“El mariachi”: 12 años de cárcel para sargento del Ejército que vendía armas a narcotraficantes
Se le condenó en calidad de autor de los delitos consumados de tráfico de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Había sido detenido hace cinco años en Lo Espejo en una transacción en la que fue sorprendido con un fusil AK-47 que transportaba en una funda de guitarra.
El 25 de junio de 2018, el entonces suboficial del Ejército Víctor Gabriel Roa Alburquenque fue detenido por la Policía de Investigaciones en un operativo de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) en la población Santa Adriana, en Lo Espejo, en el que se halló armamento de grueso calibre, municiones y granadas de mano.
A cinco años de esa detención, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al otrora sargento segundo de la institución militar a la pena única de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Se le impuso ese castigo al ser considerado culpable de los delitos consumados de tráfico de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego, en calidad de autor. El exuniformado sustrajo las armas desde los almacenes o polvorines del Ejército en Batuco para venderlas a un narcotraficante.
En un fallo unánime dado a conocer este miércoles, el tribunal –integrado por las magistradas Andrea González Araya (presidenta), Paula de la Barra van Treek (redactora) y Mariela Hernández Beiza– condenó, además, a Jonathan Joan Olave Ahumada a la pena única de 13 años de presidio, más accesorias legales, en calidad de autor de los delitos consumados de tráfico ilícito de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Olave Ahumada deberá purgar 541 días de reclusión, más el pago de una multa de 40 UTM y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo a la indagatoria de a Fiscalía Regional Metropolitana se detectó que Roa abastecía a Olave Ahumada de diverso armamento. El 25 de junio de 2018, en horas de la tarde, funcionarios de la PDI lo vieron salir desde un domicilio de San Miguel, a bordo de su vehículo particular, para dirigirse hasta un inmueble de la comuna de Maipú. Desde ese lugar salió llevando consigo una funda de guitarra que guardó en su automóvil para luego dirigirse a Lo Espejo y tomar contacto con Olave. Como en la película El Mariachi, no transportaban instrumentos en esa funda sino que armas.
Cuando estaban a bordo del vehículo, en un pasaje de Lo Espejo, Roa y Olave fueron controlados por funcionarios de la Policía de Investigaciones. En los asientos posteriores del automóvil se encontraron dos cajas de madera contenedoras de un total de 1000 cartuchos calibre punto 38. Al interior de la funda de guitarra, en tanto, había un fusil semi automático marca Interarms, modelo AK-47, calibre 7,62 por 39 milímetros, además de 161 cartuchos del mismo calibre y un supresor de sonido compatible con el cañón del fusil.
En los inmuebles de San Miguel y Maipú que usaba el exuniformado se encontraron otras armas como una carabina Winchester, una pistola Smith&Wesson calibre 9 mm, otra Bersa calibre 380 mm y una tercera Famae 6,35 mm. En el domicilio de Olave, en tanto, los detectives encontraron seis granadas de mano y droga.
Se decretó el comiso de las armas, cargadores, proyectiles, cartuchos, vainillas, supresor de sonido (silenciador), cajas de granadas y droga incautadas para su ulterior destrucción.
La decisión del TOP fue acordada con la prevención de la magistrada De la Barra van Treek, que estuvo por imponer al acusado al exuniformado la pena única de 15 años de presidio, por estimar que en su caso no concurren atenuantes de ninguna especie, y que, por el contrario le perjudicaría una agravante, particularmente gravitante y relacionada al rol específico que cumplía en el Ejército.
“Sumado a la confianza que en él depositaba su jefatura, le permitió sustraer grandes cantidades de municiones, las que entregó para su venta al acusado Olave Ahumada, no pudiendo sino representarse, como miembro del Ejército y con una formación particular en materia de armas y explosivos, el peligro que la entrega de este tipo de material tenía para la vida de las personas”, advirtió la magistrada.
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