Ley corta de isapres: ministra de Salud evita comprometer plazo para su envío, pero entrega nuevos detalles del proyecto

Los últimos no han sido días fáciles para la ministra de Salud, Ximena Aguilera. A exactas seis semanas de que se cumpla el plazo que definió la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, aún no hay un acuerdo entre los actores oficialistas en el plan a aplicar.

De hecho, la primera propuesta que Aguilera presentó a La Moneda la semana pasada recibió un portazo sin dobles lecturas, ya que varios miembros del comité político le advirtieron que no compartían los ejes del proyecto de ley corta elaborada por el equipo del Minsal.

Este lunes, y luego de que el Ejecutivo interviniera su propuesta sobre de ley corta de isapres, la titular de la cartera asistió a la Comisión de Salud del Senado para informar acerca de los plazos y lineamientos de esta iniciativa legislativa.

“La ministra nos ha pedido venir expresamente por el interés que el Ejecutivo tiene en que el Senado conozca exactamente el punto en que estamos respecto del proyecto de ley corta de isapres”. Esa fue la introducción con que el presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), inició la conversación, donde fue consultada, principalmente, por el retraso en la presentación del proyecto legislativo para implementar el fallo.

Y aunque no formaba parte del proyecto legislativo, el que no precisaba un monto, uno de los nudos principales fue el porcentaje que la cartera calculaba para eximir de pago de estos cobros en exceso a las aseguradoras de salud. Si de acuerdo a los cálculos preliminares -en el peor de los escenarios- las aseguradoras deberían devolver 1.400 millones de dólares, la proyección que Aguilera presentó la semana pasada al oficialismo bajaba este monto a US$ 140 millones, lo que implicaba una rebaja de 90%.

Esto, de hecho, también fue abordado por la titular de Salud, quien explicó que desde el punto de vista legal, el fallo de la Corte Suprema no permite formas de cálculo. “Como Ejecutivo estamos obligados a estar dentro de los límites que define el fallo, es un tema bien relevante. El fallo es taxativo en el impacto financiero en relación a los contratos. Aquí no hay una negociación de cuál es el monto, están dados por el fallo”, dijo.

Los senadores ahondaron en su preocupación por los tiempos y le solicitaron a la secretaria de Estado que defina cuanto antes los plazos, pues en primera instancia se había dicho que a principios de marzo se ingresaría el proyecto, lo que no ocurrió. Sin embargo, no hay luces de que ello suceda en estos días y desde la cartera han asegurado que no descartan solicitar más tiempo a la Suprema para buscar vías de aplicación.

En ese contexto, Aguilera reiteró que la presentación del proyecto será “pronto, cuando esté totalmente revisado”, añadiendo que “hay otras urgencias en el Ejecutivo, así que nosotros estamos a la espera de que se termine de revisar para presentarlo, así que lo más pronto posible, porque la arquitectura está bastante definida, solamente son temas de detalles los que se están viendo”.

Y si bien reconoció que como gobierno se habían comprometido a tener un proyecto durante marzo, también recordó que las isapres congelaron su participación en la mesa y luego decidieron volver, factor que, según su explicación, incidió en el retraso.

“Esto evidentemente significó... Nosotros ya teníamos bastante definido el proyecto en cuanto a la mitigación, respecto del tema del fallo, respecto de los plazos. Y al sentarse ellos nuevamente a la mesa entregaron las cifras y presentaron también una propuesta que tuvimos que analizar en su mérito”, expresó. Sin embargo, indicó, “esa propuesta fue desestimada del punto de vista jurídico”.

Uno de los principales objetivos de la visita de la ministra a la comisión del Senado era entregar nuevos antecedentes de la propuesta legislativa para implementar el fallo de la Corte Suprema, incluyendo distintas medidas en el escenario de que las aseguradoras caigan en insolvencia.

“Se va dotar a la Superintendencia (de Salud) de las facultades que carece y que son necesarias para implementar las instrucciones de la Corte Suprema. Se adecuarán las normas del sistema privado ante la insolvencia y se fortalecerá Fonasa. Esos son los objetivos principales de la propuesta”, dijo al respecto la jefa de la cartera sanitaria. Junto con ello, añadió el “facultar a la superintendencia para que, en caso de insolvencia, designar de forma más oportuna a un administrador previsional de manera que prevenga una posible quiebra”.

En ese contexto, explicó que la ley corta mandataría a las isapres a informar en seis meses el número de contratos afectados por las devoluciones y el monto total de la deuda, para luego proponer un plan de pago. Al mismo tiempo, señaló que se creará un comité de expertos para revisar esta propuesta y definir los tiempos. También aclaró que no se permitiría el retiro de utilidades por parte de las aseguradoras hasta el pago total de las deudas con los afiliados.

Otro de los objetivos de la propuesta es fortalecer la Superintendencia de Salud y Fonasa. En ese orden detalló que la primera institución podría revisar el aumento de las primas GES, considerando que la Suprema emitiría un fallo sobre el aumento unilateral de estas primas, así como la tabla de factores, temas que se han judicializado.

También expuso que para fortalecer a la aseguradora pública se creará la modalidad de libre elección con cobertura adicional al que accederán los afiliados B, C y D, pagando una prima plana gestionada por Fonasa, con la cual se podrá acceder a prestadores privados a precios preferenciales. Además, Fonasa podría instruir para derivar pacientes a prestadores privados en el caso de patologías no GES. Esto frente a la posibilidad de una mayor migración de personas de isapres a Fonasa.