El 84,6% de los campamentos está expuesto a amenazas socionaturales
Un estudio de TECHO-Chile determinó, además, que el 70% de los planes reguladores en comunas con campamentos lleva más de 10 años sin revisarse, y que en un 26,2% tienen una antigüedad que supera los 30 años.
Un reciente informe de TECHO-Chile y la Fundación Encuentros del Sur expone una crítica realidad en torno a los planes reguladores comunales (PRC) de distintas zonas del país. El estudio revela que el 84,6% de los campamentos está ubicado en zonas de alto riesgo socionatural, enfrentando amenazas como inundaciones, tsunamis, remociones en masa e incendios forestales, lo que pone en evidencia la falta de planificación efectiva para proteger a las comunidades más vulnerables.
Este escenario se agrava en un contexto de crecimiento sostenido de los asentamientos informales en el país. Desde 2019, el número de campamentos ha aumentado en un 60,8%, alcanzando los 1.290, donde habitan aproximadamente 113.887 familias en condiciones de alta precariedad. Este incremento resalta la incapacidad del sistema de planificación territorial para abordar las urgentes demandas de urbanización y habitabilidad que surgen de esta crisis habitacional.
Y como si fuera poco, la falta de actualización de los PRC profundiza esta problemática. Y es que según el informe, el 70% de los planes en comunas con campamentos lleva más de 10 años sin revisarse, y un 26,2% supera los 30 años de antigüedad. Esta desactualización, dicen los entendidos, perpetúa la exposición de estas comunidades a riesgos no considerados en los PRC vigentes, que estiman que solo un 22% de los campamentos estaría zonas peligrosas.
En el caso de incendios forestales, la brecha es aún más evidente: mientras los PRC reconocen que habría solo un 0,2% de riesgo, datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) indican que el 65,3% de los campamentos está expuesto a esta amenaza.
Este desfase entre la información oficial y la que manejan los organismos especializados como Conaf, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), afirman las mismas fuentes, genera una brecha que podría evitarse con una actualización más ágil de los PRC. Esto, porque la falta de estos ajustes limita la identificación de riesgos en los asentamientos informales y complica la planificación de obras de mitigación necesarias para garantizar la seguridad de las familias.
El informe también hace hincapié en el déficit habitacional que afecta a más de 650.000 personas en Chile, lo que subraya aún más la urgencia de contar con planes reguladores actualizados. En este contexto, los PRC son fundamentales para identificar terrenos aptos para la construcción de viviendas sociales, un aspecto crítico en un país donde el acceso a la vivienda digna sigue siendo un desafío importante.
Es en este contextos, de hecho, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó un proyecto de ley para modernizar y agilizar la actualización de los PRC. Esta iniciativa busca reducir el tiempo promedio de 6,4 años que actualmente toma la elaboración de estos planes a un máximo de tres años. Además, el proyecto plantea que los PRC sean aprobados exclusivamente por los municipios y las seremis de Vivienda, eliminando la necesidad de pasar por la Contraloría General de la República. Sin embargo, la reforma también plantea preocupaciones sobre la calidad del proceso y la transparencia en la gestión de estos planes a nivel local.
Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile, señala que “la desactualización de los planes reguladores perpetúa la exclusión social y territorial de las comunidades que habitan en campamentos”. Según Moncada, la falta de actualización no solo afecta a los campamentos, sino que también pone en peligro la vida de miles de familias, lo que genera tragedias evitables como los incendios e inundaciones que destruyen los proyectos de vida de los afectados.
El análisis también subraya que los municipios no siempre cuentan con la capacidad técnica y administrativa necesaria para llevar a cabo la actualización de los PRC. Muchos de ellos enfrentan desafíos presupuestarios y burocráticos que complican la elaboración de estos planes. Esta situación es aún más grave en las regiones donde los campamentos han aumentado significativamente, pero los PRC no se han actualizado para reflejar estos cambios.
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