Desde mediados de 2019 y hasta marzo pasado, la Gobernación Provincial de Rapa Nui ha sancionado a 20 personas por haber incumplido la Ley de Residencia y Permanencia en la isla, que regula el ingreso y la estadía de quienes visitan Rapa Nui, con miras a revertir los daños medioambienteles generados por el crecimiento demográfico que ha presentado la isla.

“Las causales, en general, refieren a personas que ingresaron a la isla como turistas, pero permanecieron más de 30 días”, explica René de la Puente, gobernador de la provincia de Rapa Nui.

Todos los procesos sancionados hasta ahora han terminado en multas, algunas por encima de los $ 10 millones. Y en los casos más extremos, los infractores quedaron impedidos de ingresar nuevamente a la isla.

“Cuando comenzamos a analizar los primeros casos había multas millonarias, por sobre los $ 10 millones. Pero también tenemos otros en que las multas bordean los $ 500 mil o $ 600 mil”, dice De la Puente.

Según establece la legislación vigente desde el 1 de agosto de 2018, la multa por quebrantar el tiempo máximo de permanencia en la isla -que es de 30 días- aumenta de tres a 10 UTM “por cada día de permanencia sin autorización”. Por eso, el valor de la multa no es el mismo para todos.

Asimismo, De la Puente comentó que las primeras sanciones “fueron notificadas, y conforme a la ley, entiendo que en dos o tres casos ya pasaron los períodos de pago y, por lo tanto, se deriva al juez de policía local. Con esa derivación (al juzgado), eventualmente podrían terminar, incluso, en arresto”.

La Ley 21.070 regula los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia Isla de Pascua. Además, establece que turistas chilenos y extranjeros pueden permanecer en el territorio por un máximo de 30 días, y detalla las condiciones que habilitan a una persona para residir por más tiempo, o de forma permanente, en Rapa Nui.

En este contexto, en mayo de 2020, la isla superó la carga demográfica “óptima” y fue declarada en estado de “latencia”, con nuevas restricciones para ingresar y permanecer en el territorio insular. Así, se prohibió a los turistas celebrar contratos de trabajo y la renovación de contratos a plazo fijo, entre otras medidas.

Como resultado de las fiscalizaciones, la Gobernación Provincial de Rapa Nui ha cursado 253 procedimientos sancionatorios en contra de personas que han incumplido esta normativa. Y, aparte de las 20 ya multadas, hay otras 125 causas abiertas, 45 están por iniciarse y 63 que no cumplieron los requisitos de admisibilidad.

De las causas que están en proceso, la mayoría (86) refiere a la misma causal: permanecer más tiempo del permitido en la isla. En estos casos destacan algunas personas que cambiaron su condición habilitante, pero no sabían que tenía la obligación de informar. Por ejemplo, una continental que se casó con un rapanui y no dio cuenta de ello en la gobernación.

Otros 30 procedimientos se han cursado contra empleadores o trabajadores que han celebrado contratos de trabajo durante el período de latencia en que se encuentra la isla. Y también hay indagatorias a personas que perdieron su calidad habilitante para permanecer en el territorio. Esta última infracción “es muy recurrente. Si a ti te desvinculan (de un trabajo) tienes un plazo para hacer abandono de la isla. Lo mismo si es que cambia una convivencia de hecho (con un rapanui), eso también nos ha tocado harto”, explica Bárbara Azócar, abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En el período, además, se han abierto 14 causas por presentación de documentación falsa en el ingreso a la isla.

El pasado jueves 22 de abril un grupo de rapanuis protestó en el aeropuerto Mataveri e impidió que trabajadores que acudían a construir viviendas sociales del Serviu descendieran del avión.

Uno de los temores de la Nación Maohi Rapa Nui Ngavi’e, que lideró la manifestación, es que lleguen personas contagiadas de Covid-19 a la isla, que se mantiene sin casos desde septiembre de 2020. Finalmente, producto de la protesta, los funcionarios tuvieron que regresar al continente, Latam suspendió temporalmente su servicio carguero y el gobierno se querelló contra 10 rapanuis.

Sin embargo, estos trabajadores estaban habilitados para trabajar en la isla según la Ley de Residencia.

Para Ruth Pakomio, vocera de la Nación Maohi Rapa Nui Ngavi’e, la normativa “es nefasta, porque nosotros estábamos pidiendo una ley de control migratorio. Pero el Estado no lo tomó en consideración y hoy tenemos una sobrepoblación de inmigrantes, de todas las naciones. Estamos saturados”.

Francisco Haoa, integrante de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), dice que “hay errores en el diseño de la ley. Hay que modificarla en algún momento. En este tiempo que estamos sin turismo, y que la isla está en estado de latencia, pensamos que bajarían los índices, como la cantidad de basura o la llegada de vehículos. Pero en ese tema, cero. Para bajar los índices faltan las inversiones que se comprometieron: implementación del tratamientos de basura y residuos, y estudios para regular los taxis o vehículos escolares”.

Haoa añade que “queda la sensación de que cuando se retome el turismo volveremos a los mismos problemas de antes, cuando faltaban recursos para fiscalizar. Después de dos años no hay expulsados. Las sanciones que existen son a personas que se detectaron a la salida del aeropuerto, y que ahora no pueden volver a la isla. Ese es el reclamo, una ley que se creó, pero que en la práctica no hace mucho”.

A su vez, el alcalde Pedro Edmunds sostuvo que la implementación de la ley “es mala. Es más, no hay implementación. Lo que hay es una improvisación. Cuando se promulga esta ley no se consideraron recursos para evitar que la isla entre en estado de latencia y sacarla de la saturación en el que se encontraba. Así, esta ley entró a castigar a la isla más que ayudarla”.

El edil explica que el tema de la basura, por ejemplo, es clave. “Eso en la isla está saturado, hoy día es un cerro de basura. La ley de Residencia se basa en dos fundamentos: el resguardo de los recursos naturales y los recursos no tangibles, que es la cultura rapanui. He enviado varios oficios al Ministerio del Interior, pero ninguno ha sido respondido y solicitado recursos para un proyecto de inversión, pero el Gobierno se ha negado”.

Según detalló el Ministerio del Interior, la mayoría de las infracciones a la Ley de Residencia son detectadas por la Policía de Investigaciones (PDI). En la isla, la institución está compuesta por 19 funcionarios, entre oficiales y personal administrativo, que se desempeñan en el área de Extranjería y Policía Internacional, Brigada de Investigación Criminal y Sección Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural.

Consultada sobre su quehacer en el cumplimiento de la normativa, la PDI informó que “en el periodo de pandemia hemos desarrollado nuestra gestión en las áreas de servicio, destacando entre algunas de ellas las fiscalizaciones, que incluyen análisis y cruce de información, las que se han mantenido de manera constante”.

En los próximos meses, y a partir de algunas de las causas que están en curso, Interior proyecta el decreto de las primeras órdenes de abandono de la isla. En general, los procedimientos sancionatorios tienen una duración de entre cuatro y seis meses.