La imputación de la fiscalía contra Ossandón en cinco pasos

Tras un año y nueve meses desde que el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, denunciara a su primo, el senador Manuel José Ossandón, por presunto tráfico de influencias, la fiscalía lo formalizó este miércoles por este delito. Su familiar lo acusó de intervenir a favor de Cavilú, la empresa de su hijo Nicolás, en el marco de un millonario negocio de extracción de áridos en el río Maipo. Desde 2009 que había un convenio entre las municipalidades de Pirque y Puente Alto que regulaba la entrega de permisos para la extracción de áridos por parte de particulares. Ambos municipios se repartían lo recaudado por la mitad. Pero tras discrepancias, en marzo de 2017 Pirque terminó con la administración conjunta.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, dijo en esa oportunidad que, pese al término, había una concesión vigente con Cavilú, tras adjudicarse una licitación pública el 7 de enero de ese año. Según el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, Cavilú debía comenzar la extracción cuando tuviera aprobada su evaluación de impacto ambiental y el incumplimiento facultaba a los alcaldes a caducar la concesión. Como aún no tenía la autorización, el 2 de enero de 2018 Cavilú pidió a Puente Alto una prórroga para obtener los permisos. Pero Pirque rechazó la prórroga. Fue entonces cuando, de acuerdo al Ministerio Público, comenzaron las gestiones del senador Ossandón.

“El senador tiene la decidida intención de demostrar lo errado e injusto de esta imputación”, dijo su abogado, Samuel Donoso.

El tribunal dio 90 días de investigación, tiempo en que la fiscalía espera que lleguen los movimientos de su cuenta bancaria. Luego, si el Ministerio Público decide acusarlo, pedirá su desafuero.

Según la fiscalía, el 5 de octubre de 2017, Ossandón expuso sobre la conveniencia de permanecer en la administración conjunta al concejo municipal de Pirque, luego de que en marzo de 2017 el alcalde Balmaceda comunicara que no seguiría en este sistema. De acuerdo al fiscal, el senador esa vez también se comprometió a interceder con el alcalde Codina para que pagara una deuda a Pirque. Guerra indicó que esto ocurrió cuando su hijo Nicolás era accionista de Cavilú, única concesionaria de extracción de áridos bajo la administración conjunta a esa fecha. Según el fiscal, Ossandón “ejerció influencias sobre el concejo y el edil de Pirque” para dar interés a su hijo.

El 23 de mayo de 2018, Codina pidió al municipio de Pirque extender la prórroga que requería Cavilú, ya que aún no contaba con las autorización ambientales. Pirque la rechazó. Así, de acuerdo a la fiscalía, el 13 de junio de 2018 Ossandón le pidió al alcalde Balmaceda que revirtiera la decisión adoptada y aceptara la prórroga. En ese momento, el hijo del senador ya era parte de la empresa Cavilú. “Ossandón ejerció influencias sobre el alcalde de Pirque con el fin de dar interés a su hijo Nicolás Ossandón para que dicha autoridad municipal aceptara la prórroga del plazo que requería Cavilú para obtener sus permisos ambientales”, señala la fiscalía.

Ante la solicitud de Ossandón de darle más tiempo a la empresa de su hijo, Balmaceda le dijo que Puente Alto le adeudaba dinero a Pirque por los derechos de la administración conjunta. Luego, el 22 de junio de 2018, Ossandón le entregó a Balmaceda un oficio listo para firmar, que revertía la denegación de la prórroga para Cavilú y le dijo que Pirque recibiría en compensación dinero por un terreno que la empresa había ofrecido. Además, le dijo que se encargaría de que Puente Alto le pagara la deuda y así fueron remitidos a Pirque dos cheques girados por Puente Alto por $ 50 millones. Después Ossandón volvió a pedirle a Balmaceda que aceptara la prórroga.

Según el fiscal, en agosto de 2018 Ossandón llamó por teléfono al concejal de Pirque Patricio Domínguez y le pidió que recibiera en su oficina a su hijo para que hablaran sobre la prórroga que necesitaba Cavilú. Domínguez le dijo que lo hiciera a través de la Ley del Lobby y se juntaron el 23 de agosto de ese año. Ahí, Ossandón hijo le requirió aprobar la prórroga.

También en 2018, dijo Guerra, Ossandón se reunió con la concejala María Inés Mujica e intentó convencerla de que la prórroga era positiva. Todo esto se hizo antes de la votación del concejo de Pirque, el 18 de octubre de 2018, sobre esa materia.

Antes de que el concejo se pronunciara sobre la extensión de la prórroga en octubre de 2018, Balmaceda recibió WhatsApp de Ossandón. Estos mensajes, según los fiscales, fueron “en tono amenazante (...), advirtiéndole que revirtiera su decisión de negarle la extensión de la prórroga, de lo contrario se contactaría con autoridades para que lo investigaran penalmente”. Los WhatsApp decían “quiero que sepas que lo que advertí va en serio”, y “debes estar muy contento, tienes una nueva víctima de 23 años”. De acuerdo a la fiscalía, esas expresiones “demuestran que Ossandón sabía que su hijo formaba parte de Cavilú”.