Presidente de la Corte Suprema aboga por Reforma Procesal Civil: “Como país parecemos habernos acostumbrado a lamentar su postergación”

Cerca del mediodía de este “Superlunes”, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, realizó la tradicional cuenta pública del año que pasó y el discurso de inauguración del año judicial 2021, ceremonia que este año cumplió 103 años y a la que asistieron el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, entre otras personalidades del mundo judicial.

El presidente del máximo tribunal -quien asumió en enero del 2020 y cuya gestión ha estado marcado por un escenario post estallido social, el comienzo de pandemia (con labores telemáticas) y el proceso para una nueva Constitución- destacó que, a pesar del Covid-19, el proceso constitucional no se vio perjudicado y siguió su curso.

“A pesar de las dificultades que impuso la crisis sanitaria, que incluso obligó a retrasar en algunos meses el cronograma previsto, el plebiscito de octubre del año pasado demostró el compromiso del Estado y de la sociedad chilena con este hito”, inició Silva, subrayando la gran participación y la gran adherencia de la ciudadanía a redactar una nueva Carta Fundamental.

En la instancia, también se refirió al retiro del 10% de las AFP y la retención de éste por las deudas alimenticias. “El agolpamiento masivo de personas en los tribunales pidiendo las retenciones de estos fondos por concepto de deudas de alimentos, es reflejo de un problema que trasciende, con creces, la sola contingencia actual pandémica”, mencionó, agregando que es “un problema sistémico cuya solución no radica en el solo empuje del Poder Judicial, en su compleja fase de cumplimiento”.

Otro tema que tocó fueron las causas sobre derechos humanos, asegurando que “la investigación y sanción de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990, no ha cesado por efecto de la pandemia”, utilizando la tecnología disponible.

También abogó por la necesidad de una Reforma Procesal Civil, cuestionando su postergación.

En el marco de su cuenta pública, el magistrado anunció un plan que guiará el camino del Poder Judicial durante los próximos años.

“En su ‘misión’ el nuevo plan pone su acento en el apego al ordenamiento jurídico y el respeto de todos los derechos de las personas en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales, así como en el acceso a la justicia y al fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y la paz social” explicó, agregando que la ‘visión’ “aspira a la modernidad e independencia institucional”.

Asimismo, cuatro ejes estratégicos: el impacto en la sociedad, la gestión de personas, la modernización institucional y las relaciones interinstitucionales. “Este último representa una novedad respecto del plan anterior, está destinado a producir vínculos entre entidades promotoras de un mejor funcionamiento del sistema de justicia” señaló.

En este escenario también enfatizó en la necesidad de la Reforma Procesal Civil. “Vemos con preocupación el fenómeno que se ha generado en torno a ella, donde como país parecemos habernos acostumbrado a lamentar su postergación, conformándonos con la pura promesa de su futura puesta en marcha (...) a estas alturas parecemos estar más cerca de abandonar un esfuerzo de más de 15 años, que de hacer realidad esta reforma” subrayó.

En la misma línea el timonel, Guillermo Silva, señalo que “la eternización del debate en torno a ella desatiende el hecho de que en esta reforma está cifrada la expectativa de ampliación del acceso a la justicia. Este punto es central y merece ser enfatizado”.

Silva también entregó las cifras y estadísticas en relación a la labor de la Corte Suprema en pandemia. “Los efectos de la emergencia sanitaria se reflejan en los números” explicó. Así, detalló que en los tribunales de primer grado, para el 31 de diciembre del 2020, se contabilizaron más de 2 millones 650 mil causas pendientes, lo que representa un aumento del 13,9%.

“Es indudable que estas cifras se han visto influenciadas por la pandemia, particularmente por las interrupciones en la tramitación de los juicios ordenada por la ley de suspensión de plazos. Esto se refleja en materia penal, laboral y civil y, además, se refuerza en el caso de los tribunales de familia por efecto de los esfuerzos destinados a tramitar las retenciones del 10% de las AFP” explicó.

En tanto, en las Cortes de Apelaciones, durante el 2020 ingresaron 345 mil causas, cifra menor al 2019 en un 33,5%. Mientras, las causas pendientes alcanzaron las 77.800, lo que representa un 70% menos que el 2019.

En este punto el presidente de la Corte mencionó que el Poder Judicial adoptó un conjunto de medidas para continuar con su labor pese a la pandemia, y que la gestión se basó en la modernización y la participación.

“Es justo señalar que la modernización del Poder Judicial no fue una acción generada como reacción a la pandemia. Por el contrario, la crisis sanitaria fue la oportunidad para probar, de la manera más intensa , el nivel de respuesta de un sistema de tramitación y gestión de causas asentado ya por varios años en nuestra institución” informó. Destacó así la aprobación, en marzo pasado, del acta N° 41-2020, que reguló la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial.

Con respecto a la participación, Silva explicó que se han realizado mesas de trabajo donde participan representantes de los distintos estamentos y gremios del Poder Judicial. “La mesa destinada a determinar las condiciones para afrontar el funcionamiento de las distintas unidades judiciales en la actual situación sanitaria, la mesa generada para afrontar el trabajo asociado al retiro del 10% de las AFP por deudas alimenticias llevada adelante con la judicatura de familia, son ejemplos de este esfuerzo colectivo” enfatizó.

En lo que va del primer trimestre de este año 2021, la Corte Suprema revocó 3 de los 4 recursos de amparo de la Corte de Apelaciones de Iquique tras la expulsión de migrantes por parte de la Intendencia Regional en el marco de la crisis migratoria en Colchane.

Según lo señalado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, la determinación “expresamente señala que hemos actuado conforme a nuestra atribuciones conforme a la ley y la Constitución y, además, dando cumplimiento a la ley migratoria”.

El máximo tribunal también revocó la resolución que prohibía el uso de escopetas antidisturbios de Carabineros en la Región de Valparaíso. La resolución inicial se tomó luego de que se presentaran 14 recursos de protección y de amparo que apuntaban al uso excesivo de fuerza y un mal uso de elementos disuasivos en el estallido social.

Tras la instancia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió en un punto de prensa a la inquietud que planteó el presidente del máximo tribunal sobre la reforma procesal civil. “Compartimos con el presidente de la Corte Suprema sus inquietudes respecto de desafíos judiciales pendientes, uno es la reforma a la justicia civil, dos la necesidad de avanzar en los tribunales de inclusión de penas y tres en la necesidad de avanzar en los procesos administrativos” apuntó.

Agregó también que “nosotros no solamente compartimos esas inquietudes como los desafíos principales para garantizar el acceso a la justicia, particularmente con la reforma a a justicia civil, nosotros estamos en condiciones, muy pronto, de retomar ese proceso que se vio interrumpido por la crisis sanitaria y por la situación de las arcas fiscales porque son reformas de altos costos pero que ya, afortunadamente, el ejecutivo nos ha dado el visto bueno para retomar el camino”.

“Esperamos muy pronto hacernos cargo de estas inquietudes que ha hecho presente el tribunal supremo hoy día en su cuenta pública y que son la garantía para el acceso a la justicia” finalizó.