Poco más de 400 personas han sido expulsadas del país en lo que va del año. Eso, según un informe del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el que dio cuenta ante la Cámara de Diputados de las últimas cifras en materia migratoria y donde se detalla que la mayoría de las personas que son sacadas forzadamente del país provenían de Colombia.

El informe del Sermig, que fue entregado recientemente a la Comisión de Seguridad de la Cámara, corresponde al reporte trimestral que realiza dicho organismo al Poder Legislativo, tal cual lo establece la Ley de Presupuesto. En este documento, junto con exponer la cifra de las expulsiones, también se da cuenta de los ingresos irregulares y las solicitudes de refugio.

Según las cifras del organismo encabezado por Luis Thayer, desde enero hasta el 17 de mayo pasado, se materializaron 425 expulsiones en el país. De estas, 218 casos -que equivalen al 51%- corresponde a expulsiones de tipo administrativas, es decir, ordenadas por el servicio. Mientras que las otras 207 corresponde a órdenes del Poder Judicial. En 2023, de acuerdo a cifras de gobierno, se concretaron 946 expulsiones, 337 de ellas administrativas y 609 judiciales.

Luis Thayer, director de Migraciones, asegura que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas, debido a que el gobierno ha impulsado modificaciones legales para expulsiones, así como también se han incrementado los recursos para concretar los viajes. “Pero hay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes”, afirma.

Las cifras, que son elaboradas por el Departamento de Estudios del servicio, a partir de datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), dan cuenta que de todas las expulsiones materializadas durante lo que va del año, la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos. Y es que, de las más de 400 personas expulsadas del país, 161 corresponden a esa nacionalidad, lo que representa la mayoría, con un 38%. Más atrás están los ciudadanos venezolanos, con 150 casos durante lo que va del año y que corresponde al 35% del total. Ambas nacionalidades, suman el 73% de todos los expulsados del país.

Mucho más atrás, con el 8%, están las personas de Bolivia, las que suman 35 casos. Le siguen Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%.

Respecto a aquello, Thayer asegura que las expulsiones “no discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades”.

El presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Andrés Longton (RN), asegura que el predominio de las expulsiones de migrantes colombianos puede estar relacionado a varios factores, “incluyendo la gravedad de los delitos cometidos y la coordinación con los países de origen”. Lo anterior debido a las expulsiones judiciales y porque “hay buenas relaciones con ese país para llevar a los expulsados a su país de origen, pero es preocupante que la mayoría de las expulsiones pendientes son ciudadanos venezolanos”. Por lo mismo, plantea que se analiza la posibilidad de “expulsar a ciudadanos venezolanos haciendo escala en Colombia y luego cruzar por tierra, pero pareciera que el Ejecutivo no busca otras formas para hacer cumplir nuestra ley y mejorar la relación entre nacionales y extranjeros”.

Y es que, a juicio de Longton, la situación actual de las expulsiones es “preocupante y totalmente deficiente”, apuntando -a su juicio- a una “gestión ineficaz y una falta de voluntad política”. En ese sentido, el parlamentario asegura que es “incomprensible que siga vigente la resolución de abril de 2022 que prohíbe devolver a los extranjeros no bolivianos que ingresan por Bolivia, donde más de 85 mil personas han ocupado ese mecanismo para ingresar ilegalmente a Chile”.

El mismo documento del Servicio Nacional de Migraciones informa al Congreso sobre una disminución en las expulsiones a raíz de la modificación de la Ley 18.216 sobre las penas sustitutivas. “La nueva Ley de Migraciones establece que las personas extranjeras condenadas por la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico de drogas- no pueden acceder a las expulsiones judiciales”, sostiene el informe, el cual afirma que “esto ha significado una importante disminución en las expulsiones judiciales a ejecutar, fenómeno que es más notorio en los años 2023 y 2024″. Lo que se busca revertir con un proyecto del Ejecutivo el cual se encuentra en tramitación en el Congreso.

¿Existen otras medidas que se puedan aplicar? A juicio del presidente de la comisión que recibe los informes de Migraciones, se debe planificar anticipadamente los vuelos de expulsión, así como también tener mayor coordinación con el resto de los partidos. Además de eso, Longton asegura que se deben incrementar las fiscalizaciones al comercio informal y a las aplicaciones de reparto, con el fin de prevenir la informalidad laboral para los migrantes.

Para el director del Sermig “el gran desafío que tenemos es aumentar la capacidad de las policías de ubicar y detener a las personas que están con orden de expulsiones vigente. Estamos trabajando en una normativa para tener mayor control de las personas con decreto de expulsión para que estén obligadas a comparecer ante la autoridad administrativa y policial de manera habitual”.

El reporte trimestral del Servicio Nacional de Migraciones también da cuenta de otras estadísticas respecto a la situación migratoria en el país. Una de estas cifras es respecto al número de ingresos clandestinos al territorio nacional, el cual entre enero y abril de este año asciende a 11.705 ingresos por pasos no habilitados según las denuncias recibidas por la PDI.

Del total, la mayor parte de ellos ocurrió el mes de abril, cuando 4.272 personas fueron denunciadas por entrar al país a través de un paso no habilitado. De los casi 12 mil ingresos clandestinos, el 44,8% se produjo a través de la Región de Tarapacá, seguido de la Región de Arica y Parinacota con 10,2%. Más atrás se encuentra la Región Metropolitana con 6,8%, y Biobío con 6,6%. El Sermig explica que la estadística considera la zona en la cual se realizó la denuncia.

A pesar de la alta cifra reportada, el organismo encabezado por Thayer destaca que, en comparación al mismo periodo del año anterior, los ingresos clandestinos han disminuido 19,4%, ya que, a abril del 2023, la entrada a través de pasos no habilitados ascendían a 14.530 denuncias.

Por último, el Sermig informa sobre el número de las solicitudes de refugio, las cuales de enero a abril suman 1.188, de las cuales solo 68 personas fueron reconocidas como refugiados, el resto se rechazó o bien se archivó.