Juan Ignacio Piña, defensa de ministra Tohá: “Asignar la situación de seguridad como infracción a los deberes, simplemente, no tiene sustento”

Casi 200 páginas tiene la contestación de la acusación constitucional (AC) presentada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. La autoridad, quien encabeza la estrategia contra la delincuencia del gobierno, respondió una a una las imputaciones integradas en el libelo ingresado por parlamentarios del Partido Republicano (PR), quienes han apuntado a que abandonó sus deberes constitucionales y de ley para garantizar la seguridad.

La respuesta de Tohá a su AC fue elaborada por su defensa, el abogado Juan Ignacio Piña, quien sostiene en entrevista con La Tercera, que la acción emprendida por los Republicanos es una “instrumentalización” de la medida constitucional, la cual a su juicio -además- se ha “deslegitimado”.

¿Cómo responde a la acusación en contra de la ministra y qué lo llevó a solicitar la cuestión previa?

La contestación de la acusación tiene efectivamente dos partes. Tiene una cuestión previa que básicamente se hace cargo de los efectos que tiene la acusación, ya que se debe considerar que esta es una acusación que no solamente es un mecanismo de control político y que eventualmente puede generar la destitución de un ministro, sino que también tiene consecuencias jurídicas muy relevantes. Por ejemplo, una inhabilitación absoluta por cinco años para desempeñar cualquier cargo público.

¿Eso qué implica, a su juicio?

Eso implica que las imputaciones que se hagan tienen que ser muy precisas, tienen que mostrar exactamente qué infracción se ha cometido, cuáles son las leyes que se han dejado de aplicar, cuáles son las contravenciones a la Constitución.

¿A su juicio, eso no está acá?

Eso básicamente no está aquí. La acusación tiene una descripción de los hechos, de la situación del país que todos conocemos y le atribuye a la ministra que su falta de diligencia o el incumplimiento de sus deberes es el que ha producido esta situación.

¿Pero la situación del país no es prueba de aquello?

Ha resultado particularmente ilustrador dentro de la jornada de este martes, las declaraciones, la comparecencia ante la comisión del general (r) Ricardo Yáñez, que viene saliendo del mando de Carabineros, y acaba de declarar que eso simplemente no es así. Que atribuirle la situación en la que nos encontramos en materia de seguridad a la ministra es profundamente injusto, lo dijo en la sala y después a todos los medios.

¿Qué significa para ustedes, como defensa, que él diga algo así?

Para nosotros es muy relevante que alguien que efectivamente estuvo a cargo de Carabineros durante muchos años, sea el que diga que esas infracciones no existen y que mucho menos es atribuible a ella esta situación de seguridad.

Pero si esto no tiene sustento, ¿la situación de seguridad del país no es una demostración de que se ha faltado a un mandato legal?

La propia acusación se ve en la obligación de reconocer que este es un proceso que ha trascendido a los gobiernos. Y, por lo tanto, termina reconociendo que hay ribetes de este proceso que se inicia en el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, y luego en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y luego en este. Entonces, probablemente eso precisamente da cuenta, por cierto, de un problema de Estado más que de gobierno. Y por eso ha sido muy interesante escuchar al general Yáñez explicando una a una todas las mejoras. Y hay que tener mucho cuidado al decir esto, porque no se puede entender como que está todo hecho y que no hay muchos espacios de mejora.

¿Y no hay posibilidades de mejoras?

Por supuesto que los hay, pero asignar la situación como infracciones de la ministra, a sus deberes, es algo que simplemente no tiene sustento.

Pero Republicanos dice que sí se han faltado a los deberes, los que detalla...

El gran problema es que la acusación ni siquiera es clara de decir, bueno, ¿cuáles son los deberes infringidos?, ¿qué es lo que debió hacer y no hizo?, ¿cuál es el deber constitucional que ella tenía y que no lo tuvo? La AC no dice, mira, ¿cuál es la ley concreta que ella dejó de ejecutar? No está. ¿Por qué no está? Porque básicamente es una crítica política. Y yo no tengo ningún problema que sea una crítica política, o sea, la política está para eso.

El asunto es que instrumentalizar una acción constitucional para producir una crítica política, eventualmente un cambio del gabinete y para qué decir, eventualmente para inhabilitar a una figura con proyección a un año de las elecciones. Es algo que simplemente inaceptable, precisamente porque es muy gravosa la pena que se asocia.

¿Considera que el hecho de que la ministra Tohá sea una posible candidata presidencial es la razón por la que la acusan constitucionalmente?

Tengo la sensación de que es un proceso un poco más complejo que tiene dos niveles. Uno, un deterioro en la valoración de las acusaciones constitucionales como mecanismo de último recurso. Eso es algo que de alguna manera ha tendido a trivializarse en los últimos años y es un problema del que deberíamos salir. Y si a eso le sumamos muchas veces necesidades de carácter electoral, que aquí ha pasado.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, en la propia acusación se dice que este es un mecanismo para conseguir un cambio de gabinete. Dice, si el presidente le pide la renuncia, no es necesario prosperar en la acusación, porque no queremos esa opción. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Queremos gobernar nosotros.

Las lógicas políticas me quedan un poco lejos, y el gran problema que tiene esto es que servirse de una institución como la acusación constitucional, que tiene consecuencias tan gravosas como una inhabilitación para que se inhabilite de cargos públicos durante cinco años, bueno, es equivalente a las penas establecidas en el código penal para los crímenes, la inhabilitación absoluta de los cargos públicos por cinco años.

¿Y el proceso, cómo lo ha visto?

La tramitación está siguiendo su curso. Nosotros teníamos 10 días para contestar, nos tomamos menos plazo porque nos interesaba que esto se trate de resolver del modo más expedito posible, la comisión está sesionando en este minuto y tiene seis días de plazo. No sé si se tomará todo el tiempo o menos, como hicimos nosotros, eso es una definición de ellos. Yo tengo la sensación de que las comparecencias de este martes son bastante ilustradoras respecto de que es difícil sostener esta acusación.

¿Como defensa, considera que la oposición presentó esta acusación porque se vienen las elecciones municipales?

Yo no sé si hablar de la oposición. Lo que nosotros tenemos aquí es la presentación de un grupo de diputados de un partido. Y bueno, me imagino que la oposición después tomará postura, pero no me atrevo todavía a asignarle esto a la oposición. Vamos a ver.

¿Entonces, cree que el Partido Republicano presentó la AC como que se vuelva un tema como factor electoral?

O sea, podría ser ese partido el que estaría buscando más bien un fin electoral, el hacerlo tema, me refiero, pero los tiempos son indiciarios. Es decir, una acusación en este momento, a un mes de las elecciones, incorporando en su citación a un número muy relevante de personas, de tal manera que dure un tiempo, bueno, es un poco elocuente.

Republicanos lo ha acusado de responder con “copy paste” la acusación. ¿Cómo responde a aquello?

No en todas las contestaciones se reinventa la rueda. Hay muchas cosas que ya se han dicho y muchas cosas por lo tanto que tienen poco sentido tratar de hacerlo todo de nuevo. A mí lo que me llamó la atención es que se haga este escándalo por esas 16 páginas de nuestras 194, sin mencionar que aquellos tienen 27 páginas dentro de las 94, es decir, el 30% ellos. Pero ese no es el punto, el punto es que yo tampoco espero de ellos que inventen o reinventen la rueda y si han escrito acusaciones constitucionales antes y quieren sacar unos párrafos de ahí, es absurdo transformarlo en un problema. Hasta los contratos tienen cláusulas de estilo.