Fiscal Chong fundamenta acusaciones contra Yáñez y Rozas

Ximena Chong, fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, detalló los hechos por los que se imputa de delitos de omisión al ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez su antecesor Mario Rozas y el exsubdirector de la policía uniformada Diego Olate en sobre mil causas vinculadas a la crisis social.

Según la fiscal, pese a estar en condiciones de actuar en función de su deber frente a una serie de delitos, los imputados “omiten sus deberes de intervención y no ejecutan acciones para impedir o hacer cesar su comisión”.

Chong recordó que los imputados, hace cinco años, se desempeñaban en “mandos de niveles estratégicos con deberes específicos en el Control de Orden Público”.

La fiscal señaló que por norma a los imputados les correspondía la dirección y modelamiento de la actuación de los subalternos.

“Junto a la potestad de emitir órdenes y para que éstas sean pertinentes y efectivas, la jerarquía supone radicar en el superior atributos que le permiten fiscalizar el desempeño de sus subalternos, contando para ello con canales permanentes de información, reportes y en determinados casos con vigilancia visual”, expuso la persecutora ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante las protestas del llamado estallido social surgieron serios cuestionamientos al actuar de la policía uniformada por uso excesivo de la fuerza, mal uso de armamento no letal y acusaciones por violaciones a los derechos, que acumularon más de 2.300 querellas contra policías y 35 acciones legales contra el entonces general director Mario Rozas.

El Ministerio Público investiga una presunta omisión de mando de 1.386 causas.

La fiscal precisó los reproches al jefe de la policía uniformada tras el 18-O.

“No emanó ni instruyó emanar actos administrativos, instrucciones u órdenes generales orientadas a limitar el uso de gases lacrimógenos o la munición antidisturbios, ni que propendiera a impedir detenciones arbitrarias o cualquier otra medida que implicara cambios de las armas y municiones empleadas en el control de las manifestaciones sociales, de modo de impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que el personal subalterno, a su cargo y bajo su mando, estaba cometiendo”, recalcó.

Chong recordó el audio en que Rozas afirmó que no daría de baja a ningún uniformado aunque lo obligaran.

“Los imputados, como titulares de los órganos superiores de carabineros, están llamados a garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley”, apuntó Chong, haciendo hincapié en que “el deber de supervigilancia tiene aplicación regular en todas las actividades asociadas a la función policial, incluido, por cierto, el uso de la fuerza”.

Sobre Yáñez, puntualizó que encabezaba la Dirección de Orden y Seguridad y entre octubre de 2019 y marzo de 2020, tuvo a su cargo, de manera directa, las operaciones desplegadas en todo el territorio nacional de todos los mandos operativos de Carabineros, jefaturas de zona y las diversas unidades policiales de grado inferior, prefecturas, subprefecturas y comisarías.

“Yáñez Rebeco, como director de Orden y Seguridad, debía emitir órdenes, realizar evaluaciones periódicas e imponer sanciones disciplinarias, pudiendo incluso disponer cambios a políticas nacionales emanadas del general director”, afirmó la fiscal.

Chong dijo que el recientemente retirado general “fue el responsable de la evaluación periódica de planes y programas que guarden relación con el orden y la seguridad pública a nivel nacional, debiendo disponer los cambios que sean pertinentes”.

“La cantidad de lesiones de manifestantes observadas durante el trimestre final del año 2019, imputables a funcionarios de Carabineros, fueron conocidas por la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, por el imputado Yáñez Rebeco. Tal información era de público conocimiento, pero además le fue encomendada esa tarea desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, precisó la fiscal.

Ximena Chong explicó que “la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, sólo en la Jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 personas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo del año 2020″.

“De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares”, detalló.