Manuel Guerra, Fiscal regional Oriente: “Hay un nivel de organización destinada a realizar acciones vandálicas, pero no vemos un propósito político”

Todos preparan marzo. Ya está claro que así lo hace Carabineros, las Fuerzas Armadas, el gobierno, los servicios de atención de salud, el comercio y el transporte. Todos. El Ministerio Público también.

El ente persecutor tiene a su cargo, entre otras, todas las investigaciones por ataques al Metro, violaciones a los derechos humanos y fallecimientos en estado de excepción. Por eso, ya alista su propio plan marzo, a partir de la experiencia aprendida tras el 18 de octubre.

El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, tiene bajo su jurisdicción las investigaciones de los hechos violentos ocurridos, principalmente, en Plaza Italia, Parque Bustamante, Plaza Ñuñoa; en las estaciones de Metro Pedrero, Macul y Baquedano; 600 casos de eventual violencia institucional por parte de las policías; y también los reiterados ataques a la subcomisaría de Peñalolén.

A más de cuatro meses del inicio del estallido social, Guerra analizó con La Tercera cómo han avanzado estas investigaciones y también cuál será el rol para marzo de la fiscalía que él encabeza.

¿Qué han detectado en los ataques a Metro, hubo coordinación para esos atentados?

En el ataque al Metro Pedrero hubo un llamado para afectarlo el día 21 de octubre, pero el 18 de octubre, en redes sociales, se comenzó a conocer que se estaban tomando distintas estaciones, por lo que esta acción se adelanta y se hace más violenta aún, terminando con el ataque e incendio a esta terminal. Yo creo que este caso da cuenta de que, si bien había una mirada muy álgida, muy dura de lo que estaba ocurriendo en ciertos grupos de distintas áreas, que llamaban a manifestarse en las estaciones de Metro, luego el proceso de destrucción se genera más bien espontáneamente, y se traduce en la acción violenta de destrucción que se propagó por toda la ciudad.

Pero ¿no ven atisbos de una organización donde se haya dicho: “A las 23.00 nos juntamos y quemamos estas estaciones”? Porque hubo ataques a una misma hora en siete estaciones, por ejemplo...

No, no había eso. Hubo una coincidencia horaria, porque se adelantó ese día el cierre de las estaciones de Metro y eso mismo generó el deseo de parte de las personas de querer tomarse las estaciones. Y en ese afán y en ese ímpetu, las queman. Pero no tenemos, al menos en la zona oriente, un plan previsto destinado a quemar la red de Metro e inutilizarla. Luego del 18 de octubre, y en otras manifestaciones, en ataques a bienes públicos, sí vemos algunos niveles de organización diferente.

¿En qué niveles y en qué casos?

En todos los hechos que ocurren en torno a Plaza Italia y que terminan dañando las instalaciones del Departamento de Postgrado de la Universidad de Chile, daños y quemas a un acceso de la estación Baquedano, donde participan también esos mismos elementos en la destrucción del Hotel Principado y en la Hacienda Gaucha. Ahí nosotros vemos que hay personas que se convocan previamente, que además se preocupan de llevar acelerantes, de fabricar molotov, de destruir en días sucesivos, y eso habla de que hay un nivel de organización más que nada destinada a realizar acciones vandálicas, pero no vemos un propósito político. Eso es lo que tenemos a nivel de organización, pero también tenemos otras investigaciones más delicadas que estamos llevando adelante, pero no están lo suficientemente avanzadas como para poder extraer conclusiones.

Cuando dice que no hay un propósito político, sino que vandálico, se infiere que no se ha detectado una influencia extranjera...

Quiero ser superclaro: nosotros actuamos sobre la base de la evidencia con la cual contamos y de los hechos que somos capaces de establecer. Elucubraciones hay muchas sobre este tema, especulación también, teorías, sin duda, y nosotros tenemos como misión no descartar ninguna hipótesis. Pero lo que podemos decir es que conforme a los avances de las investigaciones no vemos hasta el día de hoy esa influencia extranjera, en los hechos que se generan el 18 de octubre, ni tampoco en los ocurridos con posterioridad. Lo que vemos son personas de nuestro país que en un principio actúan dentro de un reclamo que se estaba dando días anteriores. Luego, uno ve que en determinadas ocasiones, y hemos tenido detenidos en casos particulares, donde hay un nivel de organización destinado a vandalizar, pero en ningún caso una acción destinada a tomarse el poder. No vemos una megaorganización que dirija todos los ataques y que tenga un propósito político claro.

¿Se está investigando a la “primera línea” como tal, como una posible organización?

Como organización no, porque no nos ha llegado información policial que nos haga investigar eso. Lo que sí tenemos son personas determinadas en un lugar, desarrollando acciones de desórdenes y ataques, pero las estamos investigando, hay detenidos incluso, pero no hay una investigación que se llame “primera línea”.

¿Qué tienen planificado para marzo?

Vamos a trabajar activamente reforzando los sistemas de turnos de flagrancia, pero además vamos a tener un dispositivo especial en el Hospital El Salvador, donde, cuando hay manifestaciones, frecuentemente llega una cantidad importante de personas heridas. Ahí estará personal de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de nuestra fiscalía, la cual estará coordinada a su vez con instituciones como el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, para poder tomar a tiempo las denuncias y adoptar las primeras diligencias. Tenemos entendido que la Fiscalía Centro Norte ha tomado las mismas medidas, por ejemplo, en la ex Posta Central, y para eso también estamos trabajando en coordinación.

¿Cuántos casos de lesiones oculares tienen ustedes en la Fiscalía Oriente?

Sobre 60. Todos estos casos están siendo investigados y ahí tenemos otras lecciones que hemos aprendido, y lo mismo otras instituciones. Por ejemplo, que es necesario contar de antemano con información respecto de los funcionarios policiales que trabajan en determinados lugares, ya que las lesiones, como hay casos, pueden ser atribuidas a un actuar de la policía, y así tener claridad respecto de cómo ocurrieron los hechos. Se está trabajando con Carabineros, a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito, perfeccionándose los mecanismos para que nosotros podamos acceder a la información de las cámaras de los efectivos.

¿Han detectado una conducta o un patrón de la policía en casos de denuncias de agresiones?

Tenemos cerca de 600 casos de violencia institucional, donde 150 son por lesiones de consideración. Los casos más graves son excepcionales, como los episodios brutales ocurridos en Plaza Ñuñoa y La Florida, aunque esos hechos son más bien aislados, no es la regla general. La regla general, tal vez, es que hay un inadecuado uso de la fuerza. Esto también nos ha permitido darnos cuenta de que se crearon situaciones que se presentaron de una forma, pero que no resultaron ser tales.

¿A cuáles se refiere?

Por ejemplo, la existencia de un centro de tortura en el Metro Baquedano, en la comisaría que Carabineros tenía ahí. Eso es algo de lo cual nosotros no hemos encontrado ningún elemento, tal como lo pudieron verificar los jueces de garantía cuando fueron al lugar. No obstante, en muchas personas se instaló la idea de que eso era así, como una verdad, y tal vez, por mucho que se acredite judicialmente que eso no ocurrió, se siga sosteniendo lo contrario.

¿Qué pasará con ese caso?

Se tiene que cerrar el ciclo investigativo, pero lo más probable es que el caso sea desestimado porque no vemos elementos que permitan poner en marcha la persecución penal en contra de personas determinadas. También tuvimos otro caso, en la subcomisaría de Peñalolén, donde a partir de esto comenzaron los ataques a la unidad policial. Se dijo que personas habían sido crucificadas al interior del cuartel. En ese caso, por lo que me ha informado el fiscal jefe, Miguel Orellana, no hubo tal crucifixión.

¿En qué están las investigaciones por atentados al Metro?

Tenemos varias investigaciones, hay estaciones dañadas. Al día de hoy, más que investigar la estación una a una, tenemos concentrada esa tarea en un fiscal, Omar Mérida, quien indaga los atentados al Metro, y ha habido avances. Tenemos algunas personas privadas de libertad, concretamente con el ataque a la estación Pedrero (dos). Además, tenemos un caso más reciente, afortunadamente el único del último tiempo, que fue de un ataque a la estación Los Quillayes, en La Florida.

¿Qué se hará en casos de saqueos?

Capturar información de cámaras de seguridad, tanto municipales como de los establecimientos comerciales o de los recintos vecinos aledaños, y sobre esa base identificar esencialmente rostros, vehículos y personas, a efectos de hacer seguimientos. Eso nos ha permitido tener 100 vehículos incautados y 250 formalizados.

¿Eran bandas narcotraficantes las que estaban detrás?

En nuestro caso, mayoritariamente los saqueos tienen que ver con personas que no poseían antecedentes penales y que, en algunos casos, por las razones más variadas, esencialmente por el miedo al desabastecimiento, fueron a un lugar a saquearlo. También tenemos personas con antecedentes penales, pero es una proporción minoritaria. Tal vez en otras zonas de Santiago sea distinto.