Exalcalde de Macul ficha abogado y alista defensa ante acusaciones por fraude y lavado de activos

La jornada del 5 de diciembre pasado quedó al descubierto una nueva investigación del Ministerio Público en torno a eventual desvío de fondos municipales. En esta ocasión se trataba de una indagatoria en que se pesquisan las actuaciones del exjefe comunal de Macul, Gonzalo Montoya (IND).

De acuerdo con conocedores del caso, que está en manos de la fiscal Constanza Encina, el exmilitante de Comunes es indagado por delitos de fraude al Fisco y lavado de activos.

Esto, a raíz de antecedentes advertidos en el marco de la investigación que se sigue por irregularidades en la Asociación de Farmacias Populares, donde el principal protagonista es el también exalcalde Daniel Jadue.

Producto de la apertura de esta nueva arista, el pasado 5 de diciembre la mencionada persecutora acompañada de un equipo de detectives de la PDI llegaron hasta las dependencias municipales e incautaron una serie de dispositivos electrónicos y lograron acceso a las casillas de correo de Montoya y de quien hasta ese momento se desempeñaba como administrador municipal, Andrés Urzúa Corvalán.

Desde ese momento, además, el otrora alcalde comenzó a delinear lo que sería su defensa, fichando ese mismo jueves al penalista Ramón Sepúlveda, también abogado de Jadue.

Ramón Sepúlveda inició su carrera alejado de las causas vinculadas a personeros políticos. Se desempeñó por cinco años en la procuraduría criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Tras ello, fue parte de uno de los casos más emblemáticos de financiamiento ilegal de la política, ejerciendo el patrocinio de Juan Martínez, funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) indagado en el marco de Penta. Ahí, en primera instancia, logró que su representado no quedara en prisión preventiva como lo habían solicitado los entonces fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

De la revisión de las labores que ha ejercido, además, se desprende que también se desempeñó como procurador común junto al exfiscal nacional Sabas Chahuán en la estafa piramidal AC Inversions, representando a cerca de 3.000 víctimas.

Tiene experiencia, además, en otro tipo de delitos, pues también ejerció como defensa de los hermanos Francisco y Gerardo Huaiquipan por homicidio y del historiador Leonardo León investigado por abuso sexual.

Sostuvo, de igual forma, la defensa del precandidato presidencial Diego Ancalao en el caso Convenios y también se desempeñó como representante del exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez, a quien el Ministerio Público acusó y pidió una condena de 20 años de cárcel por malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Si bien sus apariciones públicas se han dado principalmente por su rol en la defensa de Jadue y de otros militantes del PC, Sepúlveda no tiene filiación política.