Pensiones de gracia: Directora del INDH declara en calidad de testigo por investigación en irregularidades en el otorgamiento del beneficio

Durante la mañana de este jueves, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, prestó declaración en calidad de testigo por presuntas irregularidades en el otorgamiento de las pensiones de gracia entregadas a quienes sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.

La máxima autoridad del instituto se presentó en las oficinas de fiscalía Occidente para sentarse frente al fiscal regional metropolitano occidente, Marco Pastén, quien lleva adelante este caso. Todo esto luego del lapidario informe de Contraloría dado a conocer hace un mes, que decía que estos beneficios estatales se le entregaron a condenados por delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.

Ante esta investigación penal, abierta el 26 de enero- por le fiscal nacional, Ángel Valencia- con el objeto de indagar eventuales delitos en la entrega de estas pensiones, se citó a declarar en calidad de testigo a la actual directora del INDH, Consuelo Contreras.

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos cumplió con lo que se le mandató en la ley de presupuestos 2021 y 2022, que era acreditar violaciones a los derechos humanos. Esa tarea se cumplió con un procedimiento establecido, con un alto nivel de trabajo técnico profesional. Por lo tanto, somos testigos en la investigación”, dijo de entrada quien lidera el INDH al salir del edificio ubicado en calle Miraflores.

El caso está en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, liderado por el fiscal Pastén, quien está acompañado de otros dos fiscales especializados en delitos funcionarios y delitos económicos. Además, estos están siendo apoyado por la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Asesoría Jurídica de la fiscalía Nacional. A estos se les suma el apoyo de la Brigada Anticorrupción de la PDI.

Contreras fue citada a las 9 de la mañana y dicha declaración se extendió por al rededor de cuatro horas. En esta instancia, según la declarante, las preguntas del persecutor a cargo apuntaron al rol que jugó el INDH y cómo fue el proceso de acreditación de victimas.

La máxima autoridad del instituto despejó las responsabilidades del organismo que lidera, diciendo que “las pensiones de gracia son atribuciones del Ejecutivo, no del instituto y nosotros cumplimos con la voluntad del legislativo (de cumplir con los presupuestos del 2021 y 2022)”.

Desde la presidencia se ordenó a Contraloría el visado para la revocación de 27 de las 418 pensiones de gracia entregadas, tanto en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera como en el de Gabriel Boric, a quienes fueron victimas de atropellos a los derechos humanos. Estas actualmente se encuentran en el proceso de anulación del beneficio, que debe pasar primero por el visto de Contraloría para luego decretar el fin de la entrega, a quienes corresponda.

Contreras sostiene “la comisión de delitos no significa que una persona no puede ser victima de Derechos Humanos” y se desentiende de la decisión de revocar las pensiones: “Yo no tengo opinión al respecto, son una atribución del Presidente. La reparación a DDHH debe ser hecha por ley, nosotros creemos que efectivamente durante el periodo del Estallido Social se violaron los derechos humanos en Chile, hay muchos informes dan cuenta de esa situación. Sin embargo, creemos que tiene que haber una ley de reparación, que permita conocer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y tomar medida de no repetición”.

Ante las pesquisas en la investigación penal por las pensiones de gracia y por los presuntos responsables, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo dijo: “La ley no dice nada y no impide la entrega (de pensiones de gracia) a personas con antecedentes, de hecho la revisión que hicimos fue que varias pensiones se habían entregado en distintos gobiernos. Hubo una decisión de auditoria interna al respecto, que se ha estado cursando. Y el resto es parte de las determinaciones que en todas las investigaciones que realiza el Ministerio Público, porque llama a declarar como testigo o en algunos casos como imputado, y tendrá que finalmente el resultado de la investigación señalar responsabilidades”.