Oposición se querella por presunto fraude al fisco por pago retroactivo a asesores de exconvencionales

Terminado el trabajo de la Convención Constitucional el pasado 4 de julio, desde la oposición han emprendido una serie de acciones a fin de que se indague el manejo de los recursos asignados al órgano y que debían ser dispuestos por la Segpres. Ya recurrieron a tribunales por la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, y ahora el abogado RN Marcelo Brunet Bruce presentó una querella por presunto fraude al fisco por el pago retroactivo a asesores de exconvencionales y, en paralelo, el diputado UDI Jorge Alessandri solicitó un pronunciamiento al contralor Jorge Bermúdez por la situación.

De acuerdo con los antecedentes descritos en la acción judicial, “el 17 de junio del 2022, a sólo quince días del término de la Convención Constitucional, 52 convencionales ingresaron una propuesta de modificación al Reglamento de Asignaciones a fin de generar el pago retroactivo de honorarios a ‘algunos asesores’ que habían prestado servicios a ciertos Convencionales durante el primer mes de funcionamiento de la Convención, en el mes julio de 2021, es decir, 11 meses antes”.

Dado que aquello se aprobó con más de 90 votos a favor, se expresa en el escrito, “el Ministerio Secretaría General de La Presidencia generó la emisión de dos Resoluciones Exentas que autorizaron los pagos retroactivos de servicios por el mes de julio del 2021 a 112 asesores de 65 convencionales constituyentes por $89.222.336 de pesos”.

Hasta ahí la situación les hacía ruido, puesto que a juicio de los recurrentes eso no se debió haber visado, porque por lo demás, para acreditar que las labores fueron realizadas bastaba con la declaración jurada de los respectivos convencionales; sin embargo -como expresaron- el problema lo identificaron al analizar la nómina de pago:

“Se registra el pago de cuatro asesores de Convencionales que no prestaron servicios durante el resto del 2021; el pago de un asesor de convencional que no prestó servicio en el mes de agosto del 2021, es decir, se paga julio retroactivamente, y luego entra a regir su contratación a contar de septiembre; y el pago de dos asesores de Convencionales que no prestaron servicio durante los meses de agosto y septiembre. Es decir, se les paga julio retroactivamente, y luego se entra a regir su contratación a contar de octubre”, se lee en la querella.

A juicio del abogado, los cobros “surgen como por arte de magia a los pocos días de concluir la instancia”, y por lo mismo, insiste, se debe esclarecer si la situación es o no constitutiva de delitos y si la Segpres incurrió en pagos que no correspondía.

“Sin perjuicio de la calificación jurídica que, en definitiva, se les otorgue a los hechos anteriormente descritos, a juicio de esta parte querellante, tienen su origen en distintas infracciones administrativas, las que terminan por generar un perjuicio al patrimonio fiscal y podrían constituir, de acreditarse los supuestos típicos, en un delito de fraude al Fisco por un monto de $89.222.336″, agrega.

En los mismos términos, cabe hacer presente, el diputado Alessandri pide el pronunciamiento de la Contraloría. En su requerimiento, además, agrega que notaron “una segunda situación anómala” que se desprendería del “alzas en las remuneraciones retroactivas recibidas por los asesores y pagadas por Segpres durante el mes de junio del 2021, respecto al pago que estos mismos asesores recibieron en el mes de julio del 2022″.

Consultados sobre el caso, el secretario ejecutivo de la Convención, Matías Cox -quien se mantuvo en el cargo desde el gobierno anterior-, expresó que “como secretaría administrativa a nosotros nos llegaron nóminas de pago desde el Comité Externos de Asignaciones de la Convención, por lo tanto, nosotros no hacemos control de mérito de mérito respecto de si corresponde o no el pago. Lo que a nosotros nos corresponde es pagar, por tanto, no tenemos información del detalle, ni siquiera tenemos las declaraciones juradas que hicieron los convencionales para poder hacer una comprobación de si existe o no una irregularidad”.

En ese sentido, descartó que en el Ministerio pudiera recaer alguna responsabilidad, ya que “sólo recibimos una orden de quien administra las asignaciones, que es el comité, entidad que hace la revisión de los antecedentes. Nosotros sólo cumplimos una instrucción que nos hace ese órgano externo”.

De igual forma, desde la Segpres precisaron: “De acuerdo a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política, corresponde exclusivamente a la Convención Constitucional establecer mediante su Reglamento las asignaciones de los convencionales constituyentes, las que incluyen el pago de asesores y las cuales son administradas por un Comité Externo”.

“En dicho sentido, en la materia Segpres sólo cumple con brindar su rol de dar apoyo administrativo, técnico y financiero a la Convención Constitucional, cursando los pagos que ordena el Comité Externo, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de dicho órgano, no tendiendo competencias para cuestionar la pertinencia de los gastos, según ha dictaminado Contraloría General de la República, quien ha dispuesto que esta Secretaría de Estado no se encuentra habilitada para afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento a la labor encomendada”, complementaron.