Juez Elgueta acusa faltas al debido proceso y critica duramente a fiscal Arias

El sumario de la ministra instructora de la Corte Suprema Rosa María Maggi avanza día a día. La jueza busca determinar las responsabilidades de los suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, en supuestas irregularidades en la tramitación de las causas en la zona.

El proceso, el cual se inició el 30 de noviembre de 2018, consta de distintas etapas. Una de ellas es realizar descargos, instancia que el ministro Elgueta llevó a cabo el 4 de abril ante Maggi, a través de un escrito ingresado por su abogado, Boris Paredes.

La Tercera accedió al documento de 12 páginas en que se responde a los cargos formulados por Maggi, en el cual critica el proceso y al Ministerio Público, especialmente al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien dirige la investigación que se lleva en la región contra el juez.

El primer punto que se abordó es la "caducidad del acto administrativo que ordena este procedimiento disciplinario". Elgueta acusó que la investigación de Maggi está fuera de plazo, pues la normativa permite que esté abierta por 30 días, y luego pedir una prórroga de un mes más.

Según el escrito, "carece de todo valor el acto por el cual se formuló los cargos contra mi representado, puesto que se hizo meses después de expirados los plazos que concedía el respectivo auto acordado. Seguir adelante con esta investigación no da garantías de un debido proceso". Por esta razón, el magistrado pidió que "se dejen sin efecto los cargos y se disponga el sobreseimiento de mi representado".

Los cargos que Maggi le formuló a Elgueta son: haber pedido la contratación de su excónyuge en la Fiscalía Regional de O'Higgins; haber exigido la designación de una alumna suya en un juzgado civil; haber gestionado que a otra alumna se le diera una suplencia en otro tribunal; haber intervenido en la tramitación y fallo del doctor Luis Arenas y haberse comunicado telefónicamente con los abogados de siete causas.

Antes de descartar cada una de estas situaciones, el abogado de Elgueta expuso una "cuestión previa" respecto del fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias. Allí, señaló que el persecutor en "varias ocasiones trató de inhabilitar a mi representado con el objeto de formar salas a su conveniencia o antojo, tratando de evitar en la conformación de las salas a ministros que no daban lugar a todos sus caprichos".

En ese sentido, en el texto se advierte que "está en grave riesgo la independencia del Poder Judicial", agregando que todo se fundamenta en una "campaña mediática de desprestigio" contra Elgueta.

En el sumario se acusó al ministro de querer que su excónyuge, Alejandra Rebolledo, fuera designada en la Fiscalía de O'Higgins. Esto fue negado por el juez, argumentando que la mujer postuló por recomendación de su hermana, Lorena Rebolledo, quien, según el escrito, "trabaja en la unidad de narcóticos y lavado de dinero en la Fiscalía Nacional, como abogado con don Jorge Abbott. Ella es amiga personal con el fiscal Emiliano Arias".

Sobre su alumna, dijo que solo la recomendó para el cargo en el tribunal civil, y respecto de la otra universitaria, asistente de un abogado, aseguró que intentó ayudarla porque estaba sin trabajo.

Respecto de su vínculo con el doctor Arenas, quien fue condenado por tráfico de sicotrópicos en 2016, descartó que exista una amistad. No obstante, señaló también que este cargo está prescrito, pues "la fecha de la supuesta falta es del 28 de enero de 2016 y la vista del recurso fue el 30 de noviembre de 2018".

En este punto, agregó que "es necesario aclarar que en la vista del referido recurso participó mi representado y el ministro Fernando Carreño y el abogado integrante Carlos Carmona. (...) Mi representado no es amigo del señor Luis Arenas, sino hermano de la logia. Tan cierto es lo indicado que le correspondió ejercer como fiscal de un proceso masónico en su contra en la Logia Jorge Washington".

En lo relativo a la supuesta intervención en siete causas a favor de imputados, Elgueta descartó alguna participación irregular: "No tuvo intervención de naturaleza alguna, lo que revela la falta de prolijidad".

El Ministerio Público, al igual que la ministra Rosa María Maggi, se encuentra realizando diligencias en este caso. En este sentido, ayer la Fiscalía Regional de O'Higgins, en compañía de efectivos de la Bridec de la PDI, allanó cuatro oficinas de abogados particulares en tres ciudades de la región.

En Rancagua, los policías ingresaron a las oficinas de las abogados Gabriel Henríquez y Pablo Latorre. Al primero se le vincula con Elgueta, por haber sostenido 59 llamadas con el juez mientras se tramitaban causas que se veían en el tribunal que integraba el magistrado.

También se allanó una oficina en Rengo, de propiedad del abogado Víctor Beltrán, quien también es sindicado en la investigación del Ministerio Público como cercano a Elgueta. El otro allanamiento ocurrió en San Fernando, en el despacho de propiedad del jurista Rodrigo Guerrero.

Estas no han sido las únicas diligencias en terreno. El miércoles se ingresó a la oficina del otro juez investigado, Marcelo Vásquez.

En tanto, ayer la Asociación de Fiscales manifestó su apoyo al persecutor del caso, Sergio Moya. El gremio señaló que "estaremos alerta ante cualquier presión que se pretenda ejercer en desmedro del avance de la causa investigada por el fiscal Moya y su equipo".