La reservada diligencia de la PDI en la Subsecretaría de Prevención del Delito: Martorell entregó su celular y presentará querella contra empresa que la denunció

Dos días tomó una reservada diligencia de la Brigada Anticorrupción de la PDI en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se trató de la recopilación de información sobre el proceso de licitación para la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros por más de $ 378 millones, donde una de las empresas que perdió el concurso interpuso una querella contra la entidad de gobierno y la jefa de la cartera, Katherine Martorell.

Una vez presentada la acción legal por la empresa Pegaso, esta fue acogida a trámite y remitida para ser investigada por la Fiscalía Centro Norte. El caso lo tomó el fiscal Francisco Ledezma, quien el 26 de julio determinó que la PDI fuera a requisar información sobre el proceso de compra y adjudicación de las cámaras. La subsecretaría decidió que los antecedentes se entregaran a los investigadores de manera voluntaria.

La magnitud de la diligencia llevó a que se realizara en dos días, donde se hicieron copias de información de todos los computadores de la subsecretaría, se requisaran dos cámaras licitadas y se analizaran, incluso, los teléfonos de los funcionarios que estuvieron a cargo del proceso.

El caso ha golpeado a Martorell, quien ha sido una de las autoridades con mejor evaluación dentro del gobierno en medio de la crisis sanitaria. Por lo mismo, cuentan desde su círculo más cercano, presentará una querella contra la empresa por el delito querella calumniosa y pedirá una compensación económica, para que estos fondos sean puestos a disposición de personas necesitadas.

Consultada la subsecretaria sobre la investigación y esta diligencia, sostuvo a La Tercera PM que “estoy muy interesada en que esta investigación termine rápido para que se demuestre que acá no hubo nada irregular, ni menos ilícito. Las platas del Estado son sagradas y acá nadie ha tratado de vulnerar la normativa de compras, ni las disposiciones legales y penales”.

La PDI pudo revisar los celulares de todos los funcionarios que participaron del proceso, incluso, Martorell entregó su teléfono personal para que se extrajera la información necesaria. Además, la policía tuvo acceso a los antecedentes financieros del proceso.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) entró también a la causa. Esta vez como representante de la subsecretaría en el Tribunal de Compras Publicas, hasta donde hizo llegar los descargos de Prevención del Delito.

Lo que pide la empresa reclamante es retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de las propuestas, fase en la que la empresa adjudicataria -Motorola Solutions Chile S.A.- debiera ser excluida por cuanto -a juicio de los querellantes- se encontraría fuera de bases.

Sin embargo, el CDE, entre otros aspectos del área técnica, expuso que “se equivoca la demandante al señalar que existió un vicio de ilegalidad o arbitrariedad en la adjudicación de marras, toda vez que, tal como se demostrará en la oportunidad procesal correspondiente, no presentó los antecedentes necesarios para poder ser evaluada, tal como se exigía en el apartado 5.2 de las Bases Administrativas y que en forma expresa radicó en los participantes la responsabilidad de entregar todos los antecedentes que permitieran la evaluación adecuada de sus ofertas. Justamente, el análisis previo del órgano evaluador concluyó que las propuestas presentadas por los proveedores Raylex Representaciones y Servicios S.A.; CTS Global SpA; The Pegasus Group Company S.A.; DRV Ingeniería SpA; INCOTEL S.A., y; por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., no cumplían las exigencias mínimas previstas en las bases de licitación que, respecto de cada oferente, se consignó en el Acta de Evaluación”.

Por lo mismo, rechazó la posibilidad de dejar el proceso en cero. “Acceder a la petición de la demandante y disponer que se retrotraiga el estado del proceso hasta antes de la etapa de evaluación de las ofertas resultaría completamente inoficioso ya que, como se indicó, el contrato ya ha surtido sus efectos, habiéndose ejecutado la prestación principal, consistente en la entrega de las cámaras, dockers y demás accesorios. Lo contrario, implicaría revocar un acuerdo de voluntades válidamente suscrito con un tercero de buena fe, afectando los derechos ya adquiridos por éste, cuestión que nos parece inadmisible”, señalaron en el escrito.