La Araucanía: hechos de violencia rural entre enero y julio aumentaron en 30%

La tensión en la llamada Macrozona Sur, que integran las regiones de La Araucanía, sur del Biobío y Los Ríos, sigue al alza. Este miércoles se registraron nuevos incidentes y la toma de la Municipalidad de Tirúa. La petición de los 11 comuneros presos que mantienen una huelga de hambre desde mayo, de conmutar la cárcel por arresto domiciliario total mientras dure la pandemia, sigue siendo un punto complejo para la autoridad.

Todo este escenario no solo preocupa a La Moneda, sino que también al Ministerio Público, producto del aumento de un 30% en los hechos de violencia rural en La Araucanía, según expuso el martes el fiscal regional de esa zona, Cristián Paredes, ante la Comisión de Seguridad del Senado.

En la instancia, que fue convocada por el senador PPD Felipe Harboe, también participaron el fiscal nacional, Jorge Abbott; el ministro del Interior, Víctor Pérez; el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli; la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, y el general director de Carabineros, Mario Rozas.

En la cita, el fiscal Paredes sostuvo que “en el último periodo hemos visto un incremento que supera el 30% de los hechos más graves relacionados a violencia rural, pero también es cierto que la fiscalía ha aumentado su nivel de eficacia, en torno a determinar responsabilidades penales (...)”.

Agregó que “buena parte de los últimos atentados que han acontecido en la región y en el Biobío, particularmente en la zona de Arauco, expresan como causa última la reivindicación de los llamados presos políticos mapuches, y con nombre y apellido, que corresponden a las personas que están privadas de libertad por delitos que son bastante graves”.

Entre las personas en huelga de hambre hay imputados y condenados por homicidio, robo, ataques incendiarios, robo con violencia y manipulación de artefactos incendiarios. El más conocido es el machi Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, de 2013.

Respecto de los hechos de violencia, julio fue uno de los meses más complejos, según reconocieron en el Ministerio Público, ya que se agudizaron las huelgas de hambre de los comuneros presos. También se informó que entre 2019 y 2020, solo en La Araucanía, hay 11 personas condenadas en la cárcel y 21 imputados en prisión preventiva por hechos asociados a violencia rural.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, sostuvo que, efectivamente, las cifras de atentados pueden haberse disparado respecto del año anterior, dado que “julio ha sido extremadamente violento, particularmente por los ataques reivindicatorios de las personas que están presas. No se entiende mucho el foco de tanta violencia; cuando se pide la libertad de personas que están condenadas por un poder del Estado”.

En Arauco, Región del Biobío, también se ha visto un aumento de los delitos de violencia rural. La fiscal regional, Marcela Cartagena, sostuvo que “tenemos un fenómeno que se desarrolla durante los años, pero creo que vale la pena llamar la atención de esta comisión y de Interior, en que este año 2020 se ha exacerbado de manera importante. Hemos tenido atentados explosivos que no habíamos visto antes” (ver nota en pág. 3).

Para el fiscal Paredes “esto es como un deja vu. Cada vez que se logra avanzar investigativamente, y en la eficacia en las causas a nuestro cargo, se produce una oleada de violencia y una serie de presiones a la autoridad política. Eso es así. Tenemos diversos antecedentes sobre esa materia”.

El fiscal Abbott, en tanto, indicó que “las acciones que realizan las personas que cometen delitos tienen respaldo en ciertos actores importantes de la comunidad. Por lo tanto, mientras no se solucione el problema de fondo, es muy difícil poder solucionar este conflicto”.

De momento, el nudo más inmediato parece ser la huelga de hambre de los comuneros presos. Por lo mismo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, expresó su voluntad de conversar con algunos representantes de los internos.

“Los he invitado personalmente a un diálogo este viernes (mañana), para poder conocer sus puntos de vista, sobre qué hay que modificar del régimen penitenciario y cuál es su petitorio”, dijo en el Congreso. Sin embargo, el titular de Justicia destacó que “el único petitorio que conocemos de quienes están en huelga de hambre en Angol contiene peticiones que son imposibles de resolver por nuestro ministerio y algunas ni siquiera por el gobierno. Por ejemplo, piden la devolución de tierras ancestrales. Eso escapa a la acción de un ministerio o gobierno, es una cuestión del Estado. O la libertad de todos los presos mapuches; eso tampoco está en el ámbito del gobierno”, destacó.

Entre los voceros invitados al diálogo están el lonco Víctor Queipul y los werkenes Rodrigo Curipán y Daniel Melinao, quienes se reunieron este martes, en la Gobernación de Malleco, con el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela.

Este miércoles, en tanto, los comuneros que se encuentran detenidos en la cárcel de Angol dejaron de beber líquidos, iniciando una huelga de hambre seca, por lo que calificaron como “la nula voluntad política del gobierno de establecer una mesa de alto nivel político para garantizar la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT en el sistema de justicia chileno”.