Ministra Aguilera defiende indicaciones a la ley corta de isapres y se prepara una tramitación cuesta arriba en el Congreso

A tres días de que el gobierno presentara las indicaciones a la ley corta de isapres, la ministra de Salud Ximena Aguilera llegó hasta el Senado para defender en la comisión de Salud la propuesta del Ejecutivo a la norma que tiene como objetivo viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

La propuesta de indicaciones del Ejecutivo fija en cerca de US$ 1.000 millones devolución de isapres a afiliados en la ley corta, más del doble que el monto de US$451 millones que propusieron los expertos convocados por la comisión técnica del Senado. Pero menor que los US$1.400 millones calculados inicialmente por la Superintendencia de Salud. La diferencia responde a que el gobierno acogió la idea de que todos tengan un plan equivalente a su 7% de cotización, pero desechó la mutualización.

Tanto el monto de la deuda, como el plazo de diez años para el pago han sido tema de debate en los últimos días lo que advierte un complejo escenario para el gobierno de cara a la tramitación legislativa. El Ejecutivo cuenta con mayoría parlamentaria en la comisión de Salud, pero para avanzar con el proyecto en la sala del Senado requiere votos de la derecha. En la Cámara de Diputados, en tanto, ya se advierte viendo en contra desde la izquierda donde hay voces críticas por el recalculo de la deuda a las isapres y por el holgado plazo para pagar.

Este lunes, la secretaria de Estado, el director de Fonasa, Camilo Cid, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, asistieron a la Comisión de Salud del Senado para ahondar en las indicaciones.

En la oportunidad, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS), inició la reunión diciendo: “Durante este fin de semana he recibido opiniones de sorpresa, de desazón, e incluso de molestia, de todos los sectores, hasta del propio comité técnico. Y quiero ser enfático: desde la comisión no hay ninguna estrategia liquidacionista o de exterminio de la sustentabilidad del sistema”.

En ese contexto, la titular de Salud explicó que “las indicaciones recogen prácticamente completo el informe técnico con excepción de elementos relacionados con el cálculo de la deuda, específicamente en relación con el enfoque de mutualización”.

De todas formas, la ministra recalcó en más de una ocasión que estas indicaciones pueden ser la primeras de muchas, pues “probablemente surjan nuevos comentarios y temas que se deban incorporar, y estamos abiertos a discutirlo”.

Durante las dos horas de comisión, los parlamentarios expresaron sus dudas y debatieron sobre la diferencia en el monto de la deuda. Uno de los primeros en advertir esto fue el senador Sergio Gahona (UDI), quien afirmó que “eliminar la mutualización de la deuda hace totalmente inviable la existencia del aseguramiento privado”.

A la instancia también asistió el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien manifestó su preocupación: “La pregunta concreta es, ¿la objeción a la mutualización es política o jurídica? Si es jurídica, veamos jurídicamente, pero si el debate es político, ese es otro tema”.

Por otro lado, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) defendió la decisión del Ejecutivo y comenzó planteando que siempre se dijo “que lo propuesto por los expertos iba a ser un insumo para la discusión de la ley corta, nunca dijimos que iba ser vinculante”. Y añadió: “El Ejecutivo recoge en sus indicaciones gran parte de las recomendaciones de los técnicos cuando no tiene porque recogerlas todas. Yo valoré que quedara afuera lo de la mutualización, porque tiene un sustento teórico, pero no jurídico, y además la rebaja de la deuda me parecía muy poco viable políticamente”.

En ese sentido, el presidente de la comisión, senador Castro, aseguró que “vamos a convocar a los máximos representantes de dicho comité técnico para que refrenden argumentos que permitan modificar enmiendas que pueden ser conversadas en esta tramitación. No está dicha la última palabra, ni por los parlamentarios ni por el Ejecutivo, y por lo tanto se requiere aún un mayor esfuerzo de diálogo”.