Fraude en el Ejército: Corte Marcial rechaza recurso de Juan Emilio Cheyre y mantiene su prisión preventiva

La tarde de este miércoles, la Corte Marcial resolvió rechazar el recurso de amparo interpuesto por la defensa del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006) y dio por confirmado el procesamiento que dictó en su contra la ministra en visita que indaga irregularidades en el la institución castrense, Romy Rutherford. La magistrada le imputó cargos por delitos reiterados de malversación de caudales públicos. De esta manera, el exmandamás deberá seguir en prisión preventiva en el Batallón de Telecomunicaciones N°1 de Peñalolén.

De acuerdo con la resolución, la interpretación de las normas que hizo la jueza al momento de ponderar su decisión de procesar al militar es adecuada, por lo que la Corte, en esta instancia, dio por descartado los errores que advirtió la defensa en su acción.

A juicio del organismo, las reclamaciones de la defensa, la cual es liderada por el abogado Jorge Bofill, incurren en “materias que escapan del recurso de amparo ya que requieren pronunciamiento sobre cuestiones de fondo y cuyo análisis resulta incompatible con esta vía constitucional”.

De igual forma, el tribunal de alzada castrense informó que también se rechazaron los recursos de amparo de los excomandantes Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, a quienes la ministra en visita les había ampliado sus respectivos procesamientos.

De acuerdo con los antecedentes que la jueza Rutherford tiene en contra de Cheyre, el exmandamás militar habría malversado $ 128.638.559 millones, los que habría recibido en sobres en efectivo, a través de la glosa de gastos reservados que manejan las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Según el encausamiento de la magistrada, el general (R) habría recibido “mensualidades” una vez en retiro, a través de un sistema ideado por los exjefes militares.

Sin embargo, la defensa del exoficial presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial, cuestionando el procesamiento de la jueza, acusando faltas a la Constitución. En su presentación se señaló que “el auto de procesamiento es ilegal y arbitrario, toda vez que, mediante ella, la ministra en visita extraordinaria se erige en una verdadera comisión especial que dispuso la aprehensión de mi representado sin tener jurisdicción para ello y, además, se funda en graves errores de hecho y de derecho”.

En medio de la tramitación de ese recurso, en todo caso, la ministra emitió un informe en que desglosó el actuar de los excomandantes. Lo hizo el viernes 28, a través de 23 páginas donde desechó las argumentaciones expuestas por la defensa de Cheyre: “Existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada”, partió exponiendo.

Uno de los argumentos del general (R) para sustentar su amparo fue que los delitos imputados habrían tenido lugar, una vez que este dejó de ser comandante en jefe, por ende, ya no era militar activo. Rutherford, sin embargo, descartó esta tesis: “La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro. Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe”.