Encuesta revela que chilenos se dividen ante objeción de conciencia

Un apoyo del 61% a la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales es uno de los principales resultados que arrojó la encuesta realizada por la U. Andrés Bello en conjunto con Adimark, a mujeres y hombres de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Concepción.

El sondeo, aplicado a 1.212 personas, muestra que si bien la mayoría de los entrevistados está a favor de la normativa, existen discrepancias respecto de la objeción de conciencia de instituciones y equipos médicos del sector privado y público de salud.

Mientras un 35% de los encuestados opinó estar a favor de que las instituciones privadas tengan derecho a la objeción de conciencia, un 38% respondió estar en contra. Algo similar ocurrió respecto del derecho de objeción en el equipo de salud, donde un 34% lo respalda y un 37% lo rechaza.

En el punto de la muestra donde existe una diferencia más notoria es en que un equipo de salud de una institución pública tenga derecho a la objeción de conciencia: un 34% dijo aceptar esta posición, mientras que un 41% se mostró en contra.

La normativa cumple mañana 10 meses de vigencia, desde su publicación en el Diario Oficial el 23 de septiembre pasado, y a junio de este año contabilizaba 309 interrupciones de embarazo por alguna de las tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

A la encuesta se suma un análisis realizado por la Corporación Humanas, que evidencia el nivel de objeción de conciencia que existe en el sector público de salud: 47% para las tres causales, donde la más objetada es la de violación. Mientras que en el sector privado, el Minsal registra hasta el momento solo dos instituciones oficialmente declaradas objetoras: la Clínica Universidad de los Andes y Clínica Indisa. Sin embargo, la Pontificia Universidad Católica también ha declarado ser objetor institucional en toda su red de salud, pero esta aún no es oficializada por la autoridad en sus registros.

Para Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, "es esperable que respecto de la libertad de conciencia del equipo de salud e instituciones haya un porcentaje alto entre los que respaldan este derecho. Esto, porque la libertad de las personas tiene una alta valoración en la ciudadanía como producto de nuestra historia".

Respecto de quienes no respaldan esta prerrogativa, que son un porcentaje similar, a su juicio, "lo hacen principalmente porque creen que representa un riesgo el ejercicio del derecho de libertad de conciencia respecto del ejercicio del derecho de las personas que contempla la ley de aborto por tres causales".

No obstante, considera que "la objeción de conciencia personal e institucional no puede colisionar con la obligatoriedad que establece la ley y es el Estado el que debe garantizar la existencia de cobertura adecuada y accesible", indicó.

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, considera que la división de los encuestados ante la objeción institucional se explica por lo "anómalo de esa condición, ya que es una figura jurídica que no tiene precedente y no fue aprobada por el Congreso, sino que introducida por el Tribunal Constitucional (TC)".

Si bien el que clínicas se pudieran negar a realizar abortos fue parte de la discusión parlamentaria con gran resistencia, el proyecto que emanó del Congreso contempló solo la objeción individual de los médicos. Sin embargo, fue finalmente el TC el que determinó que las instituciones privadas también pudieran invocar ese derecho.

El expresidente del Colegio Médico Enrique Paris explica que este tema es un derecho no solo de los médicos, sino también de otros profesionales, como las matronas. "Los médicos tienen esa opción porque aquello que vaya en contra de sus creencias no puede ser impuesto por una ley ni por el Estado al cual ellos pertenecen", argumenta.

En la misma línea, considera que las instituciones también pueden hacerlo, pero con excepciones. "Las instituciones que reciben recursos del Estado no pueden ser objetores porque están reemplazando las labores del Estado en cuanto a la salud pública".

Dicha discusión se instaló cuando el actual gobierno modificó el protocolo de objeción de la administración anterior, permitiendo que clínicas que recibían recursos del Estado para prestaciones de salud de pacientes públicos pudieran hacer objeción institucional, lo que fue rechazado por la Contraloría. El gobierno tuvo que retroceder y reincorporar esa exigencia en el reglamento que elaboró en el último tiempo y que se encuentra en el ente contralor para toma de razón.

Uno de los puntos que llaman la atención de la encuesta es que entre las mujeres que apoyan la normativa, hay un 87% de ellas que pertenecen a un estrato social más alto. Para María José Valderas, matrona y encargada el programa de acompañamiento de la Asociación Chilena de Protección a la Familia, Aprofa, esto se pude deber a que "tienen un nivel cultural que les permite un mejor entendimiento de que la normativa estableció una prestación garantizada como derecho, al que pueden acceder todas por igual, independiente del lugar al que pertenecen", indicó.