“Está revelando una cuestión estructural”: la “preocupación” del gobierno por investigaciones en municipios

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, encabezó una nueva sesión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en la desde de su cartera, en la calle Morandé, en el centro de Santiago.

Finalizada esa reunión en la que participaron representantes de la Corte Suprema y la Fiscalía Nacional, Cordero se refirió a la serie de investigaciones que están enfrentando administraciones municipales de todo el país.

“La situación de los municipios es una situación preocupante”, aseguró el secretario de Estado.

De acuerdo a información dada a conocer por Ciper en agosto del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado había presentado querellas en el 40% de las comunas del país y se contabilizaban 32 alcaldes imputados. En tanto, en una entrevista con Meganoticias, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, afirmó esta semana que “más del 50% de los municipios en Chile están siendo investigados por corrupción”. En Chile hay 346 comunas y 345 administraciones municipales.

Según el ministro Cordero, el tema da cuenta, en primer lugar, de “una cierta flexibilidad en los mecanismos de control”.

“La flexibilidad sobre los mecanismos de control en el caso de los municipios vienen siendo advertidas desde mediados o finales de los 90 en Chile por la Contraloría”, planteó el titular de Justicia.

En segundo lugar, Cordero, sostuvo que hay “un conjunto de asimetrías y precariedades en una cantidad importante de municipios”.

“Algunos que tienen muchas fortalezas internas y otros que tienen una precariedad muy grande. Hay una heterogeneidad muy grande de municipios ahí. Sin embargo, los datos están mostrando que municipios que no debieran tener problemas de calidad de equipos o de tipos de perfiles funcionarios en su interior, igualmente están teniendo problemas. Entonces, la preocupación del gobierno es porque ya deja de ser simplemente casos específicos, sino que está revelando una cuestión estructural que va más allá de la responsabilidad penal, tiene que ver también con el régimen general de gestión y financiamiento de los fondos públicos”, expuso.

“Esto es una preocupación que ha manifestado la Contraloría y varios contralores desde hace un tiempo. Entonces, mirado desde esa perspectiva, es una inquietud del gobierno y del Estado en general”, señaló la autoridad.