Escala enfrentamiento entre la Suprema y convencionales por propuesta que busca limitar duración de jueces

Casi a las 14.00 de la tarde del martes a cada uno de los 155 convencionales les llegó un correo. El remitente era el secretario titular de la Corte Suprema, Jorge Saéz, quien le adjuntó a todos los constituyentes el acta del pleno del máximo tribunal del lunes 25 de enero. Ese día, los supremos acordaron dar un punto de prensa que quedó encargado a la ministra Ángela Vivanco, debido a que la vocera Gloria Ana Chevesich se encuentra de vacaciones. El mensaje que quisieron dar estuvo orientado a defender la independencia de los jueces y el principio de inamovilidad de los magistrados. Todo esto como reacción a una propuesta, aprobada en general, que busca reducir la duración de los jueces: entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores.

“Resulta necesario reparar que establecer períodos acotados de tiempo para su desempeño no solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática, como es el contar con jueces independientes y, por tanto, inamovibles hasta la edad de jubilación, en tanto mantengan buen comportamiento, de manera que no estén ni aun teóricamente sujetos a presiones de grupos de poder de cualquier orden, de quienes pudiera llegar a depender su futuro laboral o profesional”, leyó la magistrada. Ese mismo mensaje fue el que se envió vía electrónica a todos los constituyentes cuestión que no cayó nada bien entre ellos.

En la máxima judicatura estaban conscientes de lo celosos que son los convencionales respecto de su autonomía. Dado que el ánimo de los magistrados no es entrar en contradicción con ese principio, el mensaje quiso dejar explícito el objetivo del máximo tribunal al querer dar este mensaje: “Se hace esta declaración en la esperanza de que las reflexiones anteriores sean consideradas como una colaboración en la construcción del sistema de justicia que el país demanda”.

Al final de ese mismo documento los supremos dejaron explícito que querían que el mensaje le llegara a cada uno de los convencionales: “Diríjase la presente declaración a los miembros de la Comisión de Sistemas de Justicia, sin perjuicio de remitirse copia a los demás miembros de la Convención Constitucional. Se encomienda esta labor al señor Secretario”.

Que la encargada de transmitir este mensaje haya sido Vivanco no solo fue una casualidad. La magistrada, junto a otros tres ministros más, es parte de una comisión de apoyo que está monitoreando la discusión del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

Todo partió en la Tercera Sala de la Corte Suprema. Se terminaba el año 2021 y en esa instancia, que está dedicada a temas constitucionales, los cinco ministros que la componen -Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus- comenzaron a debatir sobre las ideas que ya a esa altura empezaban a surgir en la Convención Constitucional.

Más que un debate, comentan testigos de esa conversación, lo que surgió fue la inquietud de saber qué pensaba el máximo tribunal sobre algunas de las iniciativas que estaban presentándose en la Convención y que le darán forma a lo que será el futuro Poder Judicial. En ese tiempo ya se sabían algunas cosas básicas, como que la judicatura ya no llevará ese nombre, sino que lo más probable es que sea denominada como Sistemas de Justicia.

En ese momento, los magistrados supieron que el ritmo de la discusión constituyente ameritaba que la Suprema tuviera un rol en el asunto. La razón, dicen altas fuentes judiciales, apuntaba a que lo que estaba en juego era crucial para el futuro de los judiciales y eso necesitaba que los representantes del máximo tribunal pudieran seguirle el ritmo a la discusión de la Convención y no verse sorprendidos cuando los convencionales empezaran a adoptar acuerdos.

Fue el presidente de la sala, el ministro Muñoz, quien tomó la decisión de compartir esta inquietud ante el pleno de ministros. Días después, en la cita de todos los lunes, el supremo les planteó a sus pares la necesidad de que el máximo tribunal pudiera monitorear y seguirle el ritmo a la discusión constituyente. Si lo que estaba en juego es el futuro del Poder Judicial, los supremos no podían quedarse al margen de eso. Sobre todo, comentan las mismas fuentes, porque hay un principio que deben defender: la independencia. Todo eso siempre fue con un margen claro, la Convención es un órgano autónomo y la Suprema debe respetar eso.

En ese pleno, los ministros tomaron una decisión estratégica: formar una comisión de apoyo. Se optó por escoger a cuatro supremos para que la integraran. La misión, que fue por consenso, quedó encargada a los ministros Leopoldo Llanos, Arturo Prado, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

Los nombres no fueron al azar. Para nadie es un misterio la cercanía de Llanos con la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, por lo tanto, su presencia ayudaría para reflejar los acuerdos de esa instancia. Los otros tres, que corresponden a los cupos de abogados externos al Poder Judicial, se pensaron por la conexión que tienen fuera de la judicatura.

La primera tarea de esta comisión fue recoger los acuerdos que ha tomado la Suprema en aspectos cruciales para la judicatura. El marco de trabajo de estos ministros quedó claro desde el inicio. Su rol no sería tomar nuevas posturas, sino que simplemente recoger el trabajo histórico que ha tenido el máximo tribunal en materia de estructura y funciones del Poder Judicial.

Al sistematizar esa información, los supremos acogieron la invitación que la misma Convención les hizo cuando el expresidente de la Suprema Guillermo Silva fue a exponer a la comisión de Sistemas de Justicia. Esa vez los constituyentes transmitieron que siempre estarían disponibles para recibir insumos o propuestas.

Por eso la primera tarea de la comisión fue transformar los acuerdos de la Suprema en artículos que sirvieran para una futura Carta Magna. El primer borrador fue compartido en la Tercera Sala y luego de que fuera visado, fue enviado directamente a la Convención. Así nació el documento de cinco páginas titulado “Propuesta de normas constitucionales referentes al capítulo de la función jurisdiccional”. Son 14 artículos y una norma transitoria que quedó ingresado al órgano como uno de los tantos insumos con los que han trabajado con los convencionales.

La siguiente tarea de la comisión fue hacerles seguimiento a las iniciativas de normas que empezaron a ingresar los convencionales. Conocedores de esta labor dicen que la comisión ha ido preparando cuadros comparativos con las propuestas, anotando los aspectos que van en línea con los acuerdos de la Suprema y destacando aquellos en los que la máxima judicatura aún no se ha pronunciado.

Todo este trabajo ha sido expuesto ante el pleno. Así ocurrió el lunes de la semana pasada cuando los ministros Llanos y Matus presentaron ante todos sus colegas las iniciativas ingresadas a la comisión, los puntos conflictivos y los aspectos en los cuales hay que poner atención.

Fuentes judiciales aseguran que los integrantes de esta comisión de apoyo han activado sus redes para estar en contacto con los integrantes de la Convención. Ya hay varios puentes entre ambas instituciones.

Llanos tendría cercanía con el convencional socialista Tomás Laibe, quien, desde enero, forma parte de la mesa ampliada de la Convención en su nuevo rol de vicepresidente adjunto. Vivanco y Prado, en tanto, tienen buena llegada con el convencional de RN Ruggero Cozzi. Matus, por su parte, conoce al convencional del Colectivo Socialista Andrés Cruz, el exfiscal, quien, además, fue su alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Pese a que hay algunos puntos controversiales, los supremos consideran que, hasta ahora, gran parte de las ideas aprobadas en general por la comisión recogen los principios generales ya acordados por la Suprema, como por ejemplo, la separación de las funciones judiciales y administrativas. La gran pelea, creen, estará en los detalles de los artículos.

El comunicado de la Suprema fue duramente criticado por convencionales de la comisión encargada de estos temas. “Esta es una intromisión indebida y consideramos que es preocupante”, comentó la constituyente de Movimientos Sociales Manuela Royo.

“Lo que ha ocurrido es uno de los peores ataques a la autonomía que ha recibido la Convención Constitucional desde su instalación. La Corte Suprema se ha reunido como órgano del Estado, el poder constituido, y ha decidido manifestar una opinión concreta, crítica respecto de una iniciativa que está en pleno debate en una de las comisiones de la Convención”, agregó por su parte el convencional de Independientes No Neutrales Mauricio Daza. El abogado fue aún más duro: “No ha existido ningún otro órgano del poder constituido que como tal haya llegado tan lejos. Es un atentado a nuestra autonomía. Es un acto de presión respecto al debate que se está dando en la Convención y eso es inaceptable. Esta es una operación política comunicacional de carácter corporativo y eso es inaceptable”.

El convencional comunista Hugo Gutiérrez informó que se reunieron con el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez, para pedirle que la mesa “reproche de manera contundente” la reacción del máximo tribunal. “Lo que está haciendo la Corte Suprema es intimidarnos, coartar nuestra libertad”, añadió.

En esa misma línea el convencional Manuel Woldarsky reiteró la crítica de sus compañeros. “La conducta corporativista e ilegal de la Corte Suprema no va a coartar el debate que la Convención, por mandato de la ciudadanía, desarrolla y va a seguir desarrollando. No vamos a aceptar ningún tipo de coerción respecto de las iniciativas que se trabajen en esta convención”, aseguró el constituyente.

Por su parte, el convencional del Frente Amplio Fernando Atria, quien no forma parte de esa comisión, dijo que “esta declaración de la Corte Suprema es una manifiesta infracción de sus deberes legales”.