Fiscalía detalla los pagos millonarios que habría recibido el alcalde Boris Chamorro por Puerto Coronel

En la segunda jornada de formalización por delitos de corrupción en contra del alcalde de Coronel, Boris Chamorrro (PS), la Fiscalía de Alta Complejidad de Biobío solicitó prisión peventiva para el jefe comunal, y dio a conocer los montos millonarios que habría recibido a través de un esquema de boletas ideológicamente falsas en perjuicio de la compañía Puerto Coronel.

Además de Chamorro, hay otros nueve imputados, entre ellos, el exconcejal Eduardo Araya Poblete, exdirectivos de la compañía portuaria, Eduardo Hartwig, expresidente del directorio y fundador de la compañía, los empresarios Víctor Olivares Matamala, a quien se le acusa de soborno, y Hernán Romero Sáez, quien presuntamente facibilitaba las boletas falsas es hermano del diputado Leonidas Romero, alcalde de Coronel entre 2008 y 2016 y legislador independiente que hoy integra la bancada republicana.

La fiscal María José Aguayo detalló que Chamorro habría recibido alrededor de 21 pagos de ejecutivos de Puerto Coronel que dan un total de $82 millones, mientras que a Araya le habrían entregado $70 millones, fraccionados en 30 transferencias.

Aguayo expuso una serie de movimientos bancarios entre los involucrados y explicó otro sistema de entrega de dineros “de acuerdo a lo que declara el imputado Víctor Olivares, que es concordante con el modus operandi descrito en sus declaraciones por el imputado Hartwig y también por el imputado Chamorro”.

“Él entregó estas sumas de dinero en efectivo en esas oportunidades al alcalde (…) constan mensajes de WhatsApp entre el alcalde y don Víctor Olivares para reunirse en la municipalidad o incluso en la casa del alcalde en alguna oportunidad. Don Víctor Olivares declara y reconoce que le entregó estas sumas de dinero en efectivo al alcalde”, afirmó la fiscal.

En esa línea, durante la primera jornada de formalización, la persecutora detalló: “Los imputados Eduardo Hartwig (expresidente del directorio y fundador de la compañía) y Chamorro dispusieron de un total de $1.022.408.333 millones, infringiendo gravemente el deber de tutela o salvaguarda patrimonial que pesaba sobre ellos del patrimonio confiado. Actuando para ello con previo concierto con el imputado Romero Sáez quien facilitaba las facturas ideológicamente falsas mediante las cuales se materializaba y disimulaban los ingresos antes enumerados”.