Justicia propone creación de nuevo consejo de nombramientos de jueces

Una minuta de 11 páginas elaborada por el Ministerio de Justicia resume la reforma al sistema de nombramiento de jueces que pretende llevar adelante el gobierno. La iniciativa propone cambios en el sistema que permite elegir a los 147 magistrados que integran las cortes de Apelaciones y los 1.564 jueces de primera instancia. La designación de los 21 integrantes de la Corte Suprema no sufrirá grandes modificaciones, salvo establecer la realización de audiencias públicas para los integrantes de la quina, algo que hoy no ocurre.

En el documento, que data de abril de este año y al que accedió La Tercera, se propone la creación de un Consejo Nacional de Nombramientos que estará a cargo de la nominación final de los magistrados. Hoy, esa facultad recae en el Presidente de la República, quien elige de ternas propuestas por el Poder Judicial (ver infografía).

Para la conformación y dependencia del nuevo consejo, el gobierno trabaja dos propuestas. La primera crea un consejo autónomo por orgánica constitucional formado por cinco miembros, electos por el Presidente de la República, el Senado, el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), una asociación gremial de jueces y las facultades de derecho. El Consejo llama al concurso y selecciona las primeras 10 calificaciones, de las cuales el tribunal respectivo nomina una terna: la Corte Suprema, en el caso de ministros de segunda instancia, y la Corte de Apelaciones cuando se trate de jueces letrados. Las ternas serán elegidas por "acuerdo fundado" y el Consejo elige finalmente al juez.

En la segunda propuesta, el Consejo depende de Justicia, es presidido por el ministro y tiene dos integrantes más: un representante de la ADP y otro de las facultades de derecho de las universidades del Consejo de Rectores. En esta propuesta, el concurso es realizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que elige a los 10 candidatos para la terna final. El Consejo resuelve la nominación.

Esta reforma viene siendo trabajada desde el año pasado, pero adquirió mayor premura tras el caso Rancagua, donde tres jueces son indagados por prevaricación y tráfico de influencias. El gobierno anunció que la reforma incluirá también modificaciones al sistema de designación de los fiscales.

Independientemente de los dos modelos, las propuestas tienen varios factores comunes. Uno de ellos es la "prohibición expresa de recibir a los postulantes en audiencias privadas y de comunicación privada" en relación a los concursos. Justicia propone eliminar al postulante que incumpla esta restricción, así como sanciones al ministro que acceda a los encuentros. La influencia en las designaciones de jueces de las audiencias privadas y las gestiones de operadores judiciales volvieron a la discusión pública a raíz de la designación de Dobra Lusic a la Corte Suprema, por cuya postulación hizo gestiones el notario suplente de San Miguel, John Campos.

El gobierno quiere incluir también al Poder Judicial en las regulaciones de la Ley de Lobby, aplicándola a los ministros y fiscales judiciales de las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Esto obligaría a los magistrados a publicar el detalle de sus reuniones y audiencias, los viajes que realicen y los regalos que reciban.

Un paso en ese mismo sentido ya dio la Corte Suprema, que ordenó el 9 de mayo a todos los jueces del país llevar una agenda pública.

La proposición, según fuentes de gobierno, fue presentada al Presidente Piñera, quien pidió una nueva mesa de expertos para modificar algunos aspectos de la reforma al ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En tanto, el Ministerio de Justicia declinó comentar la propuesta a La Tercera.

La presentación fue enviada el 30 de abril a distintos organismos que integraron la mesa que discute desde 2018 el sistema de nombramientos. La Asociación de Magistrados respondió al gobierno en un documento de 12 páginas, en el que propone que el Consejo esté integrado por 11 miembros, cinco de ellos jueces. El principal reparo, sin embargo, apunta a la elaboración de ternas. "La única manera de asegurar independencia interna para los jueces de grado es la derogación del sistema de elaboración de las ternas por parte de los tribunales superiores de justicia y traspasar las labores de selección de jueces y juezas a un Consejo de Nombramiento", dice el texto. Los jueces agregan que "en el estado actual de las cosas, no existe ningún mecanismo capaz de asegurar la completa omisión de intentos por influir de manera indebida en la selección de los postulantes". El jueves, en entrevista con Radio Duna, el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, manifestó estar "bastante decepcionado" de la propuesta. "No hay voluntad política de hacer un cambio radical. El punto esencial es generar un órgano autónomo excluyendo a las cortes de este poder".

Una opinión similar tiene el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja). "Los eventos ocurridos en la Corte de Apelaciones de Rancagua muestran los peligros de la dependencia de la judicatura del primer grado en favor de la magistratura superior en la conformación de las ternas", dice el texto con sus comentarios a la reforma.

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