Fiscalía solicita prisión preventiva para Luis Hermosilla en primera jornada de formalización del “Caso audio”

“Mi nombre es Luis Edgardo Hermosilla Osorio”.

De esta forma, a eso de las 9.40 horas de este miércoles, el reconocido penalista indagado en el marco del denominado “caso audio” se presentó ante la jueza Mariana Leyton, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. No había hecho comentarios desde que ingresó por la explanada del Centro de Justicia, mientras que su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, se dio el tiempo de conversar largos minutos con la prensa apostada en el lugar y reiteró “cometió un error, lo admite” y que “está muy afectado”.

No fue una jornada fácil para el profesional y las expresiones de su rostro así lo demostraban. Serio, con el ceño fruncido a ratos y sin esbozar ni un atisbo de sonrisa escuchó la imputación que le realizó la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, quien en reiteras ocasiones fue tajante en sostener que tanto él como los coimputados Leonarda Villalobos y Luis Angulo recibieron abultadas sumas de dinero de las empresas controladas por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y por Rodrigo Topelberg, a sabiendas de que se trataba de fondos que tenían una procedencia ilícita.

El Ministerio Público pidió la prisión preventiva de quien era considerado uno de los abogados “más poderosos” de la plaza. Y precisamente la discusión sobre aquello continuará este jueves, mismo día en que Hermosilla cumple 68 años. En esta jornada, se espera que Fiscalía ahonde en mayores detalles y que tanto los querellantes y las defensas de los imputados hagan lo propio.

En el caso de Hermosilla, según detalló la persecutora, recibió un total de $ 5.525.275.899 desde Factop y STF. Pero aunque la abultada cifra resonó con fuerza en la sala 503 del Edificio C del recinto ubicado en Avenida Pedro Montt las dos veces que la fiscal lo mencionó, el penalista se mantuvo inalterable. Con las manos cruzadas sobre la mesa, las piernas extendidas y los lentes sobre la punta de su nariz, siguió escuchando atento. Solo en ocasiones cambió de posición para sacar mentitas de su bolsillo y hacer un par de comentarios a su defensa.

En las bancas que estaban tras él, Villalobos, Angulo y los otros dos imputados en el caso, los funcionarios del SII y la TGR, Patricio Mejías y Renato Robles, respectivamente, también escuchaban con atención. A ratos, también, hacían comentarios a sus abogados y tomaban notas.

Así, en poco más de una hora se leyeron una serie de cargos en su contra. A Hermosilla se le formuló imputación por lavado de activos, soborno y delitos tributarios; a Villalobos, por lavado de activos, soborno y delitos tributarios; a Angulo, por lavado de activos y delitos tributarios, y a Mejías y Robles, por cohecho.

Los dos últimos fueron los primeros en abandonar la audiencia, pues tras no oponerse a las medidas cautelares a su respecto, se dirigieron a cumplir con el arresto domiciliario total que les fue decretado por la magistrada.

La formalización de Hermosilla se dio a horas de que Ciper diera a conocer, además, sobre las transferencias que realizó al exministro del Interior Andrés Chadwick, por un total de $ 190 millones. Movimientos bancarios que la exautoridad afirmó que se debían “a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020″.

Esta no es la primera vez que el removido ministro es nombrado en la causa del “caso audio”. Y es que también fue mencionado cuando se conoció el informe en derecho que realizó el académico alemán Kai Ambos para su acusación constitucional, profesor que fue contactado por el ahora ministro de la Suprema Jean Pierre Matus, a petición del propio Hermosilla y cuyo trabajo fue pagado con la cuenta de Daniel Sauer.

La amplia cobertura de la prensa fue parte de la tónica de la jornada. Y de hecho, más allá de ser algo anecdótico, fue un aspecto que generó incomodidad entre los familiares que acompañaron a los imputados.

Y es que dada la cantidad de prensa, en la sala dispuesta para la audiencia no quedó espacio para que todos hicieran ingreso. Así, por ejemplo, el hijo de Renato Robles escuchó la formulación de los cargos en el pasillo. Intranquilo, caminando de lado a lado, aguardó la salida de su padre, con quien se fundió en un largo abrazo cuando ya se habían decretado sus medidas cautelares.

Notablemente emocionado, con los ojos vidriosos, Robles evitó entregar comentarios a los periodistas. No quiso hacer declaraciones, y tras su salida del edificio se tapó el rostro y aceleró el paso. Tal era su interés por salir rápido del lugar, que incluso simuló una maniobra tendiente a ingresar a la pileta que se ubica al centro de la explanada del Centro de Justicia.

Otra de las situaciones que llamaron la atención fue que durante la audiencia, Patricio Mejías se mostró notablemente afectado. En más de una ocasión secó sus lágrimas con un pañuelo mientras escuchaba cómo su nombre se veía involucrado en las imputaciones de la fiscal.

A su salida también evitó entregar declaraciones. Seguía con los ojos llorosos, pero ya con una leve muestra de alivio. Había sorteado, por el momento, la cárcel.

“Hay que ir analizando los hechos, revisar la carpeta investigativa, que en estos momentos aún no la tenemos porque recién ingresamos a esta causa. Se habían conversado previamente las cautelares con la Fiscalía y estábamos conformes”, sostuvo Juan Eduardo Torres, abogado de Mejías.

Un total de $ 24.243.216.227 son los que recibió, según imputó la Fiscalía, la abogada Villalobos y su pareja, Luis Angulo, a partir de las actividades ilícitas de Factop. Dineros que serían la base del delito de lavado de activos que el ente persecutor imputó a la profesional, Hermosilla y Angulo.

Dineros que en el caso de Villalobos, se habrían utilizado para tener una verdadera vida de lujos, marcada por compras millonarias, adquisición de vehículos de alta gama e incluso inmuebles. En ese sentido, especificó que la abogada gastó $ 348 millones en el pago de tarjetas de crédito de diferentes bancos. Según se especificó, Villalobos entre 2021 y 2022 gastó casi $ 14.679.373 en compras -por medio de tarjeta de crédito- en diferentes tiendas de lujo.

En detalle, se trata de compras en las tiendas Condotti Vitacura, Sud Vitacura, Trail, Zara, Luis Vuitton, Claudio Ferrer, Hermés, Latam, Perris Ellis, Hugo Boss, Pandora, Victoria Secret, Reifstore -productos Apple-, entre otros. De esas adquisiciones destacan compras únicas por $ 1.245.000 en Via Condotti Vitacura, $ 1.521.355 en Wbm y $ 1.151.980 en Falabella.

Además, la fiscal Parra expuso que la protagonista del “caso audio” en un periodo de un año transfirió $ 39.500.000 al joyero Jorge Zygelman, en compras que podrían llegar hasta los dos millones.

Vida de lujos que también llegaba a los automóviles de la profesional. Y es que en específico, durante estos años compró tres autos de lujo por más de $ 100 millones. Se trata de los vehículos BMW X2, 118i y un 220i, todos comprados con un pago de 30 días y en el mismo año que fueron fabricados y salieron al mercado.

Por último, el Ministerio Público también dio cuenta que mientras Villalobos y Angulo aumentaban su financiamiento con Factop, realizaron compras de una casa y un sitio en Purranque, en la Región de Los Lagos. El 2019 también compró un terreno en Portezuelo, Región de Ñuble.

Vida de lujos de la cual también dio cuenta la Fiscalía respecto a Luis Hermosilla a la hora de hablar del delito de lavado de activos. Y es que según expuso la fiscal Parra, el penalista con los más de $ 5 mil millones percibidos desde la relación con las empresas de los Sauer costeó la compra de un departamento al contado en Concón por más de $ 200 millones y de una camioneta Chevrolet Tahoe, de más de $ 40 millones.

El ente persecutor también expuso que Hermosilla pagó más de $ 852 millones en créditos, además de otros $ 513 millones en tarjetas de créditos. Por otro lado, otro de los antecedentes sobre el lavado de dinero es el “uso excesivo” de dinero en efectivo, el cual maneja en sobres o que se depositaban a sus cuentas. Se trata de 69 transacciones, las cuales suman un total de $ 188.062.539 en efectivo que fueron depositados.

Uno de los últimos delitos que imputó la Fiscalía fue el cohecho. Según expuso el ente persecutor, desde el 2019 la abogada Villalobos contactó a funcionarios públicos “cuyas actividades se relacionan de forma cotidiana y habitual con el desempeño profesional de esta, para ofrecerles y darles a aquellos beneficios económicos a cambio de la entrega de información relevante de sus clientes o para derechamente ejecutar ciertas acciones en dichas instituciones que favorecen los intereses de esta y de sus clientes”.

En ese sentido, apuntó que primero contactó a Renato Robles, de la Tesorería General de la República, a quien le ofreció dinero para realizar ciertas acciones en su beneficio. Según detalló la fiscal Parra, “le encomendó revisar rut de personas naturales y jurídicas determinadas, a fin de tomar conocimiento si se habían realizado giros de tributos o si se habían trabado embargos en contra de tales contribuyentes, entre otro tipo de consultas”. Acciones para las cuales el funcionario utilizó los sistemas de la TGR para realizarlas.

En total fueron 33 las consultas a los sistemas que realizó Robles, y por las cuales Villalobos “realizó diversos pagos”, los cuales “se concretaron a través de transferencias bancarias desde una cuenta corriente de una sociedad relacionada en propiedad” de la abogada Villalobos por un total de $ 1.522.658.

Misma acción que la protagonista del “caso audio” habría realizado tiempo después con Patricio Mejías, del SII, para que este entregara información de las empresas de los hermanos Sauer, Rodrigo Topelberg y de ella misma. “La información requerida consistía en revisar si algún contribuyente mantenía su situación tributaria pendiente, observaciones y anotaciones en los sistemas, revisar los libros de venta de estos, pagar tributos, realizar gestiones como autorizar la emisión de facturas”, especificó la persecutora regional.

Solicitudes por las cuales la propia abogada, sostuvo el Ministerio Público, se puso de acuerdo con Daniel Sauer -quien proveía el dinero- para realizar los pagos a Mejías. Según apuntó la Fiscalía, el día de la ya reconocida reunión que fue grabada, Hermosilla y el resto de los integrantes de esa cita hablaron de “armar una caja negra”, refiriéndose a un funcionario público. “Luego de producirse esta reunión, el imputado Daniel Sauer accedió a la solicitud del imputado Luis Hermosilla y continuó proveyendo de fondos a Leonarda Villalobos para pagar las dádivas al funcionario del SII”, afirmó la fiscal.

Después de aquello, según imputó la Fiscalía, Mejías realizó 694 consultas en el sistema del SII sobre las operaciones tributarias de las empresas que requirió la abogada. En total, el funcionario del SII recibió $ 13.544.577, a juicio del Ministerio Público, para realizar diversas acciones y modificaciones en las cuentas de los contribuyentes relacionados a Villalobos.

Pasadas las 13 horas, finalmente la magistrada Leyton suspendió la audiencia de formalización hasta este jueves. Según indicó la magistrada, tenía una condición médica que le impedía estar mucho rato sentada, por lo cual no se podía extender la imputación de cargos.

Tras el término de la audiencia, la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, argumentó que todavía “no analizamos el lavado de activos, ustedes van a poder apreciar durante los diferentes años cómo incurrieron en diversos hechos y por ende, debido a la gravedad, es importante en este caso la medida cautelar de prisión preventiva por la pena asignada, por la reiteración y por una serie de antecedentes que mañana vamos a explicar latamente”.

Por su parte, Juan Pablo Hermosilla apuntó que durante la audiencia de este miércoles, respecto a su hermano “no hay ninguna referencia a delitos o facturas falsas en relación con Luis. Entonces, si existieron facturas de él, cosa que no me consta, pero si han existido son facturas que no son verdaderas y son falsas, y él no tiene ninguna participación en eso”, afirmó.

La abogada Alejandra Borda concluyó que lo que ha planteado el Ministerio Público “y que se basa precisamente en uno de los reconocimientos de mi representada es que efectivamente la conducta que hubo acá respecto de dos funcionarios de grado absolutamente menor es el otorgar información”.

A las 9 horas de este jueves está programada la audiencia de formalización, en la cual se espera, que se continúen exponiendo los antecedentes que llevaron al abogado Hermosilla a estar en el banquillo de los acusados.