Cinco ex carabineros indagados por tráfico de armas quedan libres tras formalización
Considerando que en la audiencia no se permitió apelar a la decisión, y al no estar conforme con esta, el fiscal Heriberto Reyes presentará un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones para reclamar de la "denegación injustificada de las prisiones preventivas".
Tras una atenuante formalización, que se extendió por cerca de 13 horas, el médico siquiatra y los cinco ex funcionarios de Carabineros implicados en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente por tráfico de armas, quedaron en libertad y con la prohibición de salir del país.
Esto, luego de que la jueza de garantía rechazara la petición del persecutor Heriberto Reyes, quien solicitó la prisión preventiva para estos seis sujetos, en razón de su vinculación con los delitos indagados y la peligrosidad de su libertad para la investigación.
Considerando que en la audiencia no se permitió apelar a la decisión, y al no estar conforme con esta, Reyes presentará un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones para reclamar de la "denegación injustificada de las prisiones preventivas".
Además, por disposición del Juzgado de Garantía de Talagante, tres otros implicados quedaron con arresto domiciliario total, mientras que los 23 restantes con la medida cautelar de arraigo nacional. Inicialmente, se dispusieron 90 días de plazo para la investigación.
Las indagaciones
En el marco de esta causa, el Ministerio Público, en coordinación con efectivos de la PDI, indaga hechos que datan del 2014 y que dicen relación con la adquisición e inscripción irregular de armamento, con el fin de que fueran adquiridas por distintas bandas delictuales.
Con las labores que se han realizado hasta ahora, incluyendo la incautación y registro en 33 domicilios, el fiscal Reyes ha evidenciado adulteración o falsificación de instrumentos de carácter público y reservados, previa coordinación y asociación de los implicados.
La gravedad de los hechos investigados, según dio cuenta el persecutor en el momento que solicitó la orden de detención contra los hoy imputados, tiene que ver con que "sus consecuencias y trascendencia podrían comprometer la seguridad pública así como la labor de las mismas policías en la prevención de hechos ilícitos al dotar de armamento a personas que no tiene la calificación ni la idoneidad legal para la tenencia y porte de armas de fuego y municiones".
Los ex funcionarios policiales implicados
1- Ex CPR Fernando Ismael del Rosario Alvial Soto: Se determinó que en su calidad de funcionario activo de Carabineros, sería quien facilitaba la tramitación de la obtención fraudulenta de las armas, respondiendo las pruebas para esto. Asimismo, sería la persona que estableció el vínculo con Marcelo Catalán García, quien es sindicado como el reclutador de los individuos "idóneos, sin antecedentes, para realizar dichos trámites".
2- Ex CPR Sargento 1 Cristian Alejandro Arriaza Arriaza: De acuerdo a las declaraciones y reconocimientos fotográficos de los partícipes, sería quien tomaba pruebas de forma fraudulenta a los reclutados por Catalán García. Durante el año 2014, prestó servicio en la Autoridad Fiscalizadora 035 de Talagante.
3- Ex Suboficial Mayor Marco Alfredo Garrido Sánchez : En su calidad de funcionario activo de Carabinero, de acuerdo a las pericias, es reconocido por Catalán García y el actual encargado de la "Autoridad fiscalizadora N° 035", de Carabineros de Talagante, Johnny Andy Mansilla Galvez, como la persona que realizaba inscripción de armas de forma fraudulenta, junto con Fernando Israel Alvial Soto.
4- Ex CPR Marcelo Rodrigo Catalán García: Los datos de la Fiscalía dan cuenta de que sería quien reclutó a los participante para la inscripción de las armas, pagándoles una cantidad de dinero por realizar dicho trámite, además de trasladar a las personas hasta la autoridad fiscalizadora, médico, notaria, armería, hasta lograr la obtención de las armas, siendo él la conexión directa entre Fernando Alvial Soto, Yimmy Lastra Sandoval y Patricio Concha Guerrero.
5- Ex Cabo 1 Rodrigo Alejandro Rojas Cortés: Estaría involucrado en los hechos, por cuanto el Ministerio Público estableció que inscribió armamento de forma irregular, recibiendo $80.000 por esto. Las armas habrían sido retenidas por Catalán García, realizando luego la denuncia falsa por el robo de las armas.
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