Fiscalía investiga a 19 personas por corrupción en la Corte de Rancagua

La suspensión de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua por presuntos actos de corrupción remeció al Poder Judicial. Fue la propia Corte Suprema la que decidió que los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz fueran suspendidos por 4 meses, mientras la ministra Rosa María Maggi los indaga por conductas que podrían configurar un posible tráfico de influencias por intervención en procesos judiciales.

Eso en lo sumarial, pues el caso también tiene dos aristas penales, y en esas investigaciones no solo los ministros de la corte estarían comprometidos.

Así lo aseguraron distintas fuentes judiciales, pues la Fiscalía Regional de O'Higgins indaga a 19 personas por actos de corrupción, donde los delitos imputados serían cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El caso está a cargo del fiscal regional Emiliano Arias y el fiscal de Alta Complejidad Sergio Moya.

Los actores, en este sentido, son varios. Uno es el secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González, al que el Ministerio Público indaga por las gestiones que habría realizado en el Servicio de Salud de O'Higgins para saber si se estaba cumpliendo una orden de no innovar que habría solicitado el doctor Luis Arenas Contreras, condenado en 2018 por tráfico de estupefacientes. Fuentes judiciales señalaron que estas gestiones no eran parte de sus funciones.

Además, la fiscalía tiene en la mira a González por sus vínculos con el juez Elgueta, quien será formalizado el 26 de abril en Rancagua.

Otro de los funcionarios indagados es Gianni Libretti Peña, quien juró el 9 de mayo de 2016 como juez de garantía de Rancagua y luego, el 31 de mayo, efectuó una transferencia de un millón pesos a cuenta corriente del juez Elgueta.

Es por eso que la fiscalía está investigando las cuentas de Elgueta, para saber si recibió "aportes" de otros funcionarios judiciales u autoridades de otros poderes.

El Ministerio Público ha detectado múltiples depósitos de Elgueta hechos por él en dinero en efectivo. Entre ellos, 20 depósitos entre abril de 2016 y octubre de 2018 por $ 19,6 millones.

Entre los otros investigados hay tres abogados integrantes de la Corte de Rancagua: Álvaro Barría, Claudio Sepúlveda y José Briceño.

El Ministerio Público investiga las integraciones de sala de estos abogados integrantes con los ministros Elgueta y Vásquez. Fuentes judiciales aseguraron que, incluso, los dos jueces pedían que estos tres abogados integraran sus audiencias.

En cuanto a los abogados litigantes que están siendo investigados por sus nexos y presunto pagos de sobornos, hay 11 en el radar de la fiscalía. Entre ellos está el penalista Gabriel Henríquez Arzola, defensor del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.

La fiscalía indaga por qué los recursos presentados por el abogado en la corte solían serles favorables, especialmente cuando recurría contra el Ministerio Público. Según la información del ente persecutor, se ha constatado la existencia de al menos 59 llamadas entre el profesional y el juez Elgueta. La mayoría, según el análisis de los investigadores, se produjo en días previos a que se dictara alguna sentencia.

Hoy, en tanto, declaró como imputado en Rancagua el juez Vásquez, quien el 29 de marzo también prestó testimonio ante el otro fiscal que indaga las redes de los ministros, el fiscal regional Sur Raúl Guzmán. Este persecutor, además, citó a declarar como imputado a Elgueta, pero este se excusó.

Por ahora, el Ministerio Público sigue esperando algunas órdenes de investigar, entre ellas distintas solicitudes a instituciones financieras y compañías telefónicas.

El 26 de abril la fiscalía de O'Higgins formalizará a Elgueta, lo que también será un problema administrativo. Tres jueces de garantía se inhabilitaron por su cercanía con el magistrado.

Tras el pleno ordinario de hoy, los ministros de la Corte Suprema nombraron a dos suplentes en la Corte de Apelaciones de Rancagua: Pedro Advis, juez, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, y José Marinello, juez del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal capitalino.

Además, el presidente (s) de la Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a las irregularidades de la corte de Rancagua: "Deben hacernos a todos redoblar nuestro compromiso y esfuerzo en la promoción de la ética". Muñoz agregó que "hechos como los investigados en la jurisdicción de Rancagua, nos permiten advertir que la tarea siempre está en construcción, nunca es suficiente instar por el respeto de aquellos principios en el ejercicio de la función judicial".