Los argumentos por libertades condicionales

Por más de tres horas se extendió hoy la jornada de alegatos en que el pleno del Tribunal Constitucional escuchó argumentos en favor y en contra de los requerimientos de inconstitucionalidad que impulsaron parlamentarios de RN y la UDI, con el fin de impugnar parte de la ley de libertades condicionales.

Los primeros en intervenir fueron los abogados Carlos Oyarzún, representando a los diputados, y Maximiliano Murath, por parte de los senadores. Ambos abogados abrieron sus alegatos destacando que sus argumentos no se basarían en consideraciones políticas y que, en ningún caso, buscaban "avalar la impunidad".

En esa línea, los juristas advirtieron que la normativa -que fija un régimen especial para que condenados por delitos de lesa humanidad puedan optar a la libertad condicional- vulnera los principios constitucionales de la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y el principio de no autoincriminación.

Así, se refirieron específicamente a las exigencias de "colaboración sustancial" y manifestación de "arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado", que deberán cumplir esa población penal para acceder a ese beneficio carcelario, siempre que hayan cumplido con dos tercios de la condena.

En el caso del primero, los abogados advirtieron que la ley hace una diferenciación arbitraria entre aquellos condenados que ya accedieron a la libertad condicional y los que actualmente cumplen condena por esos ilícitos, a los que se les impondrían exigencias más gravosas.

Sobre el requisito de arrepentimiento, los abogados plantearon que restringe el acceso a un derecho a aquellos condenados que admitan su participación en los delitos por los que se les condenó. Y así -se argumentó- no podrían acceder a él quienes tengan la convicción ser inocentes.

Agregaron que la exigencia supone un atentado a la libertad de conciencia de los condenados. En ese sentido, Oyarzún citó el fallo del propio TC respecto de la ley de aborto, donde el oganismo sostuvo que "ninguna ley puede disponer de las personas como un medio a un punto tal que incluso tenga que enajenar las propias convicciones que lo definen como persona".

Patricio Zapata, abogado constitucionalista DC, fue el escogido por la Cámara de Diputados para alegar en favor del texto. Comenzó advirtiendo que nadie lo tenía que convencer de que los condenados por violaciones a los DD.HH. que cumplen condena en Punta Peuco tienen dignidad.

El jurista destacó el largo debate legislativo que supuso la aprobación de la normativa y defendió las exigencias fijadas, argumentando que irían en línea con verificar la resocialización alcanzada por el reo.

Asimismo, descartó que el arrepentimiento signifique una coacción en contra de los condenados y, por lo mismo, que se infrinja la libertad de conciencia. En la misma línea, alegó el abogado del Senado, Héctor Valladares.

Tras los alegatos, los ministros del TC se reunieron en dos plenos para analizar los antecedentes, sin embargo, se volverán a reunir este viernes. Fuentes del organismo aseguraron que durante la tarde de este viernes podría haber una resolución.