Los argumentos a favor y en contra para excluir a RD en causa que indaga traspasos de fondos a Democracia Viva

En el Juzgado de Garantía de Antofagasta se discutió esta mañana la exclusión del partido Revolución Democrática de la causa donde se investiga el traspaso de fondos, de forma presuntamente irregular, desde el Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

El partido, presidido por el senador Juan Ignacio Latorre, figura como querellante en la causa, lo que ha sido criticado desde algunos frentes, como por ejemplo por Republicanos y también por el senador PS Fidel Espinoza.

En la primera audiencia de este caso, que destapó una serie de otros traspasos de organismos públicos a fundaciones, el abogado de Republicanos, Sergio Rodríguez, entregó sus argumentos de por qué RD debería quedar fuera de la causa. “El partido político como tal no es igual que una persona natural y no es igual que una persona jurídica de derecho privado. Los partidos políticos se arreglan por la Ley 18.603, la Ley Orgánica Constitucional de los partidos políticos”.

Por otro lado, apuntó contra el presidente de la colectividad oficialista. “El senador señor Latorre. Todos hemos sido testigos cómo en su primera declaración del día 20 de junio habla de ‘error político, no hay nada irregular, falta de criterio’. Esas fueron las primeras declaraciones de quien hoy ocupa el rol de querellante”.

En ese mismo sentido, el abogado Sergio Coronado, quien representa al senador Espinoza, también querellante en la causa, adhirió a lo solicitado por Rodríguez. Con todo, el otrora fiscal dijo que “no era compatible” la posición de querellante de RD en la causa. Para argumentar su posición, citó dichos de Latorre en una nota de este medio, donde el senador reconocía corrupción de esa fundación. “Nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción, condenable, por cierto”, dijo Latorre el 31 de julio.

A su turno, el fiscal Christian Aguilar no argumentó ni en contra ni a favor y se limitó a solicitar al tribunal que resuelva “conforme a derecho”.

En términos similares, el abogado Juan Pablo Roncone, uno de los cuatro abogados que representa a Daniel Andrade Schwarze, representante legal de Democracia Viva, escuetamente señaló: “Nosotros vamos a estar a lo que resuelva el tribunal. Le solicitamos al tribunal que resuelva en consecuencia, conforme, a derecho”.

A fines de junio, una vez que estalló el caso, Andrade, expareja de la diputada RD Catalina Pérez, fue expulsado de la colectividad.

Por su parte, la abogada de RD, Libertad Triviño, criticó la solicitud de excluir a la colectividad de la causa. En ese sentido, recordó que el 28 de junio la querella presentada por el partido fue acogida a trámite. Asimismo, dijo que, en causas judiciales, las defensas son quienes solicitan excluir a un querellante y no otro querellante.

“Aquí hay una especie de trampa, porque se quiere confundir al partido político Revolución Democrática, que es una persona jurídica, de derecho público, que tiene una naturaleza totalmente distinta, de los miembros que pueden haber mal utilizado sus cargos, o pueden haber creado dentro de Revolución Democrática redes para cometer delitos de corrupción. Entonces, esas personas tienen que ser responsables”, argumentó.

Así las cosas, aseguró que el partido ha colaborado en la indagatoria, con declaraciones, incautaciones de cuentas corrientes y oficios.

La causa que generó un verdadero terremoto político al interior del oficialismo, se mueve entre Antofagasta y Santiago, pues es en estas ciudades donde se cerraron los tres contratos entre Democracia Viva y el Serviu por un total de $ 426 millones.