Pdta. de la Asociación de Magistrados y reforma al sistema de nombramientos: “El proyecto no es bueno (...) replica lo mismo, pero da distintos nombres”

Las implicancias del caso Hermosilla, de acuerdo con lo expuesto por Mariela Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados, han dejado al descubierto graves falencias que persisten en el sistema de justicia. Por lo mismo, dice, actualmente se enfrenta una de las mayores crisis en la materia desde el retorno de la democracia.

Como asegura en conversación con La Tercera, la institucionalidad está en riesgo, por lo que se requiere atender el problema de manera estructural. Concuerda en que se debe hacer cambios al sistema de nombramientos, pero también insiste en que hay que atender lo referente al gobierno judicial y a la protección efectiva de los jueces.

Asume en un momento en que se ha dicho que el sistema de justicia está en crisis. ¿Cuáles son sus desafíos?

Yo era directora desde diciembre de 2022 y ya me había tocado presidir. Hemos enfrentado situaciones complejas, pero claro: hoy tenemos la que considero la más importante crisis institucional desde el retorno a la democracia. Eso, además, se cruza con procesos internos como asociación, dadas las estafas que hemos vivido y, por lo mismo, el primer desafío es la modernización y profesionalización de la gestión administrativa interna. El primer foco interno será, entonces, aumentar los mecanismos de control.

Por otro lado, enfrentamos lo referente a gobierno judicial, que se ve reflejado en los proyectos de reforma que hoy se están discutiendo en el Congreso. Ahí nosotros creemos que eso debe ser entendido como un todo y no solamente cambios en el sistema de nombramiento. Hay que trabajar y avanzar en generar mecanismos de justicia abierta, transparente y cercana, para así evitar cualquier tipo de opacidad.

¿Cómo analiza la propuesta que ingresó el gobierno para modificar el sistema de nombramientos? ¿Es correcta la fórmula para seleccionar por mérito que se propone?

El proyecto no es bueno, consideramos que no cumple con los estándares mínimos internacionales. Esperábamos mucho más, porque cuando nosotros vemos el proyecto, vemos que se crea una comisión de selección y, finalmente, sigue radicando en las mismas instituciones el nombramiento de jueces. Lo que hay en esta comisión de nombramientos es una comisión de selección, porque finalmente quien decide es el presidente o el Senado, como es hoy. Entonces vemos que replica lo mismo, pero da distintos nombres.

¿Se van a replicar los problemas de opacidad, a su juicio?

Los estándares internacionales siempre han hecho referencia a que hay que sacar la influencia política, porque hay que evitar la cooptación. Eso tiene que ser reducido al máximo. Acá se deberían crear figuras penales especiales para sancionar conductas irregulares de lobby, para que el proceso se haga de manera transparente y que las reglas estén claras para todos quienes están postulando a un cargo. Creemos, además, que si se quiere hacer una modificación real, hay que ir más allá de nombramientos y trabajar desde lo que es la esencia misma de la labor jurisdiccional, en el gobierno judicial, y que los jueces nos diferenciemos sólo por la función que desempeñamos.

¿Qué se debe incorporar al proyecto para lograr aquello?

No replicar lo que tenemos. Hoy se sigue replicando el modelo, y si bien nosotros estamos de acuerdo con la existencia de un órgano autónomo paritario y reconocido constitucionalmente, para lo referente a nombramientos, los integrantes de este deben cumplir con los estándares mínimos y un proceso de selección adecuado, dejando reducidos los componentes políticos.

¿Y en el intertanto, qué se puede hacer mientras se aprueba esa gran reforma?

Eso lo abordamos en la recién pasada Convención Nacional de Magistrados. En el intertanto que se aprueban esas grandes reformas, creemos que una persona que participa en un concurso tenga las mimas reglas del juego que otra y sepa por qué se eligió a una por sobre otra en la conformación de una terna o a alguien en particular. Esa es la base para avanzar en transparencia. Estamos en una muy buena postura para comenzar a dar señales de transparencia. Si hacemos eso creo que quedamos en otro pie ante la ciudadanía y también ante las modificaciones que se discuten.

¿Cómo evalúan las acciones emprendidas por la Corte Suprema respecto del caso Audio y del eventual tráfico de influencias en nombramientos?

Me parece que han sido las adecuadas, han sido correctas, aunque creo que nada es suficiente. El Poder Judicial no tiene un sistema disciplinario, las normas que existen son muy básicas. Acá se deberían establecer procesos claros y fijar claramente las conductas que son susceptibles de responsabilidad funcionaria, dejando siempre fuera una resolución judicial, porque para eso existen otras herramientas. Si llegase a sancionarse de manera disciplinaria una resolución, se nos cae la independencia y el Estado de derecho.

¿Y cómo analiza las indagaciones que se llevaron en contra de ministros de la Corte Suprema por presuntas faltas?

Más allá de si fue correcto o no, creemos que el sistema de responsabilidad de todos los jueces tiene que estar previamente establecido. Si un juez o funcionario escapa de su labor, tiene que asumir la responsabilidad que ello conlleva, pero mediante normas claras y expresas que se hayan definido. Nosotros respondemos penalmente si nos escapamos de la ley, pero el problema se genera disciplinariamente, por eso instamos a que haya un proceso establecido. Este caso ha dejado en evidencia falencias que tenemos.

¿Considera que en el caso de la acusación constitucional contra el exministro Sergio Muñoz, esta avanzó producto de sus fallos?

Nosotros sabemos que en una democracia saludable tiene que haber contrapesos, pero tiene que haber reglas claras y establecidas, y si un juez se escapa de la labor jurisdiccional, acá tendría que haber una ley que modifique el Código Orgánico de Tribunales y que establezca esas reglas para que los jueces respondan. Si se llegase a atacar una resolución judicial por la vía de la Comisión de Ética, un sumario o por medio de una acusación constitucional, estamos en problemas, porque eso pone en riesgo la garantía de la independencia judicial. Si una resolución quiere ser impugnada, eso debe hacerse mediante los recursos que establece la ley.

¿Hoy prima la independencia de los jueces?

Si bien los jueces no estamos ajenos a la contingencia, nosotros somos garantía de imparcialidad. Todos quienes han resuelto causas de mayor connotación o emblemáticas, por la publicidad que hayan tenido, lo han hecho con autonomía y transparencia. Eso es lo que queremos seguir resguardando, tanto de manera interna como externa. Nosotros resolvemos en base a la prueba que se nos presente.

En eso también incide la seguridad de los magistrados y el último tiempo se han visto amenazas. ¿Cómo se avanza en la definición de un protocolo en ese sentido?

Si hay un tema que nace al interior del gremio, junto a lo referente a gobierno judicial, es la seguridad de los jueces. Nosotros entregamos una propuesta al ministro Manuel Valderrama, porque hoy un juez amenazado pone en riesgo no sólo su vida, sino también la independencia. Eso lo demandamos hace años y por eso trabajamos en esto e hicimos un diagnóstico recorriendo diferentes zonas. Encontramos que una primera falencia son problemas en la infraestructura, lo que le corresponde a la Corporación Administrativa resolver. Y otro punto es lo referente a medidas asociadas a probidad. Porque si bien estamos de acuerdo en que se deben hacer declaraciones de patrimonio e intereses por parte de los jueces, la falencia está dada porque cualquier persona pueda acceder a eso. Es lo que corresponde, los jueces y juezas tenemos que declarar, pero tiene que haber un resguardo de cómo se accede, quién y por qué.