Esta tarde, desde el gobierno confirmaron que no continuarán con el proceso de compra de la vivienda del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia.

El hecho fue confirmado a través de un comunicado, en que afirman que el Ministerio de Bienes Nacionales desistirá de la compra que habría significado un desembolso de $ 933 millones, luego de los cuestionamientos surgidos, ya que la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, es una de las copropietarias del inmueble.

En el escrito, aseguran que el proceso de compra -que también incluye la vivienda del ex Presidente Patricio Aylwin- se enmarca en un proyecto de inversión patrimonial establecido en la Ley de Presupuestos 2024.

“El proceso contempla distintas etapas previas a la compraventa que incluyen, entre otras, la dictación de un decreto que autoriza la adquisición de los inmuebles, decreto que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el pasado 20 de diciembre”, sostienen.

Sin embargo, agregan que “como parte de este proceso, y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”.

De igual forma, se informó que sí se continuará con la compra de la casa de Aylwin, también ubicada en la comuna de Providencia, y que actualmente alberga la Fundación Patricio Aylwin.

La compra de ambos inmuebles con la intención de convertirlos en museo, habría significado un gasto de $ 2.200 millones y desde que se conoció la intención del Ejecutivo despertó suspicacias, dado el pago que habría significado realizarle a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es nieta de Allende.

Sin embargo, la transancción podría haber tenido el carácter inconstitucional, ya que la actual Carta Magna, establece que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.

Esto, en la práctica, se aplicaría a Fernández. Desde el Ministerio de Defensa, señalaron que efectivamente está a su nombre, pero que debería corregirse la declaración de patrimonio, ya que no es la única propietaria, pese a figurar con un cien por ciento de la propiedad.