Jefe de programa Ascar dice que siguió directrices de ministros de Justicia

Javier Lagos Rosales ingresó como coordinador del programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar), de la Subsecretaría de Justicia, en 2015. En un primer momento compartía roles con Mónica Posada. Sin embargo, tras la salida de la administradora pública, Lagos terminó siendo el encargado de la iniciativa, orientada en su génesis al mejoramiento de las residencias a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Tras el fin del programa en diciembre de 2016, el funcionario pasó a incorporar primero la Unidad de Concesiones del ministerio en calidad de reemplazo, para luego pasar en forma fija a la Oficina de Planificación y Presupuestos. Pese al fin de Ascar, hoy es el único imputado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, como presunto autor de malversación de caudales públicos. Esto, a raíz de la eventual administración pública diferente que se le dio a parte de los $ 3.100 millones destinados a contrataciones.

"Mi responsabilidad fue coordinar el programa para el cumplimiento de las metas y ello se cumplió, como lo prueba el conjunto de documentos que entregamos en forma periódica", señaló en respuesta a las consultas que le envió La Tercera vía correo electrónico.

Pese a los cuestionamientos que se han realizado al cumplimiento de los objetivos estimados en el proyecto, Lagos aseguró que los funcionarios a su cargo hicieron lo prometido: "Los profesionales visitaron todas las residencias en materias psicosociales, jurídicas, de infraestructura, prevención de riesgo, nutrición, capacitaciones a educadores de trato directo y profesionales de Oficinas de Protección de Derechos (OPD)". En este sentido, señaló que el trabajo de Ascar "permitió que el Estado, a través del Sename, destinara recursos para llevar a cabo la mejora de la calidad de las residencias de protección", y añadió que se logró crear un modelo de asesoría técnica, que fue trabajado en conjunto con Unicef y Sename en 2016.

De acuerdo con Lagos, todos los funcionarios contratados para la fiscalización de centros de menores cumplieron el rol por el que se les remuneraba. "Toda la gente que estuvo bajo mi coordinación hizo su trabajo de forma eficiente y eficaz", enfatizó, junto con sostener que los gastos en los que se incurrió para el programa "se hicieron conforme a los procedimientos establecidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

Incluso, señaló que hubo profesionales contratados para Ascar que habrían hecho el doble de labores por el mismo pago, dado que en "épocas de mayor exigencia" habrían trabajado en el programa y apoyaban en tareas en reinserción y rebajas de condena, por ejemplo.

"El programa se insertó en la estructura ministerial, bajo la dependencia de la División de Reinserción Social. No era un ente autónomo", explicó.

En esta línea, enfatizó que pese a la responsabilidad que hoy se le imputa, él era honorario como todo el resto de los funcionarios. "Llevamos a cabo los lineamientos y énfasis que nos indicaban los jefes de la División, según la instrucción de cada ministro o ministra de la cartera en su época, muchas veces con bastante recarga por las otras tareas que siempre supone un ministerio tan amplio como es Justicia".

El excoordinador de Ascar indicó no tener conocimiento de que se contrataran asesores de ministros o subsecretarios con recursos de Ascar. Lo mismo en el caso de posibles contrataciones por "favores políticos". "No vi nada en ese sentido. A las personas que fueron puestas bajo mi coordinación las hice trabajar al máximo, como a todos los profesionales que ya formaban parte del programa", aseguró.

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI ha tomado declaración a los 158 funcionarios de la iniciativa. Allí podrían existir relatos que ratificarían el mal uso o el no cumplimiento de funciones.

"Si alguna persona declara que no trabajó en Ascar y que le pagaron, que se haga responsable de sus dichos", señaló.

Lagos dijo tener confianza en que su declaración lleve al fiscal Emilfork a levantar el carácter de imputado que pesa en su contra. E indicó estar a disposición de declarar nuevamente.

"Con mi abogado queremos pedir al fiscal que me cite de nuevo y me dé acceso a otras piezas de la carpeta que no tengo, y estoy seguro de que cuando él pueda analizar completos todos esos datos, llegará rápido a la conclusión de que no tengo ninguna responsabilidad en actos que puedan ser considerados impropios", dijo.

Hasta el momento, han prestado declaración por la causa los subsecretarios que estuvieron a cargo del programa entre su inicio en agosto de 2013 hasta su término en diciembre de 2018. No obstante, aún se espera el llamado a los exministros José Antonio Gómez y Javiera Blanco.