Macrozona Sur: gobierno desestima uso de la Ley Antiterrorista en querella por ataque incendiario a escuela rural

El gobierno decidió no invocar la Ley Antiterrorista para la investigación penal del ataque incendiario a la escuela rural particular Bollilco, ocurrido en la ruta que une las comunas de Victoria y Curacuatín, la madrugada del viernes, en la Región de La Araucanía.

En el lugar dejaron una tela con la firma del grupo Resistencia Mapuche Malleco y una declaración escrita haciendo alusión a los seis comuneros presos que fueron trasladados desde Angol a penales en Rancagua, Concepción y Puerto Montt, luego del motín en que secuestraron a tres funcionarios de Gendarmería en protesta por la negativa de visitas durante la jornada electoral del domingo 7 de mayo.

“Lo que necesitamos es que las personas que están detrás de estos delitos cumplan condena, se ubique a esas personas y después se pongan ante la justicia y sean condenadas. Para eso, la Ley Antiterrorista hoy día no es eficiente. Esto también lo conversaba con el Ministerio Público y el mismo Ministerio Público lo ha señalado es que la actual Ley Antiterrorista no es eficiente para perseguir este tipo de delitos”, afirmó el delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva.

La autoridad regional argumentó que el estándar probatorio que se exige al invocar esta normativa “es mayor, por ende, no es eficiente para aplicarla”.

“Tenemos que crear una nueva Ley Antiterrorista y eso es lo que va a llamar el gobierno a trabajar en una mesa técnica, para generar un gran acuerdo y una nueva Ley Antiterrorista que sea eficiente para perseguir este tipo de delitos. Ese es el compromiso del gobierno y lo va a cumplir”, afirmó el delegado.

Por otro lado, en el marco del balance policial de la semana en la región, se informó que la patrulla militar cuya avanzada se encuentra en Curacautín demoró 100 minutos en concurrir a la emergencia en la escuela. El jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, general Rafael Cabrera, abordó el procedimiento. La zona ya supera el año bajo el Estado e excepción constitucional de Emergencia, por una grave alteración del orden público, asociada a la llamada violencia rural, una medida que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías para evitar ese tipo de hechos.

“Normalmente nosotros continuamos con los patrullajes en las diferentes rutas de la región y obviamente que no damos abasto para llegar a todos los lugares de acá de la región. Pero sí estamos trabajando de manera muy coordinada con los diferentes gremios, comunidades, para poder hacer un buen trabajo en beneficio de las comunidades”, afirmó el general Cabrera.

El Ministerio Público va a formalizar el próximo 3 de julio por el delito de secuestro calificado a los 17 comuneros del módulo indígena que participaron en el motín en Angol.

Los internos mantienen una huelga de hambre y se presentó un recurso de amparo en su favor en la Corte de Apelaciones de Temuco, cuya admisibilidad debe ser resuelta.

En lo que respecta a la escuela que atiende a 18 niños de primero de una zona rural, el sostenedor y los tres docentes trabajan para reconstruir las aulas con apoyo del gobierno.