Defensora de la Niñez afirma que Instituto Nacional esté "sitiado" y dice que hay vulneración de derechos en Quintero y Puchuncaví

"Parece evidente que las medidas policiales que se están aplicando resulta vulneratorio a los niños y adolescentes que ahí estudian y no son sostenibles en el tiempo", expresó esta mañana en Duna en Punto de Radio Duna la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respecto de la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros al interior del Instituto Nacional.

En este sentido, comentó  que "no es razonable desde el punto de vista de la labor policial que aún los encapuchados no hayan sido identificados y perseguidos penalmente. Lo he dicho en todos los tonos, deben serlo, pero no pueden ser puestos en el mismo nivel de los cuatro mil estudiantes (...) esto es un colegio, no una cárcel".

"Desde nuestra perspectiva, la forma en que se ha enfrentado el conflicto ha sido -en vez de tratar de llegar a una solución y separar esta situación penal abordándose por el ámbito de la persecución criminal para dejar a este lado lo que son las demandas estudiantiles- absolutamente ineficaz. Han polarizado los ámbitos de gestión y finalmente se están viendo todos como enemigos, en circunstancias que acá todo debiera indicar a que tanto autoridades políticas como educacionales debieran avanzar hacia generar acciones que impidan que los encapuchados sean los que estén teniendo la pauta de lo que pasa en el Instituto Nacional", diagnosticó la Defensora.

Así, "queda de manifiesto que la única solución, que de verdad a mí no me parece razonable desde lo que uno espera de la policía y de una persecución penal en nuestro país, es tener un colegio sitiado por Fuerzas Especiales. Eso no es sostenible y tampoco corresponde en el ámbito de los derechos de los más de 4 mil estudiantes que van a estudiar".

Acá para nosotros hay un tema que es relevante. Estamos evaluando, desde este punto de vista, qué poder hacer a nivel de los organismos internacionales en derechos humanos en relación con esta intervención militarizada, por decirlo de alguna forma que tiene este establecimiento educacional, y la incapacidad manifiesta de detener efectivamente a quienes han cometido estos delitos.

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Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez. Foto: Agencia Uno.[/caption]

"La situación de Quintero y Puchuncaví no es tan solo alarmante, sino vergonzosa. Efectivamente se ha cumplido un año de este episodio, pero lo que hemos logrado determinar en el estudio que hicimos con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es que acá hay un concepto que no se utiliza, que es el sufrimiento ambiental. Esto es permanente. Lo que pasa es que hay peaks que gatillan situaciones más agudas", comentó.

"Pero esta situación de vulneración de niños y adolescentes es permanente. Cuando tienes a una niña de 12 años que te dice que nosotros no tenemos futuro porque nos van a matar lueguito, ese es el nivel con el que están conviviendo esos niños", agregó.

Muñoz expresó que "ayer fueron 40 niños en el Cesfam pero hace dos semanas habíamos tenido otro episodio. Cuando van al Cesfam, y esto es bueno decirlo ¿Sabes como los atienden? Con un estetoscopio. O sea, no hay ninguna rigurosidad para determinar qué es lo que está contaminando".

En este sentido, golpeó la mesa: "Cuando se hace una cuenta por parte del Ejecutivo en relación al año que ha transcurrido hablando de medidas que supuestamente han resuelto este tema, lo que me parece realmente insólito es que sigamos sin saber cuáles son los agentes contaminantes y quienes los producen. Y esto tiene un impacto que no es menor".

Recalcó: "La Corte Suprema resolvió un recurso de protección y fue contundente con restituir los derechos humanos que han sido vulnerados respecto de esta población. Y desde ahí, lo que uno observa es que ese fallo no se ha cumplido. Sigo esperando la respuesta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente enviada hace un mes, donde necesito que me expresen claramente de qué manera están ejecutando las acciones para cumplir con el fallo de la Suprema. Y uno se da cuenta que los niños siguen sufriendo la vulneración de a lo menos 17 de los 34 derechos que garantiza la convención".

"Lo que no quiero es que tengamos que lamentar la muerte de un niño en Quintero y Puchuncaví para que salgan todas las autoridades en la foto abrazando a la mamá de ese niño, diciendo que en realidad están preocupados de que esto cambie, en circunstancia que ha transcurrido un año y nada ha cambiado para esa población", reflexionó.

"Este es un tema grave y espero que se resuelva de forma real. Porque cuando somos un país que va a recibir la COP 25, que va a gastar mucho dinero en ello, la verdad es que parece bien contradictorio que no seamos capaces de resolver un problema de contaminación en nuestro país. Y eso nos va exponer muy negativamente a todas las visitas internacionales que se van a presentar", cerró.