Gobierno inicia plan piloto para que Carabineros use pistolas taser en casos de violencia intrafamiliar

Pocos días habían transcurrido de este 2025 cuando el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lanzaba nuevamente sus dardos contra disposiciones del gobierno en materia de seguridad. En esa ocasión, por la utilización de las pistolas taser, armas de electrochoque no letales que provocan descargas eléctricas que incapacitan temporalmente a una persona.

“Tuvimos una carabinera herida por un arma blanca, eso en el mundo hoy día se puede evitar a través de la existencia y la autorización del uso por parte de la policía de armas no letales, llamadas armas taser o de inmovilización”, señaló el gobernador el pasado domingo 12 de enero.

Y si bien en La Moneda llevaban meses abordando el asunto, y de hecho ya se habían adquirido 30 de dichos dispositivos, fue al día siguiente de la elocución del otrora militante DC que el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, anunció que durante el mes de marzo partiría la implementación -en marcha blanca- de los polémicos dispositivos. Según dijo en ese momento, esto se llevaría a cabo por parte de equipos territoriales y algunas unidades especializadas, excluyendo las de orden público.

Con el correr de las semanas, eso sí, la disposición se acotó y el gobierno, en coordinación con Carabineros, definió que el piloto se aplicaría en casos de violencia intrafamiliar. Esto, como pudo conocer La Tercera, ante concurrencias por denuncias de hechos de esta naturaleza como en la revisión de medidas cautelares o disposiciones respecto de imputados y condenados.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la definición responde a que especialmente en casos de VIF el uso de armas de fuego puede resultar desproporcionada y la inmovilización del agresor compleja. Según trascendió, se resolvió de esta forma dada la evidencia que tiene sobre la materia Carabineros, institución desde donde surgió -dicen- la idea de comenzar la intervención por ese camino.

También se tomó en cuenta, indicaron las mismas fuentes, el aumento de los casos de VIF durante los últimos años.

La utilización de pistolas taser ha sido una materia que se aborda en el marco del trabajo de la Unidad Consultiva que apoya la reforma a las policías, la cual se reúne mensualmente para tratar distintos asuntos.

Si embargo, el pasado viernes 7 de febrero, a eso de las 16.00 horas, hubo una convocatoria extraordinaria. Luego de que varios de los integrantes de la instancia pidieran una sesión especial para abordar al detalle lo referente a esta herramienta, el gobierno los citó para el lunes 10, instancia donde Natalia Silva, jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, les informó de los alcances de la resolución.

Varios de quienes supieron del tenor del encuentro aseguran que solo hubo lineamientos generales, y que aún resta que se precisen aspectos clave sobre la implementación de dispositivos de este tipo.

Se exhibió una presentación, eso sí, que incluye aspectos que regirán al menos el periodo de prueba, como un “pre-protocolo”. Entre ellos, que las taser se utilizarán como parte de los elementos del “nivel 4″, o sea, en casos de “agresión activa”, cuando se intente lesionar al carabinero, la eventual víctima, terceros o el mismo agresor. Los dispositivos estarán programados para aplicar una descarga que dure máximo cinco segundos.

Asimismo, se definió que el funcionario policial que porte el dispositivo debe contar con una certificación actualizada y prácticas anual. Ambas cuestiones estarán reguladas mediante la cartilla de uso que se elabore, aunque al menos deberá abordar los “potenciales efectos, riesgos e implicancias médicas, además de instrumentos de evaluación de conocimiento”, según se lee en documentos expuestos por el gobierno.

“Se prohíbe el modo de contacto directo o aturdimiento en modelos que permitan tal funcionalidad. Salvo que se use para ganar distancia ante la posibilidad de que la resistencia activa escale con peligro para la vida del funcionario o terceros y en casos donde el uso de la fuerza letal se encuentre permitido”, se enfatiza también en las disposiciones expuestas ante los integrantes de la unidad consultiva.

Además, se expuso explícitamente que los disparos “no podrán dirigirse a los ojos, genitales u otras zonas vitales”, lo que quedará establecido en la cartilla correspondiente que está en proceso de elaboración.

“Se deberá hacer lo posible”, como se mencionó, para evitar el uso en niños, niñas y adolescentes. Igualmente, se definió que estas armas no podrán ser empleadas por parte de funcionarios que mantengan procesos administrativos o judiciales vigentes o hayan sido sancionados en el marco de casos por mal uso de dispositivos o por uso excesivo de la fuerza.

El funcionario en cuestión tendrá el deber de prestar auxilio a la persona que sea sometida a la descarga y trasladarlo a un recinto asistencial para que reciba atención en el caso que lo requiera.

Los dardos utilizados y las imágenes de los procedimientos en que se emplee esta arma deberán permanecer bajo resguardo para su análisis en caso de que sea necesario.

Luego de que este medio confirmara la determinación de La Moneda, desde Carabineros informaron que el citado protocolo “ha sido debidamente confeccionado y aprobado, cumpliendo con los más altos estándares operativos y normativos de la institución. Su contenido posee carácter reservado conforme a la normativa institucional vigente, garantizando su correcta aplicación dentro del marco legal y profesional que rige el actuar policial”.

Manifestaron, en el mismo sentido, que el uso del equipamiento de armamento no letal y su empleo “está estrictamente regulado por el protocolo antes mencionado. Su uso responde a criterios operativos diseñados bajo principios de eficacia y seguridad, asegurando un actuar policial ajustado a la legalidad, la protección de la ciudadanía y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas”.

“Carabineros de Chile, en su compromiso permanente con la seguridad ciudadana, emplea herramientas y procedimientos especializados que permiten el cumplimiento de su labor con profesionalismo, apego a la normativa vigente y estricta observancia de los principios de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza”, complementaron.

De igual forma, hicieron presente que “la formación continua y el entrenamiento riguroso de su personal reflejan el compromiso institucional con un servicio de excelencia, orientado a la protección y bienestar de la comunidad”.

• Durante lo que queda de febrero e inicios de marzo deberá aprobarse la cartilla que regulará la utilización de las pistolas taser y difundirse institucionalmente.
• Suscripción y tramitación de Convenio de Transferencia de Recursos entre la subsecretaría y Carabineros para habilitar las unidades.
• Capacitación y certificación de funcionarios durante marzo.
• Implementación y evaluación de piloto sobre uso de las pistolas en procedimientos VIF.
• Gestión de compra de nuevas unidades durante el segundo semestre de 2025.

Pese a que la definición, a juicio del Ejecutivo y de Carabineros, se encontraría debidamente argumentada, para expertos que integran la Unidad Consultiva el punto no se encuentra del todo despejado.

Aseguran que no se ha expuesto un protocolo realmente acabado que regule el piloto, estimando que las definiciones presentadas son meras generalidades. No se ha determinado quiénes las utilizarán, qué tipo de entrenamiento tendrán ni qué organismo certificará la capacitación que tendrán los efectivos, ni tampoco quién revisará que se cumplan los protocolos, reprochan expertos consultados.

Igualmente, señalaron que en la instancia del pasado lunes no se les detalló sobre el trasfondo de la determinación. No se justificó, lamentaron fuentes consultadas por este medio, por qué es correcto utilizar taser en casos de VIF ni evidencia de casos que fundamenten la estrategia.

Por lo mismo, no son pocas las voces que insisten en que hay que abordar el debate con mayor seriedad, dada la peligrosidad que tienen estos instrumentos. De acuerdo con personeros consultados, la utilización de implementos de este tipo solo debería aprobarse en caso de que esté en riesgo la vida de uno de los involucrados, no solo ante agresiones. Debe prohibirse, postulan, descargas a niños, niñas y adolescentes.

Conocida la determinación del Ejecutivo, el gobernador Claudio Orrego lo celebró, aunque pidió que se amplíe el uso de estas herramientas.

“Nos alegramos de que el gobierno haya decidido finalmente implementar las pistolas no letales conocidas como taser para proteger la vida de nuestros carabineros”, dijo, junto con agregar: “Creemos que es fundamental implementarlas no solamente en circunstancias de violencia intrafamiliar, sino de cualquier agresión con arma blanca o con cualquier elemento que no sea una pistola letal en contra de ellos”.

Por su parte, al ser consultado sobre la medida, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, manifestó que “Carabineros tiene que hacer el plan de adquisiciones para ese proyecto piloto, porque lo que se debe adquirir son las últimas versiones de ese tipo de arma”.

Junto con ello, Cordero sostuvo que “los resultados de ese piloto se van a conocer públicamente, pero el protocolo ya ha sido aprobado por Carabineros”.