Preparación de juicio contra Llaitul: jueza dispone que identidad de testigos protegidos sea conocida por defensa del líder de la CAM

El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió que los nombres de cinco testigos con identidad reservada que presentará el Ministerio Público en el juicio oral en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, deben ser conocidos por los intervinientes.

La fiscalía tiene un plazo de 72 horas para comunicar a los testigos la resolución del tribunal.

La magistrada Viviana García encabezó este martes la audiencia de preparación de juicio oral en contra del líder mapuche acusado como autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de dos delitos de usurpación violenta y hurto de maderas.

Como vicios formales, se ordenó omitir en la acusación sucesos de contexto ocurridos en 1997 cuando la CAM inicio sus acciones de violencia en la Macrozona Sur y limitarse sólo a los hechos de la acusación, por los delitos ocurridos recientemente.

Asimismo, la magistrada resolvió que la identidad de los cinco testigos protegidos en la causa debe ser conocida por la defensa de Llaitul y no ser divulgada para los que no son intervinientes en la causa.

A raíz de los vicios formales en la acusación la fiscalía representada por el fiscal Héctor Leiva solicitó un plazo de tres días para comunicar a los testigos que se deja sin efecto la reserva de sus identidades.

De esta forma, la magistrada Viviana García, resolvió que la audiencia se reanudará el viernes 21 de abril a las 09.00 horas para que la fiscalía cumpla con el trámite de comunicar la resolución del tribunal.

El fiscal Leiva, en sus argumentos ante la jueza insistió en que la Ley Orgánica del Ministerio Publico y la propia Constitución Política, que le imponen al órgano persecutor “el deber de adoptar medidas de protección, a las víctimas testigos”.

“En ese contexto, frente a la solicitud de estos testigos y estas víctimas, que insisto son un número limitado de una lista importante de testigos, ellos han solicitado la reserva de identidad, en atención a situaciones muy particulares”, sostuvo.

En esa línea, entregó el ejemplo de uno de los testigos con identidad reservada, indicando que “se puede fundar la situación de peligro para la víctima porque precisamente tiene su lugar de trabajo cercano donde se produce una usurpación violenta, con disparos a Carabineros y donde precisamente efectuó un reconocimiento del imputado portando un arma de fuego”.

“Es decir, claramente se trata de un caso grave y calificado”, afirmó.

En su conclusión la jueza García argumentó que a la luz de los artículos 307 y 308 del Código Penal respecto a la reserva de identidad de los testigos “al efectuar una interpretación armónica se entiende que esta solicitud se debe tener en la etapa de juicio oral. En esa oportunidad se deberá solicitar al tribunal, si es que se pronuncia o no respecto a la protección de los testigos”.

“Teniendo presente que la fiscalía de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Publico, tiene el deber de proteger a las víctimas y testigos, debe atender a lo que establece el articulo 259 y siguientes. En el caso que desee efectuar la solicitud de protección los testigos o advertir que hay peligro para la seguridad de los testigos, debe hacer las solicitudes previas al tribunal. Y estima este tribunal que, desde el punto de vista formal, corresponde acceder a la petición de la defensa, por cuanto a correcciones de vicios formales”, expuso.

Organizaciones sociales vinculadas la mundo mapuche se reunieron en las afueras del tribunal de Temuco y se manifestaron en apoyo a Héctor Llaitul.

Rafael Pichún, uno de los voceros de la CAM, señaló que están invitando a hacer “newen” (fuerza), en favor de Llaitul para que pueda “fortalecerse en esta nueva arremetida del Estado chileno”

Por otro lado, el abogado Humberto Serri, jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, solicitó que su representado a la espera de la reanudación de la audiencia permanezca recluido en el módulo de comuneros del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, para evitar los traslados al tribunal desde la cárcel de Concepción, lugar en el que cumple con su prisión preventiva.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que encabeza el fiscal Miguel Ángel Rojas solicita penas que suman 25 años de presidio para el comunero.

“A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”, fue una de las frases de Héctor Llaitul -pronunciada en mayo de 2022, cuando el gobierno discutía respecto a la aplicación del Estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur- que fue clave en la trama que llevó a su detención la tarde del miércoles 24 de agosto del año pasado en Cañete. A fines de julio La Moneda anunció que ampliaría las acciones judiciales interpuestas bajo la Ley de Seguridad del Estado en contra del dirigente mapuche el 2020, por el gobierno de Sebastián Piñera. Menos de un mes después Llaitul fue detenido.

Llaitul reivindicó el robo de madera como una forma de financiar su organización, el 10 de junio de 2022, durante el lanzamiento del libro “Chem ka Rakiduam (Acción y Pensamiento)”, en el centro comunitario de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén. “La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo Mapuche. Y para tener los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades”, dijo aludiendo supuestamente a la adquisición de armas y municiones.

El 8 de febrero de 2021 en el fundo Los Pastales, en la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, la CAM irrumpió en una acción de “recuperación territorial” para apropiarse del predio. Llaitul, según se pudo constatar por la georreferenciación de su teléfono y las llamadas que realizó, estuvo allí y se le imputa el delito de usurpación violenta por esos hechos. También ese día se concretó el delito de hurto de madera, pues se iniciaron acciones de tala forestal, donde lo sustraído se avaluó en $ 90 millones.