Proyectan que déficit por nuevo CAE llegaría a $ 35 mil millones anuales

El ministro de Educación, Gerardo Varela, respondió a las críticas de algunos rectores sobre la prohibición de cobrar copago a los alumnos que pertenecen a los seis primeros deciles de menores ingresos, que establece el proyecto que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (Sifs) para la educación superior. "Estamos escuchando todas las críticas, pero seguimos creyendo que este es un buen sistema, porque pone a los estudiantes en el centro y su libertad de elección. Creemos que cuando los rectores aquilaten bien las virtudes de este sistema van a apreciarlo".

Entre las principales críticas que han surgido de algunas instituciones privadas es que existiría una vulneración a su autonomía, porque en caso de que sus aranceles sean mayores a los fijados por el Estado serán los propios planteles los que deberán dar una beca o crédito a los alumnos para financiar esa brecha. Esta restricción ha sido definida por algunos rectores y expertos como una fijación de precios. Además, estiman que esta prohibición de efectuar cualquier cobro a los alumnos del 60% más pobre les generará una merma económica.

"Yo no creo que esto afecte la autonomía, comparto los riesgos para la autonomía que pueda representar una superintendencia demasiado intrusiva, pero no el sistema de financiamiento", respondió Varela.

El ministro enfatizó que este proyecto "pone los acentos donde corresponde y es en la calidad, porque hay más financiamiento mientras mejor acreditada estén las universidades, de manera que lo que tienen aquí es un objetivo que es mejorar sus acreditaciones y recibir a más alumnos vulnerables, porque eso les mejora la capacidad de financiamiento".

Un estudio de Acción Educar proyecta que las instituciones podrían configurar en conjunto un déficit anual de $ 35 mil millones por esos menores ingresos que recibirán, además de detallar que las universidades más golpeadas serían la U. Andrés Bello y U. San Sebastián (ver tabla). "Este crédito recurre a una fijación indirecta de precios para los estudiantes del 60% más vulnerable, lo que resultará en una reducción significativa de los recursos que el país está invirtiendo en educación superior", dice el análisis.

Además, se estima que estos $ 35 mil millones que dejarían de recibir las instituciones "implicarán una merma importante en calidad y diversidad del sistema y, eventualmente, pondrá en riesgo la sustentabilidad de algunas instituciones".

En el Ministerio de Educación (Mineduc) aseguraron que las becas permitirán cubrir las brechas que se puedan producir entre lo que financia el Estado, 1,5 veces el arancel regulado, y el valor real que cobran las universidades.

El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, explicó que en muchos casos podría estar cubierta la diferencia, porque "este sistema podrá ser complementado con las becas de arancel que entrega el Mineduc (...). Actualmente, más de la mitad de los jóvenes que acceden al CAE y que pertenecen a los seis primeros deciles tiene, además, una beca del

Mineduc, por lo que las brechas tendrán diversas formas de ser subsanadas y el costo para las instituciones será radicalmente menor del presentado en este informe".

Además, Vargas dijo que "es importante recordar que estos recursos podrán ser recuperados por las casas de estudio cuando el egresado haya pagado la mitad del sistema de financiamiento al Estado".

Según explicó el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, en una entrevista a este medio, el 52% de los estudiantes que tiene CAE también cuenta con una beca del Estado. Y según el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, "para que este crédito no genere estos impactos en los ingresos de las universidades, se necesita de una cobertura de becas mucho mayor, estimamos que se requieren, al menos, 50.000 becas más, aunque de un monto inferior a la actual Beca Juan Gómez Millas o Bicentenario".

Pese a que el gobierno apuesta a que las becas puedan contener el impacto económico para los planteles que podría significar el nuevo crédito, el proyecto de ley no establece cambios en el sistema de becas, según indicó el jefe de la Divesup: "En la medida en que los jóvenes cumplan con sus requisitos académicos y socioeconómicos podrán acceder tanto a becas como al sistema de financiamiento solidario".