Informe de consejo asesor del gobierno: las recomendaciones tras el 18-0

“Diagnóstico para una aproximación a la cohesión social en Chile y recomendaciones para fortalecer el aporte de la política social”. Así se titula un informe elaborado por el consejo asesor de cohesión social que conformó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en enero pasado.

La instancia se creó luego del estallido social del 18 de octubre de 2019 para generar una mirada integral de las razones que provocaron la crisis e incorporar la cohesión social a las políticas públicas. El consejo es presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UC, Eduardo Valenzuela; e integrado por el director ejecutivo de Techo, Sebastián Bowen; la investigadora del Centro de Estudios Públicos Sylvia Eyzaguirre; la presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, y el presidente de Comunidad de Organizaciones Solidarias, Rodrigo Jordán, entre otros. Y el trabajo lo concluyeron en septiembre, a través de un escrito de 103 páginas.

El viernes, la ministra Karla Rubilar le entregó el informe al Presidente Sebastián Piñera, quien instruyó a la titular de Desarrollo Social a crear de manera permanente una unidad de cohesión social en esa cartera.

“Atendiendo a las causas y consecuencias que reveló el estallido social del 18 de octubre de 2019, se decidió dar especial énfasis al fortalecimiento de la cohesión social en el país, considerando la relevancia que revisten aspectos tales como la confianza interpersonal e institucional, la calidad de los vínculos y de las redes de interacción social”, parte señalando el escrito.

En el texto se dice que de los 57 indicadores que contiene el Social Cohesion Radar, se identificaron y adaptaron a la realidad chilena 44 indicadores. Así, en el diagnóstico que hace el informe se señala que en los últimos 10 años algunos vínculos fundamentales para la cohesión social se han debilitado, por ejemplo, que las personas tienen menos amigos, cuentan con menos apoyo en caso de necesidad y un tercio de la población tiene una persona o nadie con quien hablar.

“La confianza institucional ha sido baja desde mediados de la década de los 90 y ha caído dramáticamente durante los últimos 10 años. Instituciones claves del orden político no superan el 5% de confianza en 2019”, dice el texto, agregando que “no se considera justo que el acceso a una buena salud y educación dependa de los ingresos”.

El documento, además, incorpora recomendaciones, entre ellas, desarrollar instrumentos de medición de la institucionalidad pública que capturen las distintas dimensiones de cohesión social y fijar una agenda de corto, mediano y largo plazo para implementar medidas perentorias para revertir los bajos niveles de cohesión social en Chile.

También se sugiere que en los diseños y evaluaciones presupuestarias se incorporen dimensiones no monetarias. Asimismo, se aconseja, frente a la baja participación electoral y la gran cantidad de elecciones que vienen, “asegurar la accesibilidad a los lugares de votación por medio del transporte gratuito”, y que “resulta esencial garantizar el voto de personas en situación de discapacidad, postradas, con movilidad reducida, personas mayores y personas privadas de libertad”.

Sobre el escrito, el presidente del consejo asesor señala: “Nuestro objetivo es que la cohesión social se convierta en un criterio transversal en el diseño y evaluación de las políticas públicas en nuestro país”.