El 28 de mayo de 2019, la Corte Suprema acogió nueve recursos de protección presentados a raíz de la crisis ambiental desatada entre agosto y octubre de 2018 en Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso, cuando una presunta emanación de gases provocó 1.711 consultas -principalmente de niños y niñas- en centros de salud de la zona y la hospitalización de 16 personas.

El fallo ordenaba al gobierno acordar, en el plazo de un año, “las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación”.

Sin embargo, en los últimos siete meses se han registrado tres episodios en dos escuelas y un jardín infantil de Puchuncaví. En cada hecho, estudiantes y educadores han experimentado dolores de cabeza, mareos y náuseas junto con sentir un “olor en el ambiente”, y varios han debido ser derivados a Centros de Salud Familiar: el 6 de octubre de 2021 fueron 33 alumnos y cuatro profesores; el 22 de marzo de 2022, 21 estudiantes, y el 16 de mayo pasado, 21 escolares y seis adultos. En total, 75 estudiantes y 10 profesores.

Asimismo, en el contexto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví -que rige desde abril de 2019-, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha recibido 26 denuncias, de las cuales 16 están vinculadas con episodios de posible afectación a la salud de las personas de esta zona”, señaló Carolina Silva, jefa de la Oficina Regional de Valparaíso.

En lo que respecta al Ministerio de Salud (Minsal), el fallo establece que deberá adoptar medidas “para resguardar la salud de la población afectada por la contaminación” y que, con ese objetivo, la Seremi de Valparaíso deberá elaborar “un diagnóstico de base de las enfermedades detectadas a la población de las comunas de Quintero y Puchuncaví”, y así determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación, así como su prevalencia y supervivencia. Y luego, “poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población”.

En 2020, el Minsal planeaba realizar exámenes toxicológicos en Concón, Quintero y Puchuncaví para “conocer la prevalencia, características y factores de riesgo de enfermedades, en la población mayor de un año de edad”, no obstante, el estudio se retrasó.

“Eso está licitado. Todavía no empieza. Está todo atrasado”, señala el seremi de Salud de Valparaíso, Mario Parada. La investigación permitirá detectar “metales pesados y las enfermedades que están ocurriendo en ese sector”, explicó. Desde el ministerio, en tanto, señalaron que estaría por comenzar, y que se espera inicie en julio.

¿Qué están haciendo para ponerse al día? Parada señala que “estamos primero gestionando para saber por qué estamos atrasados, porque eso no está claro, y segundo, poniendo toda la disposición para ponernos al día tan pronto sea posible. Porque son muchos los actores involucrados, que vienen desde antes, y son muchos los recursos involucrados”.

Para ello, la secretaría regional contrató una asesora en temas medioambientales y ha coordinado una serie de reuniones con alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, la delegada presidencial regional, el subsecretario de Salud Pública, el hospital de la zona y su consejo consultivo de salud, y con el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví.

La Corte Suprema exigió establecer el método más idóneo para identificar y “determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”, para establecer con detalles “cuáles son sus características, fuentes y efectos en la salud de la población”.

Hasta ahora, el Ministerio del Medio Ambiente ha logrado identificar en la zona los contaminantes que ya están normados: material particulado grueso (MP10), material particulado fino (MP2,5), dióxido de azufre y óxido de nitrógeno.

Asimismo, ha detectado la presencia de elementos no normados: varios compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre ellos benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (conocidos como BTEX), y otros que tienen azufre, como el ácido sulfhídrico.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comenta que está en desarrollo el anteproyecto de norma de calidad ambiental para benceno y que “una vez que entre en vigencia, la misma norma nos va a permitir detectar otros COVs”, como todos los BTEX. “Con este monitoreo continuo será posible regular otros compuestos orgánicos volátiles de ser necesario”, agrega Rojas.

El MMA también está evaluando la elaboración de una norma de emisión de COVs -que controla la fuente de emisión y tiene un calendario de aplicación más rápido que la norma de calidad- y está trabajando en el rediseño de la red de monitoreo, pues “atendiendo a las diversas críticas que existen al proceso iniciado en el gobierno anterior, se ha tomado la decisión de retrotraer el procedimiento”, señala la ministra. En este rediseño se planea el monitoreo continuo de aproximadamente 50 COVs.

Así todo, Rojas señala respecto del fallo que “hay mucho que avanzar aún. Uno de los principales problemas es que falta coordinación entre todos los organismos que deben cumplir con las medidas del fallo (...) Para que esto funcione se hace necesaria una institucionalidad que haga de la coordinación interministerial un trabajo permanente y no puntual. Para ello estamos implementado un Comité Interministerial de Transición Justa, que tenga en el núcleo de sus preocupaciones lo que sucede con Quintero, Puchuncaví y Concón, y que considere dentro de la toma de decisiones el nivel regional y local”.

Además, la corte solicitó a la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso modificar el plan regulador regional, “con el fin de alterar las actividades productivas permitidas en la zona”.

Pero ese proceso no se ha concretado. “Está en plena etapa de modificación el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (en su área metropolitana y satélite borde costero Quintero Puchuncaví) a raíz del fallo de la Suprema. Falta un año y medio para tener los resultados de la consultora. No sabemos qué va a ocurrir”, señala el consejero regional Manuel Millones.

Sobre el fallo, Millones dice que “para hacer cumplir el fallo, depende de terceros y de buenas leyes. Aquí el ordenamiento jurídico no se hace cargo de este tipo de materias. Por eso es tremendamente importante que cualquier Constitución, la actual o la que venga, tiene que tener leyes que se hagan cargo de las bajadas de las normas constitucionales, de los derechos. Eso es súper potente, porque no basta que esté consagrado en la Constitución, porque se convierte en una ilusión, y aquí lo mejor es el fallo respecto de Quintero-Puchuncaví. Es una ilusión”.

Consultada la Corte Suprema sobre la validez del fallo, considerando la reiteración de los eventos de contaminación, no hubo respuesta.