Redes Asistenciales determina que los servicios de salud deben hacerse parte de las querellas cuando sus funcionarios sean agredidos

El 13 de diciembre de 2019 entró en vigencia la Ley Consultorio Seguro, la cual aumenta las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

La normativa endurece las sanciones contra quienes agredan a trabajadores que presten servicios en establecimientos educacionales y de servicios de salud, según la gravedad de las lesiones ocasionadas.

Este martes - más de dos años después de la vigencia de la ley- la Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió una resolución para recordar que cada vez que un funcionario de salud pase por un hecho de violencia, la institución a la que pertenece debe hacerse parte de la querella.

Es decir, los trabajadores de los establecimientos de salud, públicos o privados, que desempeñen tanto labores clínicas, técnicas o administrativas, que sean objeto de atentados a su integridad física o psicológica u objeto de malos tratos por parte de pacientes, usuarios o cualquier persona ajena al establecimiento, podrán exigir, mediante una solicitud escrita dirigida a la autoridad del establecimiento, que dicho prestador les proporcione los mecanismos de defensa jurídica.

Frente a este escenario, el subsecretario (s) de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, señala a La Tercera que “como Ministerio de Salud rechazamos y condenamos enérgicamente todos los hechos de violencia ocurridos el último tiempo en distintos centros de Atención Primaria y establecimientos hospitalarios del país”.

Según los datos del Ministerio de Salud, durante el 2019 -mismo año en que entró en vigencia la ley - se registraron 1.274 agresiones contra el personal médico. Y durante 2020, los hechos de violencia ascendieron a 1.310 y ocurrieron en la crisis sanitaria.

“Desde el primer día de la pandemia y siempre, el personal de salud ha estado comprometido con entregar la mejor y más oportuna atención de salud a todos los habitantes de nuestro país que lo requieran, sin ningún tipo de discriminación”, sostiene Duhalde.

Por está razón, el subsecretario (s) añade que “atendiendo a las facultades que nos entrega la Ley Consultorio Seguro del año 2019, buscaremos hacernos parte de todas y cada una de las querellas que se presenten cuando un funcionario o funcionaria vea amenazada su integridad física o sufra alguna situación de violencia, al interior de los establecimientos de la Red Asistencial”.

En el caso que el daño producto de la agresión sea grave, el atacante arriesga una sanción de presidio mayor en su grado medio que va desde los 10 años y un día a los 15 años. Si el funcionario presenta alguna enfermedad o incapacidad –licencia médica- por más de 30 días, arriesga presidio medio a máximo que va de 541 días a cinco años.

En el caso que las lesiones sean leves o el trabajador no presenta daños, el atacante deberá pagar una multa que varía entre las 11 y las 20 UTM o prestar servicio a la comunidad.