Observatorio Judicial: uno de cada 10 formalizados queda en prisión preventiva y cifra se mantiene constante desde 2006

La prisión preventiva es la medida cautelar más alta que establece el ordenamiento jurídico en Chile. Es por eso que su aplicación muchas veces se ha transformado en un debate en el derecho penal, más aún ante cuestionamientos por la extensión de tiempo o bien a la cantidad de personas a la que se le aplica. Un reciente análisis del Observatorio Judicial demuestra que el otorgamiento de esta medida no ha variado de manera considerable desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, que terminó de aplicarse el 2005.

La investigación surge a partir de la discusión respecto de las personas privadas de libertad detenidas en el contexto del estallido social, precisamente desde un proyecto de ley que buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva dictaminada contra personas que cometieron delitos durante las manifestaciones sociales de 2019.

El proyecto de ley presentado por la senadora Ximena Rincón, los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Francisco Huenchumilla y Juan Ignacio Latorre, en septiembre de 2021, busca incorporar criterios para determinar el otorgamiento de la prisión preventiva. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta de ley es el aumento sostenido de personas privadas de libertad como medida cautelar. Esto, ya que en 2007 el total de la población penal que correspondía a personas con procesos judiciales en curso era del 22%, mientras que el 2020 esa cifra aumentó al 30%.

Si bien aquella medida considera las estadísticas entregadas por Gendarmería, desde el Observatorio Judicial consideran que realizar análisis respecto a aquello no permite visualizar de manera correcta el fenómeno. Juan Francisco Cruz, abogado e investigador, sostiene que dicha visión “no es la mejor perspectiva para analizar la prisión preventiva, la mejor forma es analizarla en comparación a cómo ha ido evolucionando el fenómeno delictual en el país, es decir, si ha ido aumentando, disminuyendo, ver desde esa perspectiva cómo se ha ido comportando la prisión preventiva”.

Para refutar aquello, los investigadores consideraron las cifras entregadas por el Ministerio Público en sus informes anuales, específicamente el número de prisiones preventivas otorgadas por año. Eso les permitió determinar que desde 2006 a 2021, en términos absolutos, el otorgamiento de prisiones preventivas en Chile se ha mantenido estable. De hecho, después de 2017 -año en el que más se registra esta medida cautelar- se vuelve a registrar una progresiva disminución, volviendo a las cifras previas (ver infografía).

Otra consideración que hizo el centro de estudios con las cifras del Ministerio Público es respecto del porcentaje de prisiones preventivas de personas que efectivamente fueron formalizadas durante el mismo periodo. El cálculo arrojó que este ha oscilado entre el 9% y 11% durante los últimos años.

Durante ese periodo, la totalidad de formalizados ascendió a 3.447.267 personas, de las cuales 340.942 quedaron con la máxima medida cautelar, es decir, en prisión preventiva. Aquello se traduce en que uno de cada 10 imputados queda en prisión preventiva.

“Ese 10% también es relativo en el tiempo, el 2006 son los primeros años de la Reforma Procesal Penal, pero después cae a un 8%, luego va subiendo y se mantiene relativamente estable. En el fondo, eso te habla de que se mantiene como un fenómeno estable, no está aumentado, eso es un hecho”, concluye Cruz.

Una vez presentado el proyecto en cuestión, y en medio de la discusión respecto de la prisión preventiva, la Corte Suprema señaló que el “proyecto pareciera carecer de un diagnóstico claro respecto de cuáles son las razones precisas que dan lugar al uso desproporcionado de la prisión preventiva”.

Considerando las cifras entregadas desde los recintos penitenciarios, desde el Observatorio Judicial consideran que el alza en el número de privados de libertad con esta medida estaría vinculado al aumento en el tiempo que tarda un proceso penal, lo que provoca mayor número de reclusos, pero no así en un aumento en el número de personas a las que se les otorga la mayor medida cautelar. A lo que se deben sumar los cambios en los fenómenos delictuales.

Cruz señala que “discusión distinta es si eso lo consideramos abusivo o no, o desproporcionado o no, que eso ya apunta a un problema más bien valorativo. Yo creo que el foco de la discusión debería estar más bien puesto en esa perspectiva narrativa, si es que realmente se está haciendo un uso abusivo respecto de la prisión preventiva”.

Durante la jornada de este martes, el defensor nacional Carlos Mora se refirió a las cifras entregadas por Gendarmería y publicadas por El Mercurio, que muestran un alza de 16,1% de las personas imputadas privadas de libertad. Respecto de aquello, Mora afirmó que “nuestra legislación ha avanzado precisamente en sentido contrario, suponiendo que, reforzando la aplicación de la prisión preventiva, se lograría disminuir la inseguridad o la delincuencia, lo que evidentemente no ha sucedido”.