INDH no pedirá prisión preventiva y se hará lectura detallada de 1.386 casos del 18-O: así será la formalización de los generales (r) Yáñez, Rozas y Olate

Al menos 30 minutos antes de las 9 de la mañana de este martes 1 de octubre, está contemplado que llegue hasta el Centro de Justicia el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El ahora oficial retirado llegará al edificio C de ese recinto para ser formalizado por presuntas omisiones que derivaron en la vulneración de los derechos humanos de miles de manifestantes durante el estallido social de 2019, cuando el uniformado desempeñaba funciones como jefe de Orden y Seguridad.

Yáñez, quien renunció el pasado viernes al cargo ante su inminente formalización y por el denominado “criterio Tohá”, y a su antecesor Mario Rozas y al exsubdirector Diego Olate se les comunicarán los cargos por los cuales el Ministerio Público los investiga hace ya cinco años. En la oportunidad se imputarán más de mil causas vinculadas a la crisis social.

Como para cumplir con el derecho a defensa, el Ministerio Público deberá detallar cada uno de los supuestos actos omisivos en 1.386 casos, se pronostica que dicha audiencia se prolongará por semanas. Y, si bien, el Ministerio Público solicitó cinco días para la formalización, el tribunal se aseguró y reservó la sala por un mes a lo menos.

En el caso de Yáñez, quien la semana pasada protagonizó frenéticos intentos ante tribunales para que la audiencia de este martes 1 fuera pospuesta, ya que su abogado Jorge Martínez está con licencia médica, llegará por los estacionamientos del Centro de Justicia. Así, al menos lo solicitó por escrito su defensa, con el propósito de evitar incidentes de seguridad en el exterior.

El que se acoja esta petición, está en manos del tribunal que -hasta el cierre de esta edición-, no contestaba a la solicitud de las defensas.

Este martes, y antes de pasar a la lectura de cargos, se realizará la audiencia de cautela de garantías que el Séptimo Juzgado de Garantía se negó a adelantar en reiteradas oportunidades. Los abogados de Yáñez tomarán la palabra y pedirán nuevo día y hora, argumentando que la persona que conoce toda la causa está enferma y realizar la audiencia sin él podría generar una grave vulneración a los derechos del retirado general.

Ese debate se abrirá y se le consultará al Ministerio Público que ya ha entregado una versión. Hace una semana cuando Yáñez solicitó cambiar la fecha de esta audiencia, el juez Freddy Cubillos dio traslado a la Fiscalía que no se opuso y sostuvo que se sometía a lo que resolviera el tribunal. Fue ahí cuando vino el primer “portazo” al general director. Esto, ya que se decidió que sea justamente este martes cuando se decida si efectivamente se puede reagendar esta instancia o el resto de sus abogados tendrá que afrontar una audiencia que ya había sido pospuesta. De hecho, en mayo de este año y tras el crimen de tres carabineros en Cañete, fue la propia Fiscalía que -por el momento que estaba viviendo Carabineros- pidió aplazar la audiencia.

Sin embargo, ahora la situación es distinta. Yáñez ya no está activo y además ya han pasado varios años de esta investigación.

Quien debe resolver la cautela de garantías, ya sea para posponer la formalización o rechazar el requerimiento de la defensa del general (r), será el juez Cristián Sánchez. Este último es considerado uno de los jueces “garantistas” de ese tribunal y en más de una oportunidad ha hecho polémica por sus resoluciones.

Un ejemplo de aquello ocurrió el 2013 cuando aplicó una salida alternativa a personas investigadas por tomarse el Congreso de Santiago el 2011, en la cual imponía como condición para finalizar con el proceso penal realizar charlas de la entonces campaña “Marca Tu Voto”, en favor de una Asamblea Constituyente. Mismo juez que absolvió a un menor de edad acusado de cometer un “alunizaje”, al considerar que ese concepto era un “hecho aeroespacial”, burlándose de cómo la Fiscalía llamaba al robo con violencia utilizando para ello un vehículo que “alunizaba” para romper las puertas de comercios.

Una vez sorteada la cautela de garantía, y sólo en el caso que el juez Sánchez estime dar paso a la formalización y rechazar postergar la audiencia, será el turno de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong de leer las imputaciones que le harán a los tres generales en retiro por el delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” durante el estallido social.

En síntesis, el Ministerio Público les imputará no haber realizado, cuando tenían autoridad de mando en Carabineros, las acciones necesarias para evitar que los policías desplegados en el estallido social vulneraran los derechos fundamentales de los manifestantes. Para eso, la Fiscalía Centro Norte los formalizará por su responsabilidad de mando, describiendo cada víctima, lugar y hecho que se les atribuye.

En total, se trata -según lo que existe actualmente en la carpeta investigativa- de 1.386 causas de vulneración de derechos humanos.

La cantidad de hechos es uno de los motivos por los que los intervinientes piensan que serán audiencias extensas.

Parte de esto lo había adelantado el propio fiscal Armendáriz, quien afirmó en una audiencia en que se pedía el sobreseimiento por esta causa, en noviembre del 2023, que en la formalización se entregarán “los antecedentes de quiénes son las personas, dónde fueron lesionadas, en qué calle, las regiones de su cuerpo afectadas, el mecanismo lesionador y en definitiva cualquier información relativa a estas personas”.

Lectura de casos, uno a uno, que llevaría a extenderse a la Fiscalía por varios días. Según quienes conocen de la causa, el Ministerio Público solicitó reservar la sala, que tiene galería para la prensa, por un total de cinco días. Sin embargo, el tribunal consideró 45 días como plazo para llevar a cabo esta instancia.

Hasta ahora, no se conoce la medida cautelar que solicitará la Fiscalía en contra de los generales (r), sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso, estaría prácticamente descartado que el Ministerio Público requiera la cautelar más gravosa como lo es la prisión preventiva.

De eso dan cuenta, dicen fuentes del Ministerio Público, la misma posición que ha tomado frente al conflicto judicial que armó la defensa de Yáñez. En vez de oponerse y solicitar que se respetara el plazo acordado, decidieron “tomar palco”. Dicha señal, dice un fiscal de otra regional, da cuenta que “la Fiscalía no considera la libertad de los carabineros retirados un peligro para la seguridad de la sociedad y hay muchas más cautelares que aseguran su comparecencia a los actos del procedimiento”.

Otro juez consultado indica a además que no existe peligro de reiteración. “La prisión preventiva se debe fundamentar y acá, por ejemplo, ya ninguno es carabinero, por lo que no podían seguir desplegando la conducta que se le atribuye como omisiva”, dice. Lo que sí, advierte, es que los delitos por los cuales se formalizará a los uniformados en retiro son graves, ya que son reiterados.

El único querellante institucional que hay en este caso es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Consultadas fuentes del organismo si ellos solicitarán prisión preventiva, descartaron esa posibilidad, ya que explicaron que “si no está en los planes de la Fiscalía” tampoco lo está en el organismo.

Otros querellantes, pero particulares, como Luis Mariano Rendón, dijeron a La Tercera que sí solicitarán prisión preventiva. El abogado dijo que valora esta formalización “por las víctimas de violación a los derechos humanos, ya que tendrán por lo menos la esperanza de que los principales responsables del daño que sufrieron tengan castigo”.

La importancia de esta etapa judicial, afirma el profesional, se debe a que -a su juicio-, lo que está “en juego aquí es si solo van a ser sancionados la tropa, los mandos medios, o también van a tener que responder los principales jerarcas de la institución. Si vamos a tener la posibilidad de que en Chile no se siga cortando el hilo siempre por lo más delgado”.

Medidas cautelares que están en suspenso y que comenzarán a aclararse este martes cuando, desde la sala 103 C del Centro de Justicia, la Fiscalía exponga los antecedentes de casi cinco años de investigación en contra de Rozas, Yáñez y Olate.