La arremetida de las agrupaciones de DD.HH.

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Protesta frente al Palacio de Tribunales, el 1 de agosto. Foto: La Tercera/Archivo

La decisión de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad causó molestia entre estas organizaciones. Una situación que, tras un encuentro realizado el fin de semana en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se profundizó luego de conocer los informes sicológicos de estos reclusos, en los cuales no manifestaban arrepentimiento.


"Ninguno de los condenados cumple con estos requisitos (para obtener beneficios carcelarios)", aseguraron representantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y agrupaciones de familiares de víctimas de estos delitos.

La decisión de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad causó molestia entre estas organizaciones. Una situación que, tras un encuentro realizado el fin de semana en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se profundizó luego de conocer los informes sicológicos de estos reclusos, en los cuales no manifestaban arrepentimiento y tampoco conciencia por el delito cometido.

Consultado al respecto el abogado de derechos humanos Roberto Garretón, señaló que "no hay duda que no hay arrepentimiento. Los condenados se sienten orgullosos de lo que hicieron: 'Hicimos lo que teníamos que hacer y ahora nos meten presos' (...). Vamos a una situación muy grave".

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, indicó que "aquí lo que se ha cometido es un actuar que nos hace recordar los años de la dictadura", y que "los condenados por lesa humanidad no pueden ser evaluados por la misma vara que los delitos comunes, es inaceptable esa determinación".

Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, "la gravedad es que (la Corte Suprema) desconoce la resolución de la Comisión de Libertad Condicional, que señaló que no eran merecedores de beneficios. También estas son resoluciones que atentan gravemente contra principios y normas expresas sobre derechos humanos, de carácter internacional, pero que son obligatorias para el Estado chileno. Esto pone a Chile en una situación muy delicada en el ámbito internacional", dijo.

Para el abogado constitucionalista Fernando Atria, y parte de la Fundación Casa Común, el Estatuto de Roma -que juzga y condena individuos por crímenes de lesa humanidad- "tiene un peso y una importancia tanto en el sistema jurídico nacional como en la conciencia moral de la humanidad": "Creo que es un error de la sentencia que ese tipo de cuestiones no sean tomadas en cuenta", afirmó.

Además, señalaron que recurrirán a instancias internacionales e iniciarán gestiones para generar las voluntades políticas para acusar constitucionalmente a los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema.

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