Protocolo de objeción será visto en Contraloría

Senadores del PS y del PPD llegaron ayer a la Contraloría General para pedir una revisión de legalidad de los cambios que realizó el Ministerio de Salud (Minsal) al protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Casuales, y que fueron publicadas en el Diario Oficial el viernes 23 de marzo.

En ese acto se modificó el protocolo elaborado por el gobierno anterior, que establecía que aquellas instituciones que tenían convenio mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 36 de 1980 (DFL N°36) con el Minsal, en prestaciones de ginecología y obstetricia, no podrían invocar objeción de conciencia institucional para eximirse de realizar abortos. Así, con los cambios de la actual administración quedó eliminada esa exigencia, permitiéndose que los centros privados mantengan convenio con el Minsal y reciban recursos del Estado, siendo a la vez objetores de conciencia institucional.

Sin embargo, los senadores Isabel Allende, José Miguel Insulza, Alfonso de Urresti, Alvaro Elizalde, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes y Rabindranath Quinteros plantean que los cambios no se ajustan a derecho y deben ser revocados.

Los argumentos jurídicos que sustentan su presentación a la Contraloría se basan en que el mismo DFL N° 36 estipula que aquellos prestadores que suscriban el convenio "quedarán adscritos al

Sistema Nacional de Servicios de Salud y se sujetarán en su cumplimiento a las normas, planes y programas que haya impartido o pueda aprobar en la materia el Ministerio de Salud a los establecimientos públicos", por lo cual eximir a los privados de ciertas prestaciones sería una "contradicción", según afirma De Urresti: "Existe una disposición expresa en la cual aquellas entidades que reciben fondos del Estado no pueden por un lado recibirlos y por otro declararse objetoras, es algo absolutamente contradictorio. Esperamos que la Contraloría vele por la legalidad del documento y no estemos en una situación francamente inédita, donde vía reglamento se modificó el sentido y alcance de la ley".

El ministro de Salud, Emilio Santelices, indicó que, a su juicio, los cambios realizados no alteran ni la ley de aborto, ni el reglamento ni el DFL N° 36, y calificó como "una materia interpretativa" lo planteado por los parlamentarios. No obstante, señaló que estarán "muy atentos y respetuosos del pronunciamiento del contralor".

La solicitud del PS se suma a un requerimiento similar realizado por diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio.