Profesores de Atacama amenazan con nuevo paro y Contraloría da luz verde a devolución de sueldos por falta de clases

Lentamente Atacama se transformó en la principal piedra en el zapato para el Ministerio de Educación y su titular, Nicolás Cataldo (PC). El conflicto vio una pausa por los meses de receso del verano, pero ahora que se debe producir la vuelta a clases, la crisis educativa vuelve a afligir a la cartera. Pero también a los profesores, que ahora recibieron un balde de agua fría a través de la Contraloría Regional de Atacama.

La semana pasada el propio secretario de Estado encabezó una comitiva del ministerio con la idea de garantizar las condiciones para el regreso a las aulas y bajar el tono de los profesores, que han reclamado sistemáticamente que los compromisos del gobierno en cuanto al mejoramiento de las condiciones habilitantes de todos sus establecimientos -y no solo algunos- no se ha cumplido. Pero tras tres días de Cataldo en la región, nada de eso ocurrió. De hecho, todo lo contrario.

Y es que si durante la sesión especial de la Comisión de Educación del Senado el ministro fue increpado por dirigentes del Colegio de Profesores atacameño, a las pocas horas los mismos representantes docentes endurecieron su postura y anunciaron una huelga de hambre “hasta que sea necesario” con miras a solucionar sus demandas.

El ministerio, en todo caso, hizo caso omiso y a través de la Dirección de Educación Pública (DEP) presentó el cronograma de retorno a clases, desoyendo las amenazas del gremio docente y asegurando que 58 establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama comenzarán sus clases normalmente este martes 5 de marzo, mientras que 14 lo harán con medias jornadas para que la otra mitad del día se desarrollen trabajos de mantención, y otros seis recintos ingresarán con máximo una semana de diferencia. “Son casos en los que ha habido robos recientes como las cañerías de agua (...) Por eso decidimos desplazar el comienzo del año escolar”, explicó Cataldo.

Pero nada de eso convenció a los profesores, quienes representados por sus delegados gremialistas, al cierre de esta nota estaban sosteniendo una reunión donde tomarían definiciones concretas en torno a un posible nuevo paro. Las posibilidades de cara al futuro eran amplias, desde dejar que cada establecimiento tome la decisión independiente sobre si paralizar o no (hasta aquí eran 12 los que iban por el sí), o seguir actuando como un solo cuerpo y movilizar a todos o ninguno, independiente de la situación de infraestructura de cada recinto educacional.

Pero el posible nuevo paro no es lo único por lo que hacen noticia los profesores. Y es que a través de un oficio al que tuvo acceso La Tercera, la Contraloría Regional de Atacama respondió la consulta hecha hace algunas semanas por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que, como se lee en el escrito, se dirigió al ente fiscalizador “para solicitar un pronunciamiento respecto de la procedencia y forma de requerir el reintegro por remuneraciones pagadas a asistentes y profesionales de la educación por encontrarse en paralización de actividades”, en relación al paro de casi tres meses provocado por los profesores del servicio atacameño el año pasado.

“En efecto, el servicio luego de citar la normativa y jurisprudencia aplicable consulta si procede que aquel realice las acciones tendientes a obtener el reintegro de los pagos por los servicios que no fueron prestados en el contexto de la paralización, y en caso de ser afirmativa la respuesta, si se puede realizar directamente o bien a través de la orden de reintegro formalizada por un acto administrativo, en atención de que los pagos ya se realizaron”, dice a continuación.

Al respecto, cierra el texto, “es necesario hacer presente que no se advierte el sentido de la consulta realizada, puesto que el propio servicio invoca una serie de normativas y jurisprudencia vigente y aplicable al caso en cuestión”.

Por lo anterior, la Contraloría agrega que “no cabe sino reafirmar la aplicación de aquella, recordando que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República resulta obligatoria para todos los órganos de la Administración sometidos a su fiscalización, de modo que su inobservancia importa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores públicos involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa”.

En buenas cuentas, lo que el ente fiscalizador reseña es que el SLEP debe realizar el procedimiento para que se reintegren los fondos y que no hacerlo es una falta.