Radiografía a la Corte Suprema revela predominio masculino y centralista

Hombre, de 63 años, abogado de la Universidad de Chile y proveniente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Este es el perfil promedio que han tenido los miembros de la Corte Suprema desde el retorno a la democracia en 1990, hasta hoy. El Centro de Estudios Públicos (CEP) analizó las características de los 55 miembros del máximo tribunal del país que han sido nombrados durante los últimos 29 años, dejando en claro la predominancia masculina y centralista que ha primado en la elección durante los tres tipos de designaciones que han existido en este periodo.

Desde la presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994) hasta enero de 1998, mes de transición al sistema actual, los supremos salían desde una quina nominada por la Corte Suprema, de la cual el Presidente de la República escogía un nombre para el puesto. Desde febrero de 1998 hasta la fecha, los miembros del tribunal aumentaron de 17 a 21 y la definición del jefe de Estado, siempre a partir de una lista de nominados por el Poder Judicial, debe ser ratificada por dos tercios del Senado. Además, del total de ministros, cinco deben ser externos a la judicatura.

El 2001 fue histórico para el Poder Judicial. Ese año, María Antonieta Morales se convirtió en la primera mujer en obtener un asiento en la Corte Suprema. Como ella, solo otras nueve mujeres han ocupado este cargo, es decir, un 18% del total, versus los 45 hombres favorecidos. Esta situación ha ido cambiando progresivamente con el paso de los años, pese a que se mantiene la prevalencia masculina. Entre 1990 y 1997 la ausencia de mujeres era absoluta, incluso en las nominaciones. Esta tendencia comenzó a revertirse durante la Presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006), quien nombró a la primera mujer en el puesto. Aunque fue en el periodo de Michelle Bachelet, iniciado en 2006, en que la mujer dejó de ser una excepción. De los 13 nombramientos, cinco fueron femeninos. Durante sus dos periodos, el Presidente Sebastián Piñera ha incluido, hasta ahora, a cuatro juezas al máximo tribunal.

Junto a Morales, alcanzaron la investidura Margarita Herreros, Gabriela Pérez, Sonia Araneda, Rosa Maggi, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Ángela Vivanco. Sin embargo, ninguna ha logrado presidir la Corte Suprema.

El estudio concluye que esta realidad "ha sido una práctica masculina. Absolutamente hasta 1997, algo menos desde entonces. Es masculina desde todo punto de vista".

En la actualidad, el 30% de los ministros de la Suprema son mujeres. Sin embargo, este número crece en las instancias inferiores del Poder Judicial, hasta el punto que en los tribunales de primera instancia el 60,4% de sus miembros son juezas. En tanto, en la Corte de Apelaciones son el 40,3%.

"El número de mujeres en la Corte Suprema todavía es insuficiente, no es representativo de una sociedad como la nuestra, en que la mujer está integrada en todos los planos", indicó el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, quien tras reconocer esta realidad, se mostró optimista hacia el futuro al considerar que se trata de "una situación que tiende al cambio, claramente, y esas cifras, no soy capaz de decir en qué plazo, creo que se van a ver alteradas. No hay ninguna razón sustantiva de algún valor para que no haya más mujeres presentes en la Corte Suprema".

Sobre qué genera esta situación, Brito dijo que se trata de "una responsabilidad compartida" entre todos los poderes del Estado intervinientes en el proceso.

Para el subdirector del CEP, Lucas Sierra, creador del documento junto al investigador Andrés Hernando, los resultados del estudio refuerzan la necesidad de una nueva reforma a la magistratura, tal como lo expuso en 2018 la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia, de la que él fue parte. "El informe de esa mesa propone la creación de un órgano especialmente dedicado a nombrar jueces", señaló, al considerar que desde hace mucho tiempo "existe conciencia de la necesidad de mejorar el mecanismo por el cual se seleccionan los jueces en Chile"

Otro detalle es que Santiago es Chile, como dice el eslogan de quienes critican el centralismo del país. La procedencia de los miembros de la Corte Suprema puede ser otro argumento válido a utilizar por estas personas, dado que el 80,9% de los supremos dio el salto desde las cortes de la Región Metropolitana. De los 42 magistrados internos que se han designado desde el retorno a la democracia, 30 estaban en el tribunal de alzada de Santiago y cuatro en el de San Miguel. En tanto, solo ocho puesto han sido ocupados por miembros de las cortes de regiones.

Para Brito, "no hay ninguna razón objetiva para descartar a los ministros de las cortes regionales, porque las competencias de todas las cortes son exactamente las mismas. Son cuestiones absolutamente circunstanciales las que llevan a que no estén llegando en los últimos años ministros de provincia, pero ciertamente ha habido. Pero las cifras dan cuenta de una excepción".

De acuerdo con el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, ambas cortes metropolitanas "son muy grandes, con mucho trabajo, y ponen a prueba la capacidad de los jueces. Muchas veces es un aspecto que se toma en consideración para los efectos de la selección para las respectivas ternas y quinas".

El abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, cree que ante esta situación hace falta "componer la Corte Suprema bajo una perspectiva regional. ¿Por qué tienen que vivir en Santiago todos los miembros de la Corte Suprema? A lo mejor podría ubicarse en otra ciudad, como ocurre en muchos países, por ejemplo en Bolivia, sin ir más lejos. O, incluso, podría tener miembros o salas en ciudades distintas".

La Universidad de Chile es la casa de estudio predominante en la formación de los ministros de la Corte Suprema. De los 55 nombramientos, 37 recayeron en abogados formados allí, seguidos por la Universidad de Concepción, con nueve jueces.

Incluso, la ampliación a otras dos universidades, la Universidad Católica (PUC) y la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), recién ocurre a partir del nuevo procedimiento de designación, en 1998. Desde esta fecha en adelante se han sumado siete miembros titulados en la PUC y dos de la PUCV.

Los años de los ministros fue otro parámetro analizado por el CEP. Según se determinó, la edad promedio de las autoridades nombradas es 63,4 años, siendo el tramo entre 61 y 65 años el que ha prevalecido, con 23 personas. Le siguen aquellos ministros nombrados cuando tenían entre 66 y 70 años, y luego aquellos entre 56 y 60 años. Las edades más bajas han sido casi excepcionales: mientras han jurado tres jueces menores de 56 años, aquellos mayores de 70 y más cercanos a los 75 años -edad límite para permanecer en el Poder Judicial- han sido solo dos.

El estudio destaca, además, la diferencia de edad entre los ministros internos y externos, siendo más bajo el promedio de años de estos últimos. En el caso de aquellos jueces con carrera en el Poder Judicial, el promedio es 63,5 años, mientras para aquellos ajenos es de 62,1 años.