Estudio revela que casi 70% de los trabajadores ha solicitado una licencia médica al menos una vez

En los últimos días, las licencias médicas han vuelto a transformarse en tema de debate: el pasado miércoles la justicia determinó expulsar a tres médicos extranjeros del país por la emisión fraudulenta de estos permisos. Según la pesquisa, entre la veintena de investigados emitieron licencias por más de $700 mil millones. Para abordar el problema, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca endurecer la fiscalización y las penas para quienes emitan sin causa real o falsifiquen este tipo de justificativo médico.

En ese contexto, Cajas de Chile -gremio que reúne a las cuatro cajas de compensación existentes en el país- y el Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la U. San Sebastián llevaron a cabo un estudio con el objetivo de profundizar en el uso de las licencias médicas. Entre las principales conclusiones de la encuesta se destaca un alto desconocimiento del sistema y la confirmación de que, efectivamente, existe un mal uso de estos permisos.

Además, se evidenció que hay un alto uso del instrumento: 69% de los encuestados afirmó que ha solicitado una licencia médica al menos una vez. Pero los datos que más llamaron la atención de los expertos fue que 52% aseguró saber que otra persona ha recibido permiso fraudulento y otro 39% sostuvo que haber obtenido uno era fácil.

Por esta razón, Enrique Paris, presidente de Ipsuss, asegura que “el estudio hace un aporte relevante a la discusión de políticas públicas, no solo entregando cifras sobre la magnitud del problema que sostiene la necesidad de reformar este sistema, sino que, además, en forma inédita esta investigación captura la opinión de los usuarios sobre el sistema, la percepción de calidad sobre cómo perciben la gestión de estos servicios. Las licencias médicas por enfermedad son un derecho y una extensión del tratamiento médico, por lo que se debe preservar el correcto uso de este instrumento”.

En ello también coincide Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile: “Este estudio reafirma que es urgente reformar el sistema de licencias médicas y subsidios de incapacidad laboral. Debiéramos proteger esta prestación social tan importante para los trabajadores y no aceptar que la mayoría de las personas considere que existe abuso en su uso o que asegure saber que otra persona ha recibido una licencia médica fraudulenta, según se relevó en la encuesta efectuada”.

El estudio también develó que el 56% de los encuestados indica que existe abuso en el uso de licencias médicas por parte de los trabajadores. De ese total, un 45% cree que son pocos quienes mal utilizan el sistema, mientras que un 11% dice que es una práctica extendida. Además, 41% de los encuestados manifiesta saber que hay médicos que otorgan permisos fraudulentos y un 30% piensa que los doctores incentivan el mal uso de la licencia.

“Nuestro país destina hoy una cifra altísima, más del 1% del PIB, al pago de licencias médicas, debido al aumento exponencial que ha exhibido esta prestación en los últimos años. Todo peso mal gastado en licencias médicas es un peso menos para la salud de los chilenos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de revisar la política de licencias médicas, que no ha sido revisada en décadas”, agrega Campero.

Asimismo, la encuesta evidenció que 30% de los consultados dice no saber cómo se financian los ingresos para pagar las licencias médicas y 29% cree que lo financia el propio trabajador con su cotización. Solo 13% sabe que realmente se financia con las cotizaciones de todos los trabajadores.

La semana pasada y en el marco del debate del proyecto de ley que endurece las penas para este delito, el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones, proponiendo que las emisiones de licencias falsas puedan tener multas que van entre las 200 y 600 UTM, del orden de entre $13 millones y $39,5 millones.

La propuesta faculta a la Superintendencia de Salud para suspender por hasta 180 días al médico que se compruebe que emitió una o más licencias falsas y, en caso de reincidencia, la suspensión podría ser de por vida.

En ese contexto, Jaime Burrows, académico de la Faculta de Medicina de la U. Diego Portales y exsubsecretario de Salud Pública, advierte que “con las redes sociales es mucho más fácil que las personas compren o vendan licencias médicas y es tan frecuente que la gente lo comente sin pudor, que eso llama la atención. Efectivamente, es necesario ver esto porque es un problema que genera costos grandes para el sistema de salud y son recursos que se podrían usar para otros fines”.