El grave incidente entre alumnos que tiene conmocionada a la Escuela Miguel de Cervantes de Santiago

La Escuela Miguel de Cervantes, cuyo sostenedor es la Municipalidad de Santiago, vive semanas convulsas por un suceso grave, con versiones encontradas y con menores de quinto básico involucrados.

Los hechos dicen que a mediados de octubre un alumno terminó gravemente herido en una estructura metálica tras un confuso incidente con dos compañeros del establecimiento. Ahí mismo es donde comienzan a chocar las versiones: mientras en el entorno del afectado dicen que esto fue a propósito, el informe preliminar del propio establecimiento educacional dice que no hubo intencionalidad. Como antecedente, además, se tiene que los involucrados son parte del Programa de Integración Escolar (PIE), estrategia inclusiva del sistema que busca la inclusión de todos los estudiantes, especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales.

Del incidente, además, se sabe que el municipio se enteró una vez que la madre del menor buscó visibilizar el caso. Y que los informes de la escuela dicen que los niños estaban jugando y que en ese contexto uno de los menores cargó al afectado contra la estructura. Las heridas han provocado que el menor haya tenido que ser intervenido quirúrgicamente en más de una oportunidad y por ahora se le ha prestado apoyo para terminar el año escolar desde su casa.

Como sea, lo cierto es que a estas alturas de los hechos y debido a la gravedad de los mismos ya se han involucrado la Defensoría de la Niñez, Fiscalía y Superintendencia de Educación, además del propio liceo y el municipio santiaguino.

Este último, de hecho, dice que los miembros de la comunidad educativa de la escuela “están conmocionados a raíz de hechos ocurridos en que uno de nuestros estudiantes sufrió graves lesiones”. Y que a través de las unidades municipales y del equipo psicosocial, se ha estado brindando apoyo al estudiante afectado y a su familia “para abordar las consecuencias físicas, emocionales y sociales del proceso de recuperación”.

Asimismo, señalan que con el fin de esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades en el incidente está en curso un sumario administrativo. Para esto fue designado un fiscal externo. En paralelo y tras lo sucedido, la dirección de la escuela aplicó los protocolos correspondientes y, entre otras medidas, ambos estudiantes involucrados fueron derivados a la Oficina de la Niñez de Santiago para recibir acompañamiento especializado. “Según los antecedentes recopilados, situaciones anteriores de eventual acoso escolar, mencionadas por la apoderada del estudiante afectado, fueron gestionadas en su momento por el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE) y la jefatura de curso. Los informes disponibles indican que estos episodios no estarían vinculados al incidente en cuestión y que no habría intencionalidad en los hechos que causaron las lesiones”, se extienden desde Santiago, donde añaden que rechazan los discursos de odio y las amenazas que ha recibido la comunidad escolar desde conocidos los hechos. De hecho, hasta Carabineros ha tenido que hacerse presente.

Además, revelan que fueron ellos mismos quienes se autodenunciaron ante la Superintendencia de Educación.

Justamente, en esa institución aseveran que ello ocurrió el 23 de octubre. “Recibimos una denuncia por una lamentable situación que afectó a un estudiante de quinto básico, con diagnóstico de autismo, quien resultó con graves lesiones producto de un incidente ocurrido al interior del establecimiento”, dicen, sumando que dado el tenor de los hechos, “catalogamos la denuncia como de alta complejidad y fue derivada directamente a fiscalización, para indagar lo ocurrido y determinar si la actuación del establecimiento se ajustó o no a lo que indica la normativa educacional”.

Esta fiscalización, suman desde la superintendencia, ya se realizó y, en concreto, se revisó si el establecimiento activó sus protocolos. También se fiscalizó si contaba con las condiciones de seguridad en su infraestructura y equipamiento, así como personal suficiente para supervisar a los estudiantes mientras estaban en el patio. “En dicha fiscalización se detectaron hechos que pueden constituir infracciones a la normativa educacional, por lo cual se instruyó un Proceso Administrativo Sancionatorio”. Dicho proceso podría derivar en amonestaciones, multas u otras sanciones que contempla la ley, aun cuando desde la vereda del recinto se ha dicho que no corresponde una expulsión ni la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), toda vez que los menores son parte del PIE. Y que por eso el caso es en extremo complejo.

Desde la Defensoría de la Niñez, en tanto, tildan el hecho como un “gravísimo caso de violencia escolar”, y explican que profesionales de su Unidad de Protección de Derechos ya están en contacto con la familia del niño afectado. “Aun cuando la denuncia penal ya está hecha y los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Educación, como Defensoría de la Niñez pediremos todos los antecedentes al establecimiento educacional para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan”, señalan.

Y es que, en efecto, además de las investigaciones sumarias e internas, hay otra arista penal en curso tras la formalización de dicha denuncia.